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La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público pidió al Congreso que archive el proyecto de ley que plantea restringir los alcances de los delitos de lesa humanidad para archivar casos previos al 2002, porque advierten que podría afectar casos emblemáticos y generar impunidad, además de calificar la iniciativa como “inconstitucional”.
En un comunicado publicado este jueves donde se comparte la postura institucional, el Ministerio Público llama a la “reflexión y análisis” para que la iniciativa sea archivada por “constituirse en una ley inconstitucional”.
Se refieren al proyecto de ley impulsado por bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Honor y Democracia así como APP que fue aprobado en primera votación por el pleno del Congreso y que está pendiente de una segunda votación antes de ser enviado al Ejecutivo para su promulgación.
Con esta norma, el Parlamento asegura que como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue aprobado recién el 1 de julio 2002; y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad el 9 de noviembre de 2003, respectivamente, los delitos cometidos antes de esas fechas “prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional”, eliminando así la característica de imprescriptibilidad que adquieren debido a la legislación internacional.
Los fiscales supremos califican este dictamen como “inviable jurídicamente” porque todos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, por lo que finalmente generaría “impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares”.
“Resulta evidentemente inconstitucional al ser incompatible con la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos y los estándares de derecho internacional”, precisan.
Recuerdan que la jurisprudencia restringe la aplicación de amnistías, prescripciones o exclusiones de responsabilidad penal porque los países que suscriben estos acuerdos internacionales tienen la obligación de investigar graves violaciones de derechos humanos.
“De aplicarse dicha norma, una de las consecuencias jurídicas sería que un número importante de investigaciones y procesos judiciales tendrían que ser archivados o concluidos, declarándose la prescripción de la acción penal en aproximadamente 600 casos”, advierten.
Entre ellos mencionan casos emblemáticos como El Frontón, Huanta, Barrios Altos y el Santa, Cantuta-Pativilca, Madre Mía, Putis, Mamérita Mestanza, Castro Castro y Accomarca, además de el riesgo de afectar directamente otros juicios ya sentenciados.
El Ministerio Público precisa que esto afectaría a más de 550 víctimas y un número considerable de familiares, así como a la sociedad en conjunto que tiene derecho a “conocer la verdad”.
Todo esto se basa en el informe que envió la coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, Raquel Cárdenas. Este incluye entre sus conclusiones que el dictamen del Congreso sería “sumamente grave para preservar el derecho a la verdad y acceso a la justicia”, por lo que pidió que se emita el pronunciamiento institucional de rechazo.
