Los jueces supremos César San Martín y Elvia Barrios rechazaron ante la Comisión de Justicia del Congreso de la República, haber tenido conocimiento de supuestas presiones al presidente del Poder Judicial (PJ) Javier Arévalo, por parte de tres integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Además, negaron también haber sido presionados por estos últimos.
Los magistrados, quienes también han desempeñado el cargo de presidentes del Poder Judicial, fueron citados como testigos en el marco de la investigación que se les sigue a los siete miembros de la JNJ por emitir un pronunciamiento institucional rechazando la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos por parte el Parlamento.
Los involucrados son Imelda Tumialán (presidenta de la JNJ), Aldo Vásquez (vicepresidente de la JNJ), Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry.
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A la sesión también había sido citada la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; sin embargo, esta se excusó de asistir explicando que para la misma fecha ya tenía prevista la citación ante otra comisión congresal para sustentar el presupuesto del Ministerio Público para el 2024.
“Al respecto, hacemos de su conocimiento que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República ha invitado a la señora fiscal de la Nación, como titular de la entidad, a exponer y sustentar el presupuesto asignado al Ministerio Público para el Año Fiscal 2024, en la sesión programada en la misma fecha y hora, por lo que agradeceremos excusar su asistencia”, indicó la secretaría general de la FN a través de un oficio.
Presidente del PJ nunca denunció presiones
Durante su presentación ante la comisión congresal, el juez supremo César San Martín, aseguró que el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, nunca señaló ante la Sala Plena de la Corte Suprema, haber recibido llamadas por parte de integrantes de la JNJ.
“El presidente del Poder Judicial no nos dijo a los miembros de la Corte Suprema, en Sala Plena, que había recibido llamadas o presiones directas o indirectas de tres miembros o más de la Junta Nacional de Justicia”, afirmó.
Personalmente, agregó, tampoco le expresó nunca, en esa oportunidad u otra, la supuesta injerencia. Sobre todo, remarcó, cuando la Sala Plena solicitada para tratar la posibilidad de un comunicado a favor de la institucionalidad jurisdiccional, se llevó en dos fechas.
De la misma forma, rechazó haber solicitado bajo presión, junto a otros siete jueces, que la Sala Plena se reúna para emitir un comunicado tras la inhabilitación de Ávalos Rivera.
“Fue planteada por el número necesario de jueces supremos, en el marco del artículo 79, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tal pedido se hizo mediante el correspondiente oficio, dirigido; como corresponde, al presidente del Poder Judicial. Y, firmado por ocho, no tres, ocho jueces supremos.”
César San Martín, juez supremo
En esa línea, expresó San Martín Castro, cuando el número reglamentario de jueces pide convocar a la Sala Plena, es “obligatorio” que esta se programe y se lleve a cabo. “Eso es ley”, remató.
Finalmente, recordó, la Sala Plena acordó por mayoría que no se emitiera comunicado sobre el tema; y así se hizo.
“Le pregunté y él me refirió que no era cierto”
A su turno, la magistrada suprema Elvia Barrios también dijo ante la Comisión de Justicia que no tuvo conocimiento de que el juez supremo Javier Arévalo haya sido pasible de presiones. Por el contrario, afirmó que el mismo titular del PJ, le dijo personalmente que eso no era cierto.
“Me encontraba con él en la ciudad de Trujillo, viendo unos temas de flagrancia; y justamente a raíz de la publicación solo le pregunté al presidente si él había sido pasible de una presión. Le dije, mira lo que ha salido en el periódico ¿esto es cierto?; y él me refirió que no, que no era cierto y que en ese sentido iba a declarar a los medios de comunicación.”
Elvia Barrios, juez suprema
Al igual que San Martín, la expresidenta del PJ también remarcó que una Sala Plena de la Corte Suprema se realiza conforme a ley. Y, que en el caso de Zoraida Ávalos o para cualquier otro caso, existe un procedimiento legal para convocarla, ya que los jueces supremos “no son pasibles de presión alguna”.
Por ello, aseguró que el Poder Judicial siempre ha emitido pronunciamientos en situaciones que han considerado importantes para la vida democrática del país, y al ser un poder del Estado, respetan el sistema de pesos y contrapesos.
La jueza suprema recordó, por ejemplo, algunos casos como un conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional o cuando un fiscal trataba de presionarlos a través de medios de comunicación, hubo un pronunciamiento de la Sala Plena. Lo mismo, cuando la Junta Nacional de Justicia no cumplía con una sentencia de la Corte IDH respecto a la ratificación de juezas y jueces; se emitió otro pronunciamiento durante el gobierno del vacado expresidente Pedro Castillo, solicitando que realice un Consejo de Estado.
Y, este año, en enero del 2023, tras el quiebre constitucional, hubo otro pronunciamiento exhortando al orden constitucional.
Por ello, indicó que la Sala Plena de la Corte Suprema, no era una “sala inerte”; sino una “sala activa” que emite pronunciamientos cuando lo considera necesario.
“Siempre (la) hemos solicitado históricamente cuando hemos sentido que eso puede tener impacto dentro de lo que significa independencia judicial, hemos solicitado Salas Plenas. En la historia de la Corte Suprema todos los años tenemos Salas Plenas. Eso es tradicional”, señaló la expresidenta del PJ.
