La fiscalía acusa a Toledo de recibir de Odebrecht un soborno de más de US$ 30 millones a cambio de favorecerla en licitaciones. (Foto: Piero Vargas / Archivo)
La fiscalía acusa a Toledo de recibir de Odebrecht un soborno de más de US$ 30 millones a cambio de favorecerla en licitaciones. (Foto: Piero Vargas / Archivo)
/ Piero VArgas
Redacción EC

El juez Thomas S. Hixon, de la Corte del Distrito Norte de California de Estados Unidos (EE.UU.), ordenó al expresidente que se entregue este viernes 7 de abril a las 9 a.m. para que sea recluido en una cárcel hasta su extradición.

El magistrado también revocó la fianza del exmandatario y le devolvió la custodia al Cuerpo de Alguaciles de EE.UU. (United States Marshals Service).

Ese órgano de la policía norteamericana entregará al exmandatario a las autoridades peruanas que deberán viajar a EE.UU. explicó la procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, , horas antes de que se conociera la decisión del juez.

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En la resolución, a la que accedió El Comercio, Thomas S. Hixon garantiza que Toledo será recluido en una cárcel adecuada, donde permanecerá hasta que sea entregado a las autoridades peruanas.

El magistrado había dejado pendiente en marzo pasado su pronunciamiento a la espera de la resolución de la apelación planteada por Toledo en el Noveno Circuito de la Corte de EE.UU..

Día clave en el proceso de extradición

Este miércoles, horas antes de la decisión del juez Thomas S. Hixon, el Gobierno de EE.UU. presentó un nuevo requerimiento de detención contra Toledo.

El pedido se hizo luego de que el Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito de la Corte de EE.UU. rechazara un recurso impugnatorio del expresidente para suspender la ejecución de su extradición hacia el Perú.

El documento fue presentado ante la Corte del Distrito Norte de California, que tiene a su cargo el proceso de extradición.

Toledo es requerido por la justicia peruana para que afronte una acusación por lavado de activos y colusión.

La fiscalía solicitó 20 años y seis meses de cárcel para el exmandatario por haber recibido una presunta coima de US$ 35 millones de empresas brasileñas, entre ellas Odebrecht, a cambio de beneficiarlas con la licitación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.