Once normas permitieron obras de Odebrecht y otras firmas

Las empresas brasileñas involucradas en el Caso Lava Jato tuvieron un marco legal de respaldo para adjudicarse proyectos en el Perú. La Contraloría General de la República detectó 11 normas, emitidas entre el 2004 y el 2014, que viabilizaron las obras de las constructoras ahora investigadas.

Una de esas normas incluso limitó la capacidad de la contraloría en el proceso de emisión de opinión previa sobre las obras. Fue a través del Decreto de Urgencia 047-2008, dado el 18 de diciembre del 2008, que consideró “disposiciones extraordinarias” en el contexto de la “crisis financiera internacional” de entonces.

El decreto se aplicó, por ejemplo, en los casos de la carretera IIRSA Centro y el Proyecto Especial Chavimochic, ejecutados por Odebrecht. “Se estableció que la viabilidad de los proyectos podía ser otorgada con estudios a nivel de prefactibilidad”, indica el informe de la contraloría remitido a la Comisión Lava Jato del Congreso.

En el 2008 también se promulgó la Ley 29207, que declaró de necesidad pública y de interés nacional la construcción de la ferrovía transcontinental Brasil-Perú. “Acá se estableció un régimen de especialidad y exclusividad, por el cual las disposiciones de la ley prevalecen sobre cualquier norma”, apunta la institución que preside Edgar Alarcón.

A finales del 2008 también se publicó la Ley 29309, la cual estableció que era una necesidad pública la continuación de la ejecución de los tramos 2 (por Graña y Montero, JJC Contratistas Generales, Constructora Norberto Odebrecht Sucursal Perú e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales), 3 (Norberto Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales) y 4 (Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao Sucursal Perú) de la Interoceánica Sur.

“Se dispuso la ejecución de las obras adicionales que no hubieran sido cubiertas por el 100% de los pagos anuales por obras establecidos en los contratos”, especifica la contraloría. La Interoceánica Sur alcanzó aproximadamente US$643 millones en adicionales.

—La ley madre—
En el 2006, se dio la denominada ley Odebrecht. Se trata de la Ley 28670, presentada por el ex congresista de Perú Posible Gilberto Díaz y aprobada con inusual rapidez en la Comisión Permanente durante el receso del Congreso, el 26 de enero del mismo año.

La norma suscrita por el entonces mandatario Alejandro Toledo declaró de necesidad pública la construcción de los tramos 1 (Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales), 2 y 3 de la IIRSA Sur. En la audiencia del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en la que se dictó prisión preventiva contra el ex jefe del Estado, el juez Richard Concepción refirió que, gracias a esa medida, el consorcio integrado por Odebrecht y la compañía peruana Graña y Montero pudo obtener la buena pro, pese a que la contraloría había advertido que ninguna de las dos constructoras mencionadas podía contratar con el Estado, debido a que ambas tenían procesos judiciales pendientes.

“El Estado varió las re­glas de juego en beneficio de Odebrecht. Hubo una ley con nombre propio y cuyo fin fue subsanar de­fectos legales del proceso en el que se otorgó la concesión”, enfatizó Concepción.

En diálogo con El Comercio, Díaz negó que su proyecto de ley haya tenido como finalidad favorecer a Odebrecht. Explicó que su intención fue impulsar el proyecto Majes Siguas II, pues beneficia directamente a la región Arequipa, por la que él fue electo.

—Colofón—
En el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) también se emitió una medida que sirvió a los intereses de Odebrecht. Se trata de la Ley 30281, que garantizó, entre otros, el gasoducto sur peruano (GSP).

“Se ratificó la plena validez de las acciones, actos y procedimientos realizados y aquellos que resulten necesarios para garantizar la ejecución del proyecto”, dice el reporte de la contraloría.

El gasoducto sur peruano es la obra de mayor envergadura de Odebrecht en el Perú, pues demandó una inversión de US$7.329 millones. En esa ocasión, formó un consorcio con la firma española Enagás, al que después se sumó Graña y Montero.
A la fecha, la contraloría ha detectado un presunto perjuicio económico de US$136 millones para el Estado Peruano.

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Confesión de Barata guarda relación con agendas de Nadine Heredia ►https://t.co/XR0AX9j1d0 (Por @gvillasis y @karlaramirez30) pic.twitter.com/yqP42DhwGa— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 26 de febrero de 2017