El presidente de Perú Sostenible, Óscar Caipo, advirtió que el Estado “está perdiendo control del territorio” frente a la minería ilegal. Puso como ejemplo la Amazonía, pero también la provincia de Pataz, en La Libertad. Además, sostuvo que otro mal que aqueja al país es el poco control sobre el déficit fiscal. “El Ministerio de Economía y Finanzas tenía más peso en el pasado”, remarcó.
-¿Cómo interpreta la censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por parte del Congreso?
Es difícil de entender las verdaderas razones que puedan haber detrás de una decisión tan importante y tan crítica en este momento, que se tiene que definir la nueva Ley MAPE y el Reinfo. Creo que con el transcurso de los días iremos conocimiento que es lo que estuvo detrás, pero lo que sí no puede pasar es dejar de hacerlo. Hay mucho en juego, hay dos temas que están en la agenda nacional que creemos que tienen que darse antes del final de esta legislatura. Uno tiene que ver con la minería ilegal, hay que ponerle un freno a la minería ilegal, hay que separar la minería informal y la artesanal de la minería ilegal y criminal. Lo que estamos viendo es un avance significativo de las economías ilegales, encabezado por la minería ilegal, que están teniendo influencia en la política.
Esto nos lleva al segundo tema, que es el de financiamiento de los partidos políticos. Este es otro tema crítico que se tiene que ver en esta legislatura de cara a las elecciones de 2026, que son generales, ahora también con un senado, y las elecciones subnacionales en octubre de ese año.
-¿El Congreso ha pateado el tablero sobre el debate de la nueva Ley MAPE? (Este viernes el pleno aprobó la ampliación del Reinfo por seis meses).
Eso sería realmente terrible, le haría un gran daño al país y generaría un gran riesgo y es que sigan avanzando las economías ilegales y que como mencioné puedan tener aún mayor presencia, es claro y evidente que ya tienen influencia en la política, inclusive en el Congreso. Por los votos los conoceremos, sería bueno que lo puedan reevaluar, porque aquí no está en juego solo el sector minero, algunos trabajadores que requieren de un apoyo para transitar a la formalidad y poder seguir operando con un compromiso claro de hacerlo en plazo razonable, aquí está en juego el país. Si nosotros no frenamos, no ponemos coto y no paramos a la minería ilegal, la verdad es que nos vamos a lamentar a partir de 2026, porque nos podemos convertir en un Estado manejado por ilegales. Y todo lo que hemos construido en estos años, que en cierta medida lo venimos perdiendo, esto sería la estocada final.
-¿El Ejecutivo debe insistir con su proyecto de Ley MAPE? ¿Tiene la fortaleza para forzar que se debata el fin del Reinfo?
Es una propuesta y como toda propuesta es susceptible de análisis, de debate, lo que sí debe suceder es que entre el Ejecutivo y el Congreso sigan intensamente revisando las distintas opciones para poder tener una ley efectiva, un marco legal regulatorio que permita que quienes realmente quieren formalizarse puedan seguirlo haciendo. Pero quienes están operando con impunidad en la ilegalidad dejen de hacerlo.
Esto ha avanzado demasiado, inclusive estamos perdiendo control del territorio. Lo que está pasando en la Amazonía es una prueba de ello, prácticamente no hay presencia del Estado…
-Y lo que ha sucedido en la minera Poderosa, en Pataz (La Libertad) …
Justamente, iba a agregar lo de Pataz, ya no es en la Amazonía, que tiene un territorio complejo y amplío, ya es el norte del Perú, en La Libertad, en Pataz hemos perdido el control del territorio, tenemos a una minera que básicamente no puede controlar cierta parte de su concesión que ha sido tomada por mineros ilegales criminales que a punta de armamento pesado y dinamita ha entrado a su propiedad y ha tomado control de sus minas y está sacando ese oro manchado de sangre vía controles policiales y los mete en cadenas que “formalizan y legalizan” para luego ser exportado. Esto tiene que parar.
-De acuerdo con una reciente encuesta de Datum, el 82% de peruanos sostiene que la influencia de industrias ilegales, entre ellas la minería ilegal, en los políticos es elevada. ¿Le preocupa esta situación de cara a las elecciones 2026?
Sin duda, es de lo que estamos hablando, creemos que ese es el principal riesgo que tenemos como país. En el 2026 debemos tener mejores candidatos y a una población más preparada para analizar a los posibles postulantes. Pero también debemos tener filtros de idoneidad, tener mecanismos de financiamiento de campañas que permitan que el sector privado también financie y que les cierre las puertas a las economías. De esa manera, podemos tener un gobierno nacional, un Congreso con senado y autoridades regionales y municipales que quieran realmente trabajar para atender las principales demandas que tiene el país y no para cometer corrupción ni beneficiarse ellos mismos o que defiendan intereses como la minería ilegal.
-La Comisión de Constitución aprobó la restitución del financiamiento privado por parte de personas jurídicas a los partidos políticos. La iniciativa incluye la figura de aportes confidenciales. ¿Está de acuerdo?
Son opciones que se han venido dando, hay que ser conscientes, en primer lugar, que se requiere discutir este tema. La política requiere financiamiento y tenemos que preocuparnos y ocuparnos mucho de que este financiamiento sea legal, formal y cerrarle las puertas a la informalidad. Yo creo, a título personal, que debe ser transparente. Pero se ha generado mucho temor en el sector empresarial, porque cada vez que donan a campañas [políticas] luego son llamados por la fiscalía o aparecen en los medios que tal o cual aportó. Y no se ve como natural que el sector privado, que es un actor social y económico relevante del país, no pueda tener una opinión sobre cuáles son sus preferencias políticas. Obviamente, hay que tener controles.
-Pero este aporte debe ser transparente…
Claro, si es transparente hay menos cuestionamientos respecto a que si después tiene que participar de alguna licitación o si tiene una relación con el Estado, eso no tenga nada que ver con lo anterior. Cuando no es transparente es donde se empieza a generar los problemas.
(Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)
-¿Qué debe hacer el gobierno con Petroperú? ¿Privatizarlo, cerrarlo o…?
En primer lugar, poner a un directorio que tenga la capacidad, la especialización y la idoneidad para poder manejar un problema tan grave como ese. Petroperú es una papa caliente que no solamente le debe importar al gobierno, sino a todos los peruanos. Lo que pase con Petroperú va a tener un impacto que puede ser duradero para el país. Difícilmente, va a quebrar. Sin embargo, le está generando un daño muy grande al país, porque está consumiendo recursos que podrían ser utilizados en otros sectores claves y prioritarios, como salud y educación.
Y, por otro lado, se están dando señales muy malas de lo que son nombramiento que no siguen la meritocracia que se requiere para manejar empresas públicas, como lo hacemos en el sector privado. Y se está dando una pésima señal al mercado financiero internacional y cuando estamos a un peldaño de dejar el grado de inversión. No se están tomando las decisiones que se tienen que tomar para darle la viabilidad financiera a Petroperú hacia el futuro.
-El ministro del Interior, recientemente, dijo que las denuncias por extorsión habían bajado durante el estado de emergencia, pero los datos de SIDPOL, de la Policía Nacional, demuestran lo contrario. En setiembre, en Lima Metropolitana se registraron 649 denuncias por ese delito y en octubre llegaron a 796. ¿El estado de emergencia ha fracasado?
En general, la política para combatir la inseguridad no está dando los pasos que debería. Obviamente, este es un problema que se ha venido acumulando en los últimos años, no es de los últimos meses. Pero el gobierno no parece estar tomando esto con la seriedad y la voluntad políticas requerida. Volvamos a la discusión de la minería ilegal, hay una relación muy clara entre las actividades ilegales y el crimen organizado y el gobierno no los está combatiendo, es más les están dando oxígeno, está dejando que se alimente, que tenga los flujos financieros que lo fortalecen. No implementa acciones concretas.
Por ejemplo, hoy existe la tecnología para efectivamente bloquear los celulares en las cárceles y eso no está sucediendo. ¿Por qué?
-A inicios de este año, la presidenta destituyó y envió al retiro al director de la Policía por las altas cifras de inseguridad. ¿Bajo este criterio, el ministro del Interior debe continuar o no en el cargo?
Mira, más allá de cambio, porque el problema que tenemos es que esa es la cartera donde más cambios hemos tenido. Lo que necesitamos es tener políticas efectivas y acciones concretas, porque pasan las personas y lo que necesitamos es la decisión política y esta la tienen la presidenta y el primer ministro. Son ellos los que deben dar la directiva sobre qué tiene que hacer el ministro del sector, hasta dónde debe llegar, para tener acciones concretas que comiencen a dar resultados. Lo único que vemos en las noticias es que sigue lanzando bombas, poniendo granadas y amenazas en toda la ciudad, eso sucede en todo el país, pero en Lima ha llegado a niveles que no habíamos visto antes.
Y tenemos que empezar a actuar rápido, porque si esto lo juntamos con el avance de la minería ilegal y con lo que puede pasar en las elecciones generales y subnacionales, realmente significan un gran riesgo para país. El 2026 podría ser el comienzo de perder el control del país a favor de economías ilegales y criminales y eso no lo podemos permitir.
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-El 7 de diciembre, el gobierno de Dina Boluarte cumplirá dos años. En ese tiempo, la pobreza aumentó, dejó pasar leyes polémicas del Congreso, con la de crimen organizado, y el sicariato y la extorsión se desbordaron. También se realizó el Foro APEC. ¿Cuál es el balance que usted hace de esta administración? ¿Qué nota le pone?
Es difícil hacer una evaluación numérica, pero como en todo gobierno hay cosas buenas y hay cosas malas. Y hay que destacar también las buenas. La actitud frente al sector privado en términos generales ha sido positiva a diferencia del gobierno del expresidente Pedro Castillo, que se la pasó cuestionando, polarizando con amenazas de nacionalización. Hubo mucho incentivo para manifestaciones, bloqueos de carreteras y no había un principio de orden. Es positivo que se haya generado confianza y que se haya destrabado proyectos. Mucho, por ejemplo, ha hecho un trabajo para destrabar Tía María y APEC ha sido importante traerlo [a Lima].
-¿Y en la otra parte?
En la parte negativa los nombramientos en Petroperú, el no poder controlar la inseguridad, el no abordar el tema de la minería ilegal de una manera efectiva. Estos son temas que nos tienen preocupados. Y yo sumaría uno más, la responsabilidad fiscal. Tenemos que empezar a controlar el déficit, porque vamos a empezar a dar una señal en un momento en que las agencias de calificación crediticia nos podrían en algún momento bajar el grado de inversión y eso sería un problema para todo el país.
-El déficit fiscal de este año puede cerrar en 4% del PBI, el más alto desde 1992, excluyendo la pandemia. Un estudio de Apoyo Consultoría señala que, en los últimos tres años, el Congreso ha aprobado normas que incrementan el gasto público en más de S/100.000 millones. ¿El Parlamento ha sido irresponsable?
Sí, porque se ha perdido esa claridad que teníamos en décadas anterior de la importancia de cuidar la estabilidad y la solidez macroeconómica. En eso somos reconocidos como los top en el mundo, los primeros en los rankings desde el punto de vista de solidez macroeconómica. Eso todavía no se ha perdido, tenemos ahora niveles de reserva con US$80.000 millones, la menor deuda como porcentaje del PBI de la región, la moneda más estable del mundo con inflaciones muy bajas cercanas al 2%. Entonces, todo eso debemos seguir cuidándolo. El trabajo del BCR y lo que venía haciendo el MEF antes de los últimos ministros era importantísimo, no podemos perder eso. El MEF tenía más peso en el pasado.
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-¿El ministro Arista ha renunciado a darle la batalla al Congreso?
Aparentemente, sí, y seguramente por esa estabilidad política. Pero necesitamos también que en el Congreso entiendan y asuman la responsabilidad de conducir al país. No podemos perder esa estabilidad que nos va a servir para volver a construir un ciclo de 20 o 30 años, cuando se viene la gran transición energética y nosotros tenemos los minerales y cuando el puerto de Chancay entra en operación y podemos llegar con productos y ser un puente para que salga toda la región hacia el Asia.
[…] No podemos ver necesidades de corto plazo o pensar que como hemos tenido estabilidad macroeconómica en los últimos 25 años, entonces eso va ser siempre así. Tenemos que cuidarlo, nutrirlo, porque si no vamos a perder lo más valioso que hemos construir en las últimas tres décadas.
