Pedro Castillo: coalición ciudadana de 120 organizaciones demanda adelanto de elecciones generales y reforma política

Ante la aguda crisis social y política que vive el Perú, unas 120 organizaciones entre redes de activistas, asociaciones religiosas, instituciones de la sociedad civil y grupos de emprendedores formaron la Coalición Ciudadana por la Reconstrucción de la Política y anunciaron un plan de acciones ante esta grave situación, entre ellas demandar el adelanto de elecciones.

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También proponen concertar reformas políticas y electorales indispensables, y acordar una agenda ciudadana - de mediano y largo plazo - con compromisos concretos.

“Esta coalición se ha venido construyendo en estos últimos meses y hemos llegado a este consenso que es este paquete (de acciones) en el que el Congreso asegure un adelanto de elecciones y que haya un paquete de reformas políticas indispensables y una agenda ciudadana”, explicó Álvaro Henzler, integrante de la Asociación Civil Transparencia.

Henzler aseveró que, “dados los últimos acontecimientos, que todos conocemos y que dañan gravemente la institución presidencial, la coalición ha tomado la decisión de que la presencia de Pedro Castillo es insostenible y estamos de acuerdo con que su renuncia es la mejor salida constitucional y democrática”.

Por su parte, Jennie Dador, directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo “que esta crisis no solo nos tienen paralizados sino que, además, tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas”.

“Nos está empobreciendo y nos quita fuerzas cada día. Estamos hablando de peruanas y peruanos que tienen nombres y rostros y querían oportunidades para sus hijos, que quizás ellos o ellas no tuvieron”, acotó.

En tanto, Rosa Prieto, directora ejecutiva del Centro de investigación y promoción del campesinado de Piura, aseguró que los miembros de esta coalición llevan meses reflexionando y que han tenido “consensuar puntos de vista y agendas”.

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Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, señaló a El Comercio que “ya están trabajando” en el plan y que, ante los hechos ocurridos recientemente, la continuidad de Pedro Castillo parece “insostenible” y en ese escenario su renuncia sería la salida constitucional más “adecuada”.

Lanegra explicó que “el adelanto de elecciones se enmarca en el establecimiento de la agenda ciudadana y en la concertación de reformas políticas y electorales”.

“Un adelanto nos permitirá aplicar estos cambios”, agregó.

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Esta organización responsabiliza de esta crisis tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. En su manifiesto señalan que les “indignan los graves hechos que han derivado en acusaciones de corrupción y obstrucción a la justicia que pesan sobre el presidente Castillo y su entorno”.

“Diversas acciones y omisiones de su gobierno están desmantelando la capacidad del Estado y de funcionarios calificados para garantizar el bienestar ciudadano. El Congreso es parte responsable de la crisis pues ha aprobado contra reformas para favorecer intereses particulares, impulsa proyectos que afectan derechos fundamentales y no fiscaliza eficazmente”, dice el documento.

Añade que “ambos poderes del Estado están deteriorando servicios indispensables como: educación, salud, seguridad alimentaria, inversión privada y pública, cuidado del ambiente, acceso a la justicia. Además se están minando derechos básicos como la igualdad de género, los derechos de mujeres y pueblos indígenas y la libertad de expresión”.

La agrupación se formó a fines de junio de este año y se considera apartidista y está compuesta por 120 movimientos ciudadanos entre activistas, iglesias y redes de emprendedores.

La coalición anima a organizaciones y ciudadanos a unirse a su causa. Toda la información está en su página web.

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El presidente Pedro Castillo cumple un año en el cargo en medio de una profunda crisis política, a la que se suma la reciente detención de su ex hombre de confianza Bruno Pacheco, quien estuvo prófugo de la justicia por casi cuatro meses.

El jefe de Estado cuenta con cinco investigaciones preliminares fiscales abiertas, cuatro de ellas están relacionadas a actos presuntamente cometidos durante su periodo de gobierno, estas son vistas directamente por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Pacheco reveló al Ministerio Público que el jefe de Estado estuvo involucrado en su fuga. Además, aseguró que hubo pagos ilícitos en los ascensos a generales de la PNP de noviembre del año pasado.

Castillo también acumula más de 10 acusaciones en su contra en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la denuncia por traición a la patria es la que mayor avance registra.

Esta etapa también estuvo marcada por las fricciones con el Legislativo, donde se presentaron dos mociones de vacancia contra el jefe de Estado.