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Vida socialPor Martín Calderón
A cinco meses del golpe de Estado que lo llevó a prisión preventiva, el expresidente Pedro Castillo volvió a renovar su defensa legal. Ya suma al menos 14 abogados que han ejercido su representación mientras continúa recluido en el penal de Barbadillo.
Al último de ellos, José Luis Peña Julca, especialista en materia penal, lo conoció aproximadamente hace un mes y medio, cuando este lo visitó en la cárcel.
Peña le propuso buscar su libertad mediante una figura jurídica denominada excepción de improcedencia de acción. Según relató a El Comercio, vio al exmandatario “abrumado e inconforme con el desempeño de sus abogados”.
Consultado por su perfil profesional, el letrado señaló: “Tengo casi 30 años de ejercicio, generalmente en el campo penal. Me he desenvuelto, digamos, satisfactoriamente. [...] No ha habido nada espectacular en mi vida. Quizás uno que otro caso por ahí”.
Peña es miembro del Colegio de Abogados de Lima.
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El enlace entre él y el expresidente fue el abogado penalista Juan Pablo Arias Retes, quien también estuvo presente en la última audiencia.
ESTA FUE LA AUDIENCIA SOLICITADA POR LA DEFENSA DE CASTILLO:
Arias y Peña están trabajando juntos en la defensa legal del exmandatario, investigado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
Antes asumieron ese rol los abogados Aníbal Torres (ex jefe del Gabinete Ministerial), Víctor Pérez Liendo, Guillermo Olivera, Ronald Atencio, Miguel Pérez Arroyo, María Adriano, Raúl Noblecilla, Ítalo Díaz, Jhans Ventura, Wilfredo Robles, Paulino Loa y Sandro Balvín.
En opinión de Peña, el expresidente “ha tenido más una defensa política” que legal.
“Tuvo abogados que lo pusieron como bandera de lucha y no vieron su aspecto legal y sus derechos como procesado”, añadió.
No obstante, en la audiencia convocada para escuchar sus alegatos sobre la excepción de improcedencia de acción, llamó la atención que se olvidara el nombre del expresidente en varias oportunidades y lo llamara “Pedro José García Terrones”.
Peña justificó así sus lapsus: “Hubo un error porque tengo un cliente que tiene un apellido muy similar. En la exposición a veces surgen esos errores, pero me he dado cuenta que en las redes sociales se preocupan más por el error que por el asunto de fondo”.
Las indecisiones de Castillo
Hasta enero pasado, el abogado Sandro Balvin era citado como defensor legal de Castillo.
Balvin es miembro del Colegio de Abogados de Callao. No obstante, ni su título profesional ni su grado de bachiller aparecen en los registros oficiales de la Sunedu.
El letrado aseguró a El Comercio que se mantiene como representante del exmandatario y que coordina directamente con Peña y Arias, pero no apareció en la audiencia por la excepción de improcedencia de acción y Peña negó que actualmente realice coordinaciones con él.
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Según dijo Balvin, familiares del expresidente lo buscaron para que lo defienda y permanece en esa función. Su objetivo - señaló- es que Castillo enfrente sus procesos penales en libertad.
El abogado nos mostró una foto donde aparece con Yenifer Paredes, hermana de la ex primera dama Lilia Paredes, y los abogados Peña y Arias.
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Los abogados José Luis Peña (izquierda), Sandro Balvin (centro) y Juan Pablo Arias (derecha), junto con Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo. Foto: Sandro Balvin
Sobre su título profesional, aseguró que está “en trámite”.
En la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones para candidatear al Congreso en el 2021, con el partido Frente de la Esperanza, consignó que se graduó en la Universidad Privada Los Ángeles, a la que Sunedu le negó la licencia institucional en el 2016.
Castillo ha tenido otros abogados eventuales. Uno de ellos fue Guillermo Olivera, quien apeló la detención que sufrió el exmandatario el 7 de diciembre pasado por el golpe de Estado, y protagonizó improvisadas ruedas de prensa afuera del penal de Barbadillo.
Otro fue Miguel Pérez Arroyo, exdefensor del expresidente Alberto Fujimori, quien dijo que renunció por “incompatibilidades” en la estrategia de defensa.
Castillo enfrenta dos prisiones preventivas. La primera es por 18 meses, por presunta rebelión y conspiraciones; la segunda, por 36 meses, por supuesta organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
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