Pedro Castillo: ¿Quién es la nueva abogada que acreditó el expresidente ante el Congreso?

Castillo Terrones fue citado para declarar como testigo en la investigación por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por la Municipalidad de Anguía y por el Ministerio de Vivienda. En el mismo escrito solicitaba acceso a todo el expediente que procesa Fiscalización.

“Que en el ejercicio del derecho de defensa reconocido en los artículos 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (…), la Constitución del Perú, nombro como a mi abogada defensora a la letrada Llissett Marjhory Garrido Ortiz Cal. Nro. 69238″, indicó Castillo en un documento alcanzado a la señalada comisión.

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Pero, ¿quién es la nueva abogada del expresidente que encabezó un golpe de Estado en diciembre del 2022?

Llissett Marjhory Garrido Ortiz nació en Chanchamayo (Junín). Se graduó como bachiller y abogada por la Universidad de San Martín de Porres en el 2013, según el registro de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

En el 2012 participó del programa Secigra -experiencia de trabajo práctico en la administración pública para los estudiantes del último año de Derecho- en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Figura como inhabilitada en el CAL

Pese a que Garrido Ortiz se acreditó presencialmente, desde el penal de Bardadillo, como abogada de Castillo Terrones, figura como “no habilitada” para ejercer la profesión, según la revisión de la web de Colegio de Abogados de Lima.

Según el CAL, la Ley del Abogado señala en su artículo 2 que el ejercicio de la profesión está garantizado por la Constitución sin ninguna restricción o impedimento salvo, entre otros, “encontrarse en calidad de inactivo en el Colegio de Abogados de la circunscripción”. Por tanto, la ley exige mantener la condición de miembro activo para ejercer el patrocinio.

Y, según su artículo 26, los abogados están obligados a pagar los derechos, cuotas y demás contribuciones que le corresponda como agremiado para ejercer la profesión.

Pero además, el documento presentado por Castillo acreditando a Garrido Ortiz, tampoco llevaba la firma de la abogada.

Según el artículo 21° de la ley mencionada, para iniciar cualquier acción, contestar, ofrecer medios probatorios, recursos impugnatorios y hacer uso de la defensa ante el “Fuero común, el arbitral, el privativo militar o policial o autoridades administrativas, regionales y municipales” conforme a las normas procesales pertinentes, se requiere firma de abogado, indicando el número de registro del Colegio de Abogados correspondiente, salvo que la ley expresamente señale lo contrario.

“La omisión de este requisito obliga a la autoridad a declarar inadmisible el recurso presentado, otorgando un plazo perentorio de hasta cinco días para subsanar la omisión, bajo sanción de tenerse por no presentado”, se señala.

Fue abogada de Freddy Díaz

Las primeras apariciones públicas de la abogada Llissett Marjhory Garrido Ortiz, fue cuando ejerció la defensa legal del desaforado parlamentario Freddy Díaz Monago, acusado por presunta violación sexual.

La abogada, que en su momento reconoció que participó en la movilizaciones “Ni una menos” y haber patrocinado el caso de Arlette Contreras, defendió a Díaz Monago aseverando que ser un hombre acusado de violación, no lo hace un violador. Y aseguró que luchó “por la igualdad entre hombres y mujeres”.

“Yo no luché por una desigualdad entre hombres y mujeres, para que las mujeres se sobrepongan a los hombres, yo luché por una igualdad, lo cual no se está dando. Que una mujer acuse a un hombre de haberla violado, no significa que el hombre sea un violador. Tenemos padres, hijos, hermanos. Seamos responsables con nuestras palabras, estamos en un Estado constitucional de derecho donde prima la presunción de inocencia”, aseveró.

Candidata al Congreso por PP

En el 2021, Llissett Marjhory Garrido Ortiz fue candidata al Congreso de la República por Podemos Perú (PP) para la región Pasco. Según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la abogada obtuvo 1,012 votos siendo la más votada por PP en esa región, pero no fue suficiente frente a sus contrincantes electorales Pasión Dávila (Perú Libre) y el propio Freddy Díaz (Alianza por el Progreso) que ocuparon las dos curules para dicha región.

En ese momento, entre sus diversas propuestas estuvo la creación de una “Comisión internacional contra la corrupción y la impunidad” auspiciada por la organización de las Naciones Unidas. Dicha comisión, señalaba, también lucharía contra “las organizaciones criminales, que tienen vínculos con políticos, fiscales, jueces y con policías”.

Hoy, la abogada patrocina a Castillo Terrones, quien no solo es acusado por presunta rebelión debido al golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 que encabezó; sino también que es procesado por ser cabecilla de una presunta organización criminal que habría desplegado actos de corrupción durante su gobierno.