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El 61% de peruanos cree que el proceso de regionalización ha sido negativo para su propio departamento, y el 56% opina que lo fue para el país. Esto, según la última encuesta de El Comercio realizada por Ipsos, del 10 al 13 de junio, a una muestra de 1.222 personas.
El 67% de los encuestados desaprueba la gestión de su actual presidente de región, mientras que el 69% no acepta la administración del alcalde provincial. Sobre este punto, cabe señalar que en la zona oriente del país, mientras el 84% rechaza la gestión regional, el 50% aprueba la gestión local.
El amplio rechazo al sistema de regionalización, que comenzó durante la gestión del ex presidente Alejandro Toledo (Perú Posible), está influenciado por los mediatizados casos de irregularidades en gobiernos regionales como Áncash, Tumbes y Cajamarca, los que se perciben como los más corruptos, según el sondeo.
Aunque el politólogo Carlos Meléndez ha señalado que no existen pruebas de que un presidente regional reelecto sea más propenso a la corrupción que el promedio, la iniciativa legislativa, aprobada en la Comisión de Constitución a fines de abril, es apoyada por el 72% de peruanos, tres puntos porcentuales menos que en abril. Aún queda pendiente el debate en el pleno.
El 47% de ciudadanos opina que debe existir la segunda vuelta en las regiones, y el 85% señala que los titulares de región deberían estar obligados a acudir al Congreso cuando este lo requiera. Además, el 49% apoya la eliminación de la revocatoria para presidentes regionales, mientras el 63% rechaza ampliar el mandato de los presidentes de región de 4 a 5 años.
Lo cierto es que sigue en pie el debate por un mejor diseño institucional de la descentralización, pues el proyecto de ley ha encontrado serias críticas, tanto desde el ámbito académico como desde la arena política.
VÍNCULOS CON CÉSAR ÁLVAREZ
Por otra parte, la encuesta recoge la percepción ciudadana sobre las relaciones del encarcelado ex presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, y sus vínculos con algunos de los personajes políticos del país.
El 37% cree que el parlamentario Heriberto Benítez está involucrado en alguno de los delitos que se le imputan a Álvarez. El 21% señala que también el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, tiene alguna responsabilidad en los hechos delictivos.
Según los encuestados, el 35% cree que el presidente Ollanta Humala no participó en el caso, pero que estaba al tanto de los delitos y no hizo nada para evitarlo. El 23% tiene la misma percepción sobre José Peláez Bardales, ex titular del Ministerio Público.
