“La gestión de Susana Villarán de la Puente se contaminó con la entrega de dicho dinero (de OAS), apareciendo posteriormente actos que favorecieron económicamente a la empresa LAMSAC que era la concesionaria y de manera indirecta a la empresa OAS que era la que había presentado la iniciativa privada y era subcontratista para la construcción del Proyecto”. Así lo afirmó el Ministerio Público al señalar que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán y exfuncionarios de su gestión, habrían concertado el favorecimiento a la empresa brasileña OAS a cambio de recibir dinero ilícito para sus campañas electorales.
Según la fiscalía, desde que se iniciaron las investigaciones en el 2020, hasta el 2023, se han incorporado ocho nuevos hechos o actos adicionales a la investigación primigenia sobre presunta corrupción en la licitación del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla (Lamsac), de acuerdo a una resolución judicial obtenida por El Comercio.
Villarán de la Puente es investigada junto Marisa Glave Remy (exregidora), José Miguel Castro Gutiérrez (exgerente municipal), Miguel Enrique Prialé Ugás (exgerente municipal), Diego Martín Ferre Murguia (exgerente de Promoción de Inversión Privada), Augusto Rey Hernández de Agüero (exasesor legal de la Municipalidad de Lima) y otros, por la presunta comisión de los delitos de colusión y colusión agravada, en agravio del Estado.
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“En tal sentido, se tiene que los funcionarios públicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, durante la gestión de la ex alcaldesa Susana María Del Carmen Villarán De La Puente, en concertación con los representantes legales de las personas jurídicas investigadas Lima Expresa SAC y Construtora OAS, valiéndose de su condición de empresas formalmente constituidas a nivel nacional, y reconocidas en el rubro comercial, realizaron una serie de modificaciones sustanciales al contrato de concesión primigenio, desplegando acciones de facilitación, favorecimiento o encubrimiento del hecho punible, mediante la presentación de documentos oficiales a nombre de sus representadas que contenían cláusulas ilegalmente concertadas con los funcionarios públicos”
Ministerio Público
Los argumentos fiscales, que han dado pie a la necesidad de practicar más diligencias y concluir las que estaban en curso, han sido atendidos por el Poder Judicial que, a través del juez Jorge Chávez Tamariz, ordenó ampliar por 36 meses la investigación seguida contra la exalcaldesa de Lima, otras 29 personas naturales y cinco personas jurídicas.
Actualmente, Villarán de la Puente afronta la investigación bajo comparecencia con restricciones y reglas de conducta.
Dinero por modificaciones en contrato
Según la fiscalía, a los pocos meses de haber iniciado su gestión en enero del 2011, Susana Villarán de la Puente encomendó al gerente municipal Miguel Prialé Ugás y al gerente de Promoción de la Inversión Privada Diego Martín Ferré Murguía, revisar el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla. Al no poder llegar a un acuerdo de resolución de contrato decidieron, previa información a Villarán, suscribir el Acta de Acuerdo de fecha 20 de mayo del 2011, entre los representantes de OAS y Línea Amarilla SAC, representados por Valfredo de Assis Ribeiro Filho y André Giavina Bianchi, respectivamente.
Los cambios al contrato de concesión se realizaron antes de los tres años que establecía la ley y sin contar con sustento técnico, económico y financiero; por lo que la MML asumió compromisos que generaron riesgos a la entidad, no siendo estos “simples acuerdos”; sino que generaron “obligaciones”.
Por ejemplo, el cambio de la denominación del proyecto a “Vía Parque Rímac sin amparo en el contrato”. Todo ello, agrega la fiscalía, con la intervención de Miguel Prialé Ugás, en ese entonces gerente municipal, lo que “demostraría el interés de la alta dirección municipal de intervenir directamente en las negociaciones” cuando dicha competencia de acuerdo al ROF era de otra oficina.
“Para la suscripción del acta de acuerdo del 20 de mayo del 2011 no se han ubicado informes que sustenten los compromisos que la MML se obligaba a suscribir ni siquiera una evaluación básica de las posibles consecuencias legales, en caso que la MML no cumpliera los conversos que los compromisos que sin haber evaluado de manera previa la legalidad e implicancias de naturaleza económica y financiera que los sustenten.
Es más, señala la fiscalía que lo único que se ha encontró sobre ese tema fue una solicitud para contratar bajo “servicios de tercero” de un asesor, que fue Augusto Rey, quien en ese entonces era bachiller en Derecho.
“En el Informe Final del Servicio, el señor Rey señala que corresponde al trabajo realizado como coordinador del Proyecto Línea Amarilla y que participó en el proceso de negociación del Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla. A la fecha de la Orden de Servicio se estaba negociando el Acta de Acuerdo del 20 de mayo del 2011, que dio lugar a la Adenda N° 1, generando acuerdos que obligaron prematuramente a la MML sin que se cumpla la oportunidad previa en el Contrato de Concesión. El señor Augusto Rey Hernández de Agüero era bachiller en Derecho”, señaló la fiscalía.
El 13 de febrero del 2013, pasados los tres años que por ley era necesario para que se pudiera modificar el contrato de concesión, durante la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán De La Puente se suscribió la Primera Adenda al Contrato de Concesión (Adenda Nro.1), que contenía una serie de modificaciones significativas. Entre ellas se acordó incorporar el “Proyecto Río Verde”, estableciéndose que la operación y mantenimiento del proyecto era responsabilidad de la entidad; y disponiendo la erogación de recursos públicos “sin haber solicitado opinión previa al MEF (Ministerio de Economía)”.
Además, se aumentó 10 años más al plazo de concesión, así el concesionario tendrá la explotación de la concesión hasta el 2049.
“Como resultado de las modificaciones consideradas en la Adenda N° 1 la inversión en obras pasó de US$ 480 millones a US$ 561 millones, con el aumento por nuevas obras por más de US$ 81 millones.”
Ministerio Público
La fiscalía precisó que Villarán de la Puente tenía la competencia de aprobar la modificación de los Contratos de Participación de la Inversión Privada; sin embargo, “no cauteló el cumplimiento de las normas del SNIP y de contratación pública”. Puesto que, Domingo Arzubialde Elorrieta, gerente de Inversión Privada y quien suscribió la adenda, sólo podía “proponer” modificaciones a los contratos de concesión, por tanto, la competencia de aprobar la modificación de los contratos de concesión estaba asignada a Susana María Del Carmen Villarán de La Puente, alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
En un segundo hecho, vinculado al “Reajuste de la tarifa de los peajes” de las vías administradas por la empresa LAMSAC en 2013, la fiscalía relaciona un beneficio económico que habría recibido Susana Villarán por parte de la empresa OAS para la campaña “No a la revocatoria”, a cambio de beneficiar a la empresa brasileña.
“Teniendo la entrega de dinero por parte de la empresa OAS parte interesada en el Proyecto Línea Amarilla, para la campaña por la No Revocatoria de Susana Villarán, era posible favorecer a OAS en las negociaciones posteriores”, indicaron.
Ello, atendiendo a lo declarado por el colaborador eficaz 101-2019, quien señaló que el monto pagado por OAS a favor de la campaña por la “No revocatoria” de Villarán de la Puente -a petición de Miguel Castro Gutiérrez, correspondía a la suma de US$ 3′ ́000,000.
A cambio, indica la fiscalía, a través de Domingo Arzubialde se habría dispuesto el reajuste del monto de peaje, pasado de S/. 3,37 a S/. 4,00 (con IGV y redondeo) a favor de LAMSAC (OAS). Incluso, agregan que Arzubialde -quien cumple condena- no comunicó a INVERMET ni a ningún otro responsable de dicho ente municipal supervisor del contrato de concesión Línea Amarilla, sobre este primer reajuste tarifario, a fin de que evalúen los aspectos técnicos tratados con la concesionaria LAMSAC.
Por ello, debido al trato directo, la MML regularizó los ingresos al concesionario por peaje desde el 2 de julio al 4 de octubre del 2013, bajo un reajuste incorrecto, que al final beneficiaría al concesionario con mayores ingresos por tarifas por un monto de S/.20′ ́739.527.
Además de la verificación del cálculo incorrecto en la actualización de la tarifa, la entidad no le aplicó al concesionario la penalidad establecida en el contrato -desde el inicio de la explotación hasta la fecha de corte (30 de enero de 2017)- por el monto de US$1′214.000 lo que constituye un perjuicio económico para la entidad.
Posteriormente, se aplicaron más incrementos a la tarifas que -según el Ministerio Público- se habrían producido debido a que los servidores públicos de la entidad permitieron que el concesionario actualice la tarifa con una fórmula de reajuste no prevista en el contrato de concesión.
Un tercer hecho señalado por la fiscalía son los presuntos actos de corrupción en el “Trato Directo” entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa OAS (2014).
El MP relacionó estos hechos con la situación de OAS en marzo del 2014, luego de que en Brasil se produjeran una serie de detenciones y entrara en crisis financiera.
Entonces, la empresa necesitaba liquidez, según lo vertido por el Colaborador 101-2019, y por ello la firma brasileña intervino directamente en las negociaciones de Trato Directo con la Municipalidad de Lima para el reajustes de peajes.
Para ello, “buscaron a José Miguel Castro Gutiérrez para asegurar la rapidez de la suscripción del Acuerdo, ante lo cual se produjo un pedido de dinero de José Miguel Castro Gutiérrez por la suma de US$ 7′000.000 en apoyo de campañas futuras del grupo de Susana Villarán de la Puente, a cambio de no generar trabas y dar celeridad”.
Jose Miguel Castro fue mencionado por Jorge Barata y Valdemir Garreta como enlace para el presunto financiamiento a la campaña del No a la revocatoria de Susana Villarán. (Foto: Congreso)
De allí, señala la fiscalía, se produjeron reuniones organizadas por José Miguel Castro Gutiérrez, quien les dijo que la fórmula para la solución era el Trato Directo y solicitando el beneficio económico.
El dinero se pagarían después de la aprobación del acuerdo, y a través de Valdemir Garreta: por lo que, según la fiscalía, se vinculó el “Trato Directo” con el aumento del peaje por encima de los ajustes contractuales acordados en el contrato inicial.
“Un hecho trascendente es que el Trato Directo se tramitó y suscribió durante la época de campaña electoral para la Municipalidad Metropolitana de Lima 2014, y en la Carpeta Fiscal 50601554-2017-30- 0, existen evidencias de que la empresa Constructora OAS SA Sucursal Perú entregó US$. 4 ‘000.000 para la campaña de reelección de la investigada Susana Villarán de la Puente”.
Ministerio Público
Diligencias previstas
La prórroga de la investigación preparatoria, otorgada por el Poder Judicial, permitirá al Ministerio Público concluir con las diligencias que tenía agendado hasta enero de 2024, tal como lo sustentaron en su requerimiento ampliación del plazo de investigación.
Y es que, entre las diligencias, señaló el Ministerio Público, se encuentran pendiente de realizar el deslacrado de 59 objetos hallados durante el operativo de allanamiento a las oficinas de las empresas Lima Expresa SAC / Vinci Highway S Peru SAC y el Estudio Echecopar. Entre estas, se incautaron files, archivadores documentos, tarjetas de memoria, tarjetas de presentación, expedientes, USB y más objetos conteniendo diversa documentación vinculada con el caso.
También se tiene prevista la toma de declaración o ampliación de declaración de diversos implicados como la empresa OAS y otros.
Además, explicaron que se encuentran pendientes de realizar peritajes, dado que falta recabar diversa documentación en mérito al requerimiento de los peritos de ingeniería; asimismo, está pendiente la designación de un equipo multidisciplinario para la elaboración de la pericia que determine el monto de inversión y porcentaje de avance de la obra del Proyecto “Línea Amarilla – Vía Parque Rímac” (durante el periodo 2011 – 2014); lo que necesariamente implica un plazo extenso para su realización, y que es necesaria dada la naturaleza de los delitos investigados; encontrándose pendiente de recabar diversos informes y documentación
“Señala la situación de cada una de ellas, como por ejemplo, de 5 asistencias (4 están en demanda de traducción), donde [la N.°685-2023 al Brasil que está relacionado a la información de las investigadas Línea Amarilla Brasil Participacoes SA e Investimentos E Participacoes Em Infraestructura SA (INVEPAR) relacionado a la venta de acciones de LAMSAC; N.°942-2021 a Brasil la declaración de Damiao Carlos Moreno Tavares y Andre Giavina Bianchi; N.°1393-2022 a Brasil la declaración de los testigos Gustavo Nunes da Silva Rocha, Marcelo Duarte Ribeiro; y, N.°643 a Argentina la testimonial Miguel Angel Favaro Gentilini]”, se indica en el documento judicial.
Ante el pedido fiscal de ampliación, acogido por el PJ, la defensa de Villarán de la Puente adujo que aún tiene que agotarse la pericia física, asistencias judiciales internacionales – traducción y testimoniales, deslacrado, etc.- por lo que son actuaciones que implican tiempo que busca esclarecer los hechos, por lo que se mostró de acuerdo con la ampliación.
El abogado de Augusto Rey señaló que considerando la demora de las asistencias judiciales internacionales, sí puede aproximarse al plazo máximo de 36 meses para el agotamiento de las diligencias. Mientras que la defensa legal de Marisa Glave Remy, argumentó que el hecho que se le imputa ya fue archivado en otra fiscalía; sin embargo el juez señaló que su abogado no ha sabido explicar si fue un archivo por atipicidad o déficit probatorio y que además, no presentó documento alguno que respaldó dicha afirmación.
Vía Expresa, por su lado, señaló en su defensa ante el juez que debía estimarse un plazo ampliatorio hasta enero del 2024, considerándose que no ha negado la necesidad de las diligencias pendientes de asistencias judiciales y los peritajes físicos.
