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Alejandro Toledo presentó habeas corpus ante el Tribunal Constitucional

Prófugo ex presidente Alejandro Toledo insiste en anular delito de tráfico de influencias que se le imputa por el caso Odebrecht bajo la figura de la prescripción.

ALEJANDRO TOLEDO

El ex presidente Alejandro Toledo se encuentra prófugo en Estados Unidos, desde enero del 2017 (Foto: GEC)

GEC

El ex presidente Alejandro Toledo, presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) con la finalidad de que se declare prescrito el delito de tráfico de influencias que le imputa por la presuntas coimas que habría recibido de la empresa Odebrecht para beneficiarse con la licitación del proyecto Interoceánica Sur, tramos 2 y 3.

Según pudo conocer El Comercio, el pedido aún no tiene fecha para ser evaluado, pero se designó al magistrado Carlos Augusto Ramos Núñez como ponente de la causa. Esta será vista por la Sala 1 del TC.

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El recurso fue presentado después de que el Poder Judicial rechazó el pedido de Roberto Su, abogado de Toledo Manrique para que se declare prescrito el delito cometido por la presunta recepción de $20 millones de Odebrecht entre el 2006 al 2010.

En su argumentación, que fue declarada improcedente por el juez Richard Concepción Carhuancho y ratificada por la Primera Sala de Apelaciones, la defensa de Toledo sostenía que el delito ya no podía ser invocado puesto que, los ocho años con que se sanciona, ya habían transcurrido. No obstante, ambas instancias coincidieron en que se contabilizaba a partir del 2010.

El Poder Judicial también rechazó en dos instancias un recurso de habeas corpus interpuesto contra las dos anteriores decisiones judiciales. Así el caso, fue llevado ante el Tribunal Constitucional.

En diálogo con El Comercio, el abogado Roberto Su confirmó haber recurrido al TC vía un agravio constitucional para que se resuelva el habeas corpus presentado.

“Nosotros consideramos que existe vulneración del debido proceso. Concretamente, la motivación de la resolución porque nosotros consideramos que la decisión de primera y segunda instancia no están motivadas pues se hizo una errónea interpretación y aplicación de la norma penal que regula lo que es la prescripción”, explicó.

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