Alejandro Toledo y Eliane Karp: claves del Caso Ecoteva y el nuevo pedido de extradición

La Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema resolverá la próxima semana el pedido de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, por el Caso Ecoteva. De ser admitido, sería el segundo proceso al que será sometido el exmandatario ante la justicia de Estados Unidos.

En junio del año pasado, el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, formalizó acusación contra Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp y otros cuatro implicados en el Caso Ecoteva por presunto lavado de activos agravado.

Repasa aquí las claves del caso.

1. Los procesados

Como procesados, la fiscalía identifica a siete personas naturales y a tres personas jurídicas. En el primer grupo se halla Alejandro Toledo, Eliane Karp, Eva Fernenbug (suega de Alejandro Toledo), Josef Maiman (empresario peruano israelí), Avraham Dan On (ex jefe de seguridad de Toledo), Shai Dan On (Hijo de Avraham Dan On) y David Eskenazi Becerra (abogado).

A los seis primeros implicados se les señala "como sujetos pasivos de imputación, conforme al artículo 1 y 2 del Decreto Legislativo N°1106, en su modalidad agravada, en concordancia con el artículo 4 numeral 3 del mismo cuerpo legal y el artículo 105 del Código Penal".

Mientras que a Eskenazi se le atribuye la calidad de cómplice primario del delito de lavado de activos en la modalidad prescrita en el artículo 1- conversión- del Decreto Legislativo N° 1156, concordado con el artículo 4.3 del mismo cuerpo normativo.

De otro lado, entre las personas jurídicas identificadas se encuentras Ecoteva Consulting Group S.A., Ecostate Consulting S.A., y Ashdan E.I.R.L.

Cabe señalar que en el caso de Josef Maiman, este no ha sido considerado en la parte acusatoria debido a que viene sometiéndose a un proceso de colaboración eficaz.

2. Los hechos

El equipo especial Lava Jato formula como imputación general que durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) se habrían generado ilícitos provenientes de actos de corrupción en base a pagos de sobornos de empresas brasileñas para la licitación de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2, 3 y 4.

Dichos fondos se encontrarían en cuentas a nombre de personas jurídicas constituidas en el exterior para evitar su vinculación con el ex jefe del Estado y su rápida identificación.

Para concretar dicho accionar, se contó con la participación activa de Josef Maiman, Avraham Dan On y Shai Dan On, quienes habrían constituido empresas offshore en Panamá y Costa Rica.

Añade la fiscalía que, a través de dichas empresas, se efectuaron diversas transferencias de dinero que finalmente terminaron en Ecoteva Consulting Group S.A., constituida en Costa Rica y cuya presidencia recayó en Eva Fernenbug, suegra de Toledo Manrique.

Nuevas transferencias hechas desde Ecoteva sirvieron para, posteriormente, adquirir dos bienes inmuebles y pagar dos hipotecas de viviendas en el Perú por parte de Fernenbug, contando para dichas adquisiciones con el apoyo del letrado David Esquenazi.

3. Las conclusiones

La fiscalía especifica 28 conclusiones que determinarían la responsabilidad penal de Toledo. Se determina que el otrora líder de Perú Posible favoreció a Odebrecht con la emisión de decretos legislativos para que se hiciera con la licitación de la ejecución de la carretera Interoceánica (tramos 2 y 3) y que a cambio recibió US$20 millones en coimas.

De dicho monto, un total de US$17’527.000 se enviaron a través de Confiado International Corp-Panamá —cuya cuenta fue abierta por Josef Maiman en el LGT Bank de Suiza— a las empresas offshore Ecoteva Consulting Group, Milan Ecotech y Ecostate Consulting Group, con sede en Costa Rica.

De Ecoteva se enviaron al Perú US$9’052.650, con los que se compraron, a través de Eva Fernenbug, dos inmuebles en Surco, un depósito y tres estacionamientos. Además, se pagaron las hipotecas de dos viviendas.

Los beneficiarios finales de las operaciones realizadas con los inmuebles habría sido la sociedad conyugal conformada por Alejandro Toledo y Eliane Karp.

4. ¿Cuáles son los inmuebles implicados?

El primer inmueble puesto bajo la lupa es el adquirido en la Calle Cascajal N°709, en la Urbanización Panedia, en Santiago de Surco, también conocido como la ‘casa de las Casuarinas’, por el monto de US$3′750.000. El testimonio de escritura pública del bien data del 26 de julio del 2012.

También se observa la compra de la oficina N°1703, tres estacionamientos y un depósito en la intersección de las avenidas Monterrico y Cruz del Sur, en la denominada 'oficina de la Torre Omega' por la suma de US$882.400. El testimonio de escritura pública del bien data del 5 de setiembre del 2012.

Del mismo modo, otro acto habría sido la cancelación de la hipoteca del inmueble ubicado en la Calle Los Olivos N°185-183, de la urbanización Camacho, en La Molina, por el monto de US$217.000. Dicho pago total fue efectuado el 14 de diciembre del 2012.

Finalmente, también se menciona el pago de la hipoteca del inmueble ubicado en el condominio Punta Sal, a la altura del kilómetro 1190 de la Carretera Panamericana Norte, en el distrito Canoas de Punta Sal, en Tumbes, por la suma ascendente a US$277.308,96, siendo la data de la escritura pública del 4 de setiembre del 2012.

5. ¿Cuáles son las penas solicitadas para los implicados?

El equipo especial Lava Jato solicita que al ex jefe del Estado Alejandro Toledo, como coautor del delito de lavado de activos en modalidad agravada, se le ordene 16 años y ocho meses de pena privativa de la libertad y 620 días multa.

La acusación contra la ex primera dama Eliane Karp también solicita que se le dicte 16 años y ocho meses de prisión, así como 620 días multa.

En tanto para Eva Fernenbug, como coautora del delito de lavado de activos en modalidad agravada, se pide 10 años de pena privativa de la libertad y 365 días multa.

Para Avraham Dan On, a quien también se le atribuye el mismo delito y modalidad que a los antes mencionados, se solicita 16 años y ocho meses de prisión y 607 días multa.

A Shai Dan On se le imputa ser coautor del delito de lavado de activos en modalidad agravada, por lo que la fiscalía exige para él 13 años y cuatro meses de pena privativa de la libertad, y 487 días multa.

En tanto, la fiscalía pide para David Eskenazi Becerra, a quien se le atribuye ser cómplice primario, 13 años y cuatro meses de prisión y 487 días multa.

Finalmente, se exige a cada uno de los implicados el pago de S/6′370.000 por conceptos de reparación civil a favor del Estado.

7.- Los pasos del proceso de extradición

Cuando se aprobó el primer cuadernillo por el caso Odebrecht, el Poder Judicial publicó un gráfico en el que detalla los pasos que todavía deberá seguir el proceso de extradición para lograr que Alejandro Toledo sea trasladado a la fuerza al territorio nacional.

1. Juez emite resolución de requerimiento de extradición activa. Esto fue concretado el 19 de febrero, cuando Richard Concepción Carhuancho formalizó este pedido por el Caso odebrecht.

2. Se forma el cuaderno de extradición que es remitido a la Sala Penal de la Corte Suprema. El Poder Judicial confirmó el pasado 22 de febrero que el el cuadernillo fue enviado a la sala que preside el juez César San Martín, la cual tenía un plazo de 15 días para pronunciarse. En caso de haber rechazado el pedido, tendría que devolver lo actuado. Pero esto no ha sucedido.

Una vez aprobado el pedido de extradición por la Corte Suprema, estos son los pasos faltantes.

3. El cuaderno de extradición se envía al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un plazo de 24 horas luego de que la Sala Penal Nacional lo aprueba.

4. El Poder Ejecutivo se pronuncia mediante resolución suprema aprobada en Consejo de Ministros luego de un informe de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas.

5. Se procede a traducir el cuaderno de extradición, en este caso, al inglés, para que pueda ser recibido por las autoridades de Estados Unidos.

6. La presentación formal de extradición la hace la Fiscalía de la Nación con el concurso de la cancillería.

7. El cuadernillo es enviado a través de la embajada del Gobierno peruano en Washington DC a la oficina de Asesoría Jurídica de la Oficina de Aplicación de la Ley de Inteligencia del Departamento de Estado.

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