La Junta de Portavoces decidió ampliar la agenda del pleno del Congreso para debatir un dictamen que se aprobó en la Comisión de Justicia y que plantea, entre otros puntos, que el Ministerio Público solo pueda investigar el financiamiento ilícito de partidos políticos con un informe previo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La decisión de la Junta de Portavoces también contempla la exoneración del dictamen en la Comisión de Constitución. Esto fue posible con las firmas de los voceros de Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, Partido Aprista y Alianza para el Progreso.
Esta iniciativa legislativa, que fue aprobada por unanimidad en la comisión del Congreso encabezada por Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio), incluye el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas al Código Penal con una pena no menor de cuatro ni mayor de siete años de prisión.
Sin embargo, señala que si el delito se comete con un agravante de "conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia u otra forma de ingresar al sistema económico bienes cuya procedencia ilícita conozca o debía conocer" o por ser parte de una organización criminal, la pena sea entre seis y trece años de pena privativa de la libertad.
Adicionalmente, incluye un artículo en la Ley de Organizaciones Políticas donde se señala que la ONPE deberá realizar un informe preliminar para que se puedan iniciar investigaciones en el Ministerio Público por financiamiento ilícito.
El dictamen fue aprobado por unanimidad con los votos de Peruanos por el Kambio, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Frente Amplio y la Célula Parlamentaria Aprista.
—Polémica—
"El dictamen aprobado en la Comisión de Justicia viola un principio constitucional básico que es que el Ministerio Público puede investigar de parte [...] Lo que aprueba la disposición obliga a la ONPE que haga un primer informe y, de ahí, recién se puede hacer investigación fiscal. Eso le corta las manos (a la fiscalía)", señaló Marisa Glave, de Nuevo Perú, en declaraciones a Canal N.
La parlamentaria también cuestionó que el agravante que tipifica el financiamiento ilícito bajo la modalidad de lavado de activos y de organización criminal solo sea penado hasta con trece años de prisión cuando se comete dentro de un partido político.
Actualmente, el lavado de activos se pena hasta con quince años de cárcel según el Decreto Legislativo 1106.
El vocero de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, justificó la decisión para que se debata con prioridad este dictamen en el pleno, e indicó que debería ser votado tal y como se aprobó en la Comisión de Justicia. Caso contrario, su bancada votará en contra.
"Hay una serie de puntos para que se debatan hoy en el pleno [...] Vamos a debatir el dictamen de la comisión. Si vemos que se trata de contaminar el debate, lo vamos a rechazar", aseguró en declaraciones a Canal N.
Carlos Tubino, portavoz de Fuerza Popular, resaltó que el dictamen en cuestión fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia, lo que revela que sí ha sido debatido adecuadamente.
"No es un proyecto que llega y se exonera de comisiones. Es un proyecto que se vio en la Comisión de Justicia presidida por Alberto Oliva, que no es de Fuerza Popular. Se ha hecho el dictamen que se aprobó por unanimidad y luego pasa al pleno del Congreso. Lo que se ha solicitado a los voceros es que pueda verse en el pleno", comentó ante la prensa.
Esta fue la votación que permitió la exoneración de dictamen de la Comisión de Constitución y ampliación de agenda: