Bruno Pacheco: ¿Por qué delitos podría investigarse al secretario de Pedro Castillo tras presionar al jefe de la Sunat? | ANÁLISIS

Bruno Pacheco ya es investigado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, junto al renunciante ministro de Defensa, Walter Ayala, por las presuntas presiones de ambos para influir en ascensos en las Fuerzas Armadas. En ese caso, se indaga la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y abuso de autoridad.

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Los especialistas consultados para este informe consideran que las conversaciones del funcionario de Palacio, reveladas el lunes por el portal Lima Gris, deben ser investigadas por separado en otra carpeta fiscal. En sus opiniones, los posibles delitos cometidos van del patrocinio ilegal al tráfico de influencias. Este último implica una eventual pena de hasta 8 de prisión.

En un pronunciamiento consignado en el mencionado portal, Vera Castillo señaló que “ninguna solicitud fue atendida”. “Al no encontrar eco en mí, no me contactó más”, expresó.

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“Sometido a la justicia ordinaria”

En diálogo con El Comercio, el abogado penalista Rafael Chanjan consideró que los chats difundidos son hechos reveladores y graves que la Fiscalía debe indagar. A diferencia de la denuncia por el caso de los ascensos, aquí “ya no solo estamos hablando del dicho de una persona, sino de unos chats que revelan estas comunicaciones que ha mantenido el secretario de Palacio con el jefe de la Sunat”, estimó.

En este caso, Chanjan ve “la implicancia de dos presuntos delitos”: tráfico de influencias y patrocinio ilegal. El primero “porque presuntamente, según lo que se revela de los chats, habría insistido un acuerdo entre este señor Pacheco con, seguramente, representantes de las empresas ‘amigas’ para efectos de que influencie o interceda por estas empresas ante la Sunat, para verse beneficiadas indebidamente con determinado tratamiento tributario beneficioso. Eso podría indagarse”, señaló.

Sobre el presunto patrocinio ilegal, explicó que este delito “es más sencillo, tiene menos elementos que investigarse en el proceso, porque no se requiere probar un acuerdo, sino simplemente el hecho de que Bruno Pacheco materialice una defensa, unos actos de representación en favor de estas empresas, ante la Sunat, ante la administración pública”.

“Esto en aras de darles beneficios indebidos, vulnerando el interés común. Eso cerraría la figura del patrocinio ilegal”, agregó.

Chanjan sostiene que “la investigación penal que necesariamente se tiene que abrir contra Bruno Pacheco debería tener como hipótesis principal el tráfico de influencias agravado, que tiene una pena de hasta 8 años”.

El abogado agrega que este caso debe investigarse de forma separada al de las presuntas presiones por ascensos en las Fuerzas Armadas, ya que Bruno Pacheco no tiene ninguna protección o antejuicio por su cargo, como sí tiene Walter Ayala.

“Él, como cualquier ciudadano, debe ser sometido a la justicia ordinaria: un fiscal provincial ordinario, no la Fiscal de la Nación (…) tendrá que ser un fiscal especializado”, apunta. “Si se van recabando mayores elementos y existe alguna sospecha de la actividad de investigación o posible riesgo de fuga, se pueden solicitar una medida restrictiva. Se tendría que avanzar un poco más en la investigación”.

De cara una investigación eficiente y para colaborar con la justicia, el abogado cree que “lo que se esperaría es que el señor Pacheco dejara el cargo”. “Mantenerse en un cargo tan importante me parece que no contribuye a que el sistema de Justicia pueda desplegar todas las acciones necesarias de investigación sin ningún tipo de riesgo para alcanzar la finalidad que busca el proceso”, expresó.

“La Fiscalía tiene que, lo más pronto posible, tomar acciones. No se trata solo de una declaración, son presuntos chats que dan cuenta de acciones que denotarían estas influencias indebidas para beneficiar a determinadas empresas en un tratamiento tributario ante la Sunat. Tiene que ser diligente y proactivo el Ministerio Púbico. Seguramente también la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción estará tomando cartas en el asunto”.

Una investigación inmediata

El exprocurador anticorrupción Ivan Meini declaró a El Comercio que, a partir de lo que se conoce, “el primer delito que se habría cometido es el de patrocinio ilegal, que sanciona al funcionario que patrocina intereses de privados”. Este delio, recuerda, es uno por el que Bruno Pacheco ya es investigado por la Fiscal de la Nación en el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas.

Meini agrega que “hay otra posibilidad, pero esta tendría que venir sugerida por las investigaciones que se abran, que es el delito de tráfico de influencias”. “Este delito implica que el traficante, en este caso el señor Bruno Pacheco, haya llegado a un acuerdo con la persona a quien ese tráfico favorecería. Esto es lo que presumiblemente se haya dado”, consideró.

“¿Cuáles son las motivaciones para que el señor Pacheco intercede a favor de sus amigos ante la Sunat? Tal vez, y esto tendría que ser materia de una investigación, la promesa de algún incentivo, algún beneficio. Difícilmente lo va a hacer a motu propio, sin esperar nada a cambio. En ese escenario se abre la posibilidad del delito de tráfico de influencias, pero como mínimo habría patrocinio ilegal”, exclamó.

Posibles delitos y sus penas

Como Chanjan, Meini apunta que Bruno Pacheco no tiene una prerrogativa que amerite que sea Zoraida Ávalos quien lo investigue por este caso. “Por una cuestión de economía procesal, como es el mismo hecho irregular, el caso de ascensos de militares, ahí la Fiscal de la Nación investiga a Pacheco porque [también] está investigando a Walter Ayala (…) En este caso, tendría que ser una Fiscalía provincial”.

Meini advierte también que es importante que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción inicie las indagaciones por este caso lo más pronto posible para evitar la posibilidad de que desaparezcan las evidencias. “Suele suceder que cuando las investigaciones fiscales no son inmediatas, las personas que saben que han incurrido en responsabilidad tienden a desaparecer las pruebas en propio beneficio”, dice.

El exprocurador dice que la investigación debería implicar la toma de declaraciones de Pacheco, del personal de la Sunat, los presunto beneficiados e incluso se podría indagar si “esto, que parece un modus operandi, se ha repetido en otros casos”.

“No parecería que el señor Pacheco habría intercedido en beneficio de amistados solo en estos dos casos (…) Valdría la pena investigarlo, en qué otros casos, presumiblemente, habría intercedido también como funcionario a favor de terceros”, expresó.

Sobre la permanencia de Bruno Pacheco como secretario general de Palacio, Meini señala que “una persona que ya tiene dos investigaciones y que, además, hay indicios tan contundentes de que habría incurrido en actos irregulares, no le hace ningún favor a ningún presidente permaneciendo en el cargo”.

“Tampoco le hace ningún favor el propio presidente manteniéndolo. ¿Qué confianza puede generar una persona que manda ese tipo de chats? La única que podría generar es que el presidente esté de acuerdo con ese tipo de comportamiento”, sentenció.

“En este caso, al menos se tienen los chats. Y hay que reconocer que además de un acto, digamos, ilícito es burdo. El señor Pacheco no tiene mayor preocupación en traficar con influencias o e interceder con privados de manera escrita, dejando una huella de sus conductas”, declaró Meini.

Un posible tercer delito

Carlos Caro Coria, abogado penalista, dijo a El Comercio que este caso es “especialmente grave”, partiendo de la hipótesis de que los chats son verdaderos. “Desde ese punto de vista, ahí lo que tenemos es un caso clarísimo de tráfico de influencias (…) El artículo 400 del Código Penal sanciona con pena de hasta 8 años a aquella persona que acuerda ejercer influencias en un proceso administrativo”, detalló.

Como sus colegas, Caro consideró que se puede hablar de patrocinio ilegal a partir de las conversaciones reveladas. Sin embargo, sostuvo la posibilidad de hablar del delito de cohecho o soborno. “En la parte en la cual en el chat dice ‘estamos guerreando el nombramiento’, es como una suerte de ofrecimiento: ‘oye, yo te estoy ayudando a que te nombre, tú ayúdame con este tema’.

“Ya cuando hay un intercambio, eso es un argumento para poder sostener acá que hay soborno o coima. En ese caso, la pena también es de 8 años”, añadió.

El penalista recordó que, en el cohecho o coima, no es necesario que se ofrezca dinero a cambio de algo, sino cualquier tipo de beneficio, favor o prestación. En este caso, se implicaría un nombramiento. “Es Pacheco ofreciéndole a este funcionario de la Sunat (…) No es ofrecimiento de dinero, sino de un servicio”, indicó

El abogado explicó que el caso se agrava cuando se tiene en cuenta la importancia de un funcionario como el secretario general de Palacio de Gobierno. “No estamos hablando de un funcionario de bajo nivel (…) estamos hablando del secretario el presidente de la República. Desde ese punto de vista, él tiene una especial posición de poder. Recuerda que el Ejecutivo tiene injerencia sobre la Sunat”, declaro.

Caro también coincidió con Chanjan y Meini en que el caso debe ser investigado por una fiscalía provincial o supraprovincial, no por la Fiscal de la Nación como en el caso que involucra a Walter Ayala. Además, considera que la investigación debe centrarse inicialmente en Bruno Pacheco y su interlocutor, el jefe de la Sunat, poder ser incorporado como testigo.

El abogado incidió en la importancia de que la Fiscalía inicie la investigación de oficio, lo más pronto posible y que actúe para “intervenir los celulares, si ya no se han borrado esas conversaciones”. “La Procuraduría [Anticorrupción] podría hacer la denuncia de oficio, si es que no se abre la investigación”, agregó.

“A mí me parece que el solo hecho de que ya estén en el ojo público dos casos de corrupción a nivel de la Secretaría de Palacio de Gobierno, es razón suficiente para que el señor [Bruno] Pacheco renuncie o que el presidente deje sin efecto su nombramiento. No es conveniente que un funcionario, en esa posición de poder, tenga esos cuestionamientos que en principio tiene un grado de prueba suficiente”, indicó.

Primeras respuestas

El lunes por la noche, tras la difusión de los chats en medios de prensa, Bruno Pacheco se refirió al tema mediante su cuenta de Twitter. “Niego rotundamente haber utilizado mi cargo para presionar a funcionarios y favorecer a terceros. Estoy seguro que las investigaciones determinarán de dónde vienen estas malintencionadas informaciones que lo único que pretenden es desestabilizar al gobierno”, dijo.

Al respecto, Carlos Caro Coria destacó que en este primer mensaje, Bruno Pacheco no niega que los chats sean auténticos. “El tuit del señor Pacheco no es uno donde niegue los chats, es uno donde dice que no ha hecho nada malo, pero no niega los chats”, apuntó.

Por su parte, el superintendente de la Sunat, Luis Vera, respondió a la publicación original de Lima Gris sobre los cuestionamientos y afirmó que todos los actos de la institución que dirige se adoptan con total “objetividad” y atendiendo estrictamente a “criterios técnicos”.

Según dijo, el Grupo Deltron, una de las empresas mencionadas en los chats, no recibió ningún trato particular. Aseguró que, por el contrario, continúan las fiscalizaciones que corresponden, y la deuda fue cobrada coactivamente el 7 de octubre pasado.

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