CAL: acusaciones contra estudios de abogados "deben probarse"

La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), María Elena Portocarrero, llamó a respetar la figura de la presunción de inocencia en el contexto del allanamiento que el Ministerio Público llevó a cabo al estudio de abogados Oré Guardia.

El martes, la fiscalía allanó el estudio de abogados Oré Guardia, ubicado en San Borja, como parte de las investigaciones por los aportes al partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). La autorización fue dada por el juez Richard Concepción Carhuancho a pedido del fiscal José Domingo Pérez.

Según la resolución que autoriza la medida, la fiscalía realizó el requerimiento con el fin encontrar “libros y/o registros de contabilidad y administrativos del estudio Oré Guardia, que tengan relación al Partido Político Fuerza 2011 y Fuerza Popular, correspondientes a los años 2010 a 2016”.

Asimismo, libros y registros vinculados a los investigados y al partido; documentación contable y/o administrativa relacionada a la campaña electoral del partido político correspondientes y de los años 2010 al 2018; equipos de cómputo; y otros elementos pertinentes al objeto de investigación.

"Se dice que hay estudios involucrados, que hay abogados involucrados, que hay civiles involucrados, hay personas de diferentes ámbitos involucrados. Primero se deben probar estos hechos y luego de un proceso con las garantías que se exigen se darán las sanciones respectivas", manifestó la decana del CAL en radio Exitosa.

María Elena Portocarrero resaltó la importancia de la presunción de inocencia e instó a que se respete el orden jurídico para que no se tomen decisiones erradas por presión o por situaciones coyunturales.

"Si nosotros estamos hablando de la presunción de inocencia, se parte del principio que la responsabilidad se prueba y la inocencia se presume. Todas las afirmaciones deben ser probadas. En mérito a la probanza luego se dará la sanción", refirió.

Sin embargo, la decana del CAL aseguró que toda la colegiatura respeta a las instituciones y los poderes del Estado, así como la defensa del ejercicio legal de la profesión.

"Hay una gran preocupación gremial. El CAL es respetuoso de las instituciones y los poderes del Estado. También se respeta y defiende el ejercicio legal de la profesión. Por tanto, el gremio rechaza cualquier acto arbitrario que atente contra el legítimo y legal ejercicio que el abogado ejecuta en todos sus niveles", manifestó.

Frente a esta medida, el Colegio de Abogados de Lima emitió un pronunciamiento donde rechazan "toda actuación o decisión de las autoridades que limiten al abogado su labor de defensor" y exhortan a las autoridades al cumplimiento estricto de la ley.