Los caminos de la cuestión de confianza

En un ambiente de incertidumbre, el primer ministro Salvador del Solar asistirá el martes 4 de junio al pleno del Congreso para exponer el pedido de cuestión de confianza del gobierno.

La controversia gira en torno a la constitucionalidad de la solicitud del Ejecutivo, puesto que es la primera vez que se plantea un pedido de confianza con parámetros tan acotados (aprobación de proyectos de ley y plazos). Si en algo coinciden los especialistas, es en que es una situación inédita y que los caminos por seguir están abiertos al debate.

►Graña y Montero inició proceso de colaboración eficaz con la fiscalía
►Poder Judicial pide al Congreso levantar inmunidad a Yesenia Ponce

Ayer, el congresista de Concertación Parlamentaria Gilbert Violeta anunció que presentaría una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), porque no iba a “ceder” en su “obligación de legislar”. También planteó la posibilidad de que se presente una demanda de competencia ante el mismo ente. En el caso de un conflicto de este tipo, el TC resuelve “sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado”, según el artículo 109 del Código Procesal Constitucional.

Además, este recurso debe presentarse a través del titular del Congreso y estar respaldado por un acuerdo del pleno.

En esta coyuntura, son varios los escenarios con los que se podría encontrar Del Solar en su camino por intentar obtener la confianza del Parlamento. La Unidad de Análisis Político de El Comercio revisó los posibles desenlaces en torno al conflicto entre los dos poderes del Estado [ver infografía].

—Otras variables—
Sin embargo, hay otros factores que podrían impactar en el desarrollo del debate sobre la reforma política. Está pendiente en el Parlamento la reconstitución de las comisiones, ya que las bancadas formadas luego de diciembre del 2018 –cuando Daniel Salaverry autorizó la creación de nuevas agrupaciones tras un fallo del TC– aún no cuentan con representación en las comisiones ordinarias –incluida la de Constitución– ni en la Comisión Permanente. Es en el grupo que preside Rosa Bartra donde se debaten las propuestas de reforma del Ejecutivo y se aprueba la redacción de los textos que se votarían luego en el pleno. En el caso de la Permanente, de darse el cierre del Congreso, este órgano quedaría a cargo de la labor legislativa hasta que se lleven a cabo las nuevas elecciones (como máximo cuatro meses).

Por otro lado, está pendiente la elección de seis miembros del TC (son siete en total), ya que su mandato está pronto a vencer. Este órgano podría ser clave para resolver el conflicto entre el gobierno y el Parlamento, porque es el que tiene la última palabra respecto a las potestades constitucionales de cada uno. El TC, con su actual composición, ya ha dado varios reveses al Congreso: declaró inconstitucional la ley de publicidad estatal y el cambio en el artículo 86 del reglamento del Congreso, sobre la cuestión de confianza, y permitió la formación de nuevas bancadas.

La posible suspensión de Salaverry hasta por 120 días también impactaría en el juego político. Mientras no se encuentre en el Parlamento, Leyla Chihuán, la actual primera vicepresidenta, quedaría encargada del manejo del pleno y su agenda. Si Salaverry no está en funciones en julio, no podría tentar una reelección en el cargo, con lo cual Fuerza Popular tendría menos competencia para recuperar el control de la Mesa Directiva.