Caso Hinostroza: funcionarios del Congreso atribuyen demora a “recarga laboral”

El director general Parlamentario del Congreso, César Delgado, dirigió este miércoles informes al oficial mayor José Abanto, reconociendo que existió retraso en el proceso de entrega al Ministerio Público del expediente del destituido juez supremo César Hinostroza —quien fugó del Perú pese a tener impedimento de salida— y cuatro ex miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En su informe de recha 17 de octubre, que pudo conocer El Comercio, Delgado explicó que la demora se debió a escenarios de “premura, tensión y urgencia que han afectado todos los procesos de apoyo, asistencia y asesoramiento en las últimas t4res semanas”.

En esa línea, refirió que hubo plazos expresos que cumplir con otros procedimientos referidos a la aprobación de los cuatro proyectos de reforma constitucional del Ejecutivo, los antejuicios, la ley sobre cumplimiento humanitario de la pena —impulsado por Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) y aprobado en 48 horas—, la moción de censura contra la Mesa Directiva y el debate sobre la admisibilidad de las denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el congresista Héctor Becerril y el ex titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.

“Las competencias y habilidades de las personas se aplican según la demanda y los niveles de exigencia extraordinarios que son propios del trámite de urgencias. No mella la credibilidad del servicio cuando la recarga laboral extraordinaria impone desgastes y recalentamiento en la atención de los requerimientos”, explica.

Asimismo, agrega que “cuando el personal está sometido a niveles de exigencia extrema durante semanas enteras es humanamente esperable que no puedan producirse todos los resultados esperados, porque es físicamente imposible hacer más que lo que el tiempo y las capacidades materiales de las personas pueden procesar y entregar”.

Delgado adjunta otros informes solicitados por Abanto. Uno de ellos es el que Anabel Dávila, jefa del Área de Relatoría, Agenda y Actas, envió también ayer a Victoria Vidarte, jefa del Departamento de Relatoría, Agenda y Actas.

Dávila también refiere que en las últimas tres semanas hubo “sucesivas ocasiones de urgencia” que fueron atendidas por el personal parlamentario. “…No nos ha sido física ni psíquicamente posible cumplir antes con la culminación de un producto que tenemos consciencia que era crítico y organizacionalmente importante”, aseguró.

En ese sentido, explicó: “…Es necesario dejar expresa constancia que la labor cumplida pueda haber sufrido algún retraso, pero ese retraso obedece al recargo de la demanda impuesta en el personal, no menos que al volumen y complejidad especial que ha representado la atención a estos procesos de antejuicio en los que ha debido individualizarse pormenorizadamente a cada acusado y las faltas constitucionales y penales que se les impuso”. Sin embargo, acotó que no se ha constituido “un acto de injustificada morosidad”.

Asimismo, detalló hechos relativos que se siguieron desde el 3 de octubre, cuando se debatieron dos reformas constitucionales, hasta el 16 del mismo mes, fecha en que se derivó el expediente al Área de Trámite Documentario.

Al respecto, precisa que su área se encarga de elaborar documentos que la Mesa Directiva necesita para dirigir los debates del pleno, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces, “cuatro órganos del Congreso que han tenido, en las últimas semanas, una actividad extraordinariamente alta”.

Como se ha informado, el Ministerio Público recibió recién el martes por la tarde el expediente de la acusación constitucional contra el destituido juez supremo César Hinostroza Pariachi, doce días después de haber sido aprobado por el pleno del Congreso de la República.

Por las demoras, el presidente del Congreso planteó la remoción del oficial mayor, José Abanto, así como del director general parlamentario, César Delgado, y la jefa del gabinete de asesores, Patricia Robinson.

De acuerdo al Reglamento del Congreso, el oficial mayor tiene la representación legal de la administración, es jefe de todo el personal y cuenta con competencia disciplinaria.