Caso Chinchero: ¿en qué estado se encuentra la investigación?

Era el 3 de febrero del 2017. Martín Vizcarra se encontraba en Cusco, vestido con un poncho de colores. Todavía no era presidente de la República. “Este es un gran proyecto, uno de los más importantes del Perú”, dijo el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones al lado de Pedro Pablo Kuczynski, entonces jefe del Estado. Esa mañana, los pututos sonaban en la ciudad de Chinchero, donde decenas de cusqueños lo escuchaban y celebraban que, por fin, un gobierno hubiera colocado la primera piedra de su aeropuerto internacional, el segundo de la región sureña.

Horas después de la ceremonia, por la noche, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) firmaba en Lima la adenda del contrato con el consorcio Kuntur Wasi, a cargo del proyecto. Esta cambiaba el contrato –sellado durante el gobierno de Ollanta Humala– respecto al financiamiento de la obra. Desde distintos frentes políticos señalaban que, al igual que la versión original que intentaba corregir, sería perjudicial para el Estado. El acuerdo fue finalmente suscrito.

Pasaron tres meses. Martín Vizcarra anunció que el contrato y la adenda quedaban sin efecto, y renunció a su cargo. Hasta el final, defendió la adenda que –en su opinión– evitaba un “contrato lesivo” para el Estado Peruano. Ese mismo día, el cuestionado contralor Edgar Alarcón, destituido por el Congreso poco después y hoy investigado por presunto lavado de activos, informó que había encontrado “irregularidades”, las que supuestamente habrían significado millonarias pérdidas.

Chinchero hoy no es un aeropuerto, es una carpeta en el Ministerio Público, que ha ido y venido entre distintos despachos, y que es mencionada cada tanto por el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en medio de su enfrentamiento con el gobierno de Vizcarra.

—El camino fiscal—
La investigación preliminar de la fiscalía se inició el 24 de febrero del 2017 e incluía a ex funcionarios del MTC, de Pro Inversión y Ositrán. La pesquisa parte de una supuesta negociación incompatible en la firma de la adenda. La Procuraduría Anticorrupción solicitó que se incorpore a Vizcarra por una presunta colusión, pero el anterior fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, archivó el pedido, puesto que no encontró elementos suficientes.

“Fue archivada porque no hubo irregularidad”, aseguró Vizcarra desde Palacio de Gobierno, el último miércoles. Tras su archivo, solo podría volver a ser incluido por la adenda –a pesar de que esta quedó sin efecto– si se hallan elementos nuevos que lo involucren. Y el jefe del Estado podría ser investigado recién cuando concluya su mandato, según el artículo 117 de la Constitución.

“Lo que ha resuelto Pablo Sánchez es cosa decidida dentro del Ministerio Público. En muy pocos casos ha ocurrido que se reabra una investigación”, explicó el ex fiscal supremo adjunto Avelino Guillén.

Actualmente, son 13 los investigados por la fiscalía. El nombre más resaltante es el de la ex viceministra de Comunicaciones Fiorella Molinelli, hoy presidenta ejecutiva de Essalud, nombrada en el gobierno de Kuczynski. Los demás son funcionarios que ingresaron antes o durante la gestión de Martín Vizcarra en el MTC. Según pudo revisar este Diario, algunos de ellos ya no trabajan para el Estado. Tres ejecutivos de Kuntur Wasi también son parte de la lista.

“¿Asustando? ¿A quiénes van a asustar? En absoluto. Hemos obrado de la manera correcta”, reafirmó el mandatario el jueves, en una entrevista con radio Santa Rosa. Fue la segunda vez en la semana en la que respondió por Chinchero.

Para el analista Enrique Castillo, este caso no alcanza aún para ser un estigma de la gestión de Vizcarra, aunque resaltó que el mandatario demostró un pésimo manejo político. “Tiene todas las sospechas de ser un instrumento político [de Chávarry]. La actuación de Martín Vizcarra, políticamente, dejó mucho que desear. Dio una serie de avances y retrocesos, pero salvo que existan nuevos elementos, no se puede hablar de corrupción”, agregó.

—Lo que está, lo que falta—
La investigación la inició José Domingo Pérez, cuando todavía no era protagonista de la agenda política del país. Ahora ya no está a cargo del caso. Antes de que este expediente fuera reasignado a la fiscal Zoila Sueno, él dispuso la ampliación de la pesquisa hasta febrero del 2019. En el desarrollo de la investigación, halló que el caso no solo involucraría delitos de corrupción, sino también de lavado de activos.

“La fiscalía evalúa todo el proceso previo para llegar a una adenda, a pesar de que esta quedó sin efecto”, precisó Guillén. Pero, de acuerdo con lo expresado por Pedro Chávarry, el Caso Chinchero ha estado “paralizado” con Pérez.

La parálisis denunciada por Chávarry no se ajusta a los hechos. En marzo del 2017, Pérez allanó las oficinas de Kuntur Wasi e incautó documentos contables y financieros. Meses después, adecuó la investigación a la Ley contra el Crimen Organizado. Su tesis es que Kuntur Wasi habría utilizado empresas ‘offshore’ en paraísos fiscales para ocultar dinero ilícito. La empresa ha rechazado esas imputaciones.

Fuentes cercanas a la pesquisa alegaron a El Comercio que el caso se ha dilatado, en parte, por recursos que han presentado los investigados. Por ejemplo, existe una casación en la Corte Suprema para declarar nulo el allanamiento de las oficinas de Kuntur Wasi. La defensa legal del consorcio se excusó de brindar su versión.

En esta etapa de la investigación, está pendientes tomar declaraciones de testigos, así como realizar un peritaje a la computadora de José Balta del Río, gerente de Kuntur Wasi, y deslacrar una de las agendas incautadas en el allanamiento. Estas diligencias deben ser realizadas por la fiscal Sueno.

La fiscalía también está a la espera de que las entidades bancarias remitan información solicitada a través de un levantamiento de la reserva. Lo mismo ocurre con las empresas operadoras de telefonía: dos de ellas deben enviar data.