Caso Susana Villarán: las claves del pedido de prisión preventiva

El fiscal Carlos Puma Quispe solicitó prisión preventiva por 36 meses contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, y sus ex funcionarios José Miguel Castro, Gabriel Prado, Luis Gómez Cornejo Rotalde, César Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga. Los fundamentos de su solicitud se detallan a continuación:

1. Aportes ilegales a la revocatoria
El 2 de enero del 2012, Marco Tulio Gutiérrez adquirió el kit electoral para revocar a la alcaldesa y dio inicio a su campaña. Cuatro días después, Villarán nombró a José Miguel Castro como gerente municipal y a Domingo Arzubialde como gerente de promoción de la inversión privada.

Según la fiscalía, estos nombramientos tuvieron como trasfondo que Villarán continúe en el poder. Así “habría orquestado su idea de pedir dinero, para su campaña por la no revocatoria y posteriormente para su reelección, a las empresas brasileñas que tenían intereses en la Municipalidad de Lima, a cambio de beneficios para aquellas obras”, señala el pedido fiscal al que El Comercio tuvo acceso. Estas constructoras fueron Odebrecht, a cargo de Vías Nuevas de Lima, y OAS, ejecutora del proyecto Línea Amarilla.

Para llevar a cabo la campaña en su favor, Villarán se puso en contacto con el publicista Luis Favre, a través del ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis. Favre contactó con su colega brasileño Valdemir Garreta para llevar la asesoría a través de la empresa FX Comunicacao, y este se reunió con Villarán en Lima. La ex alcaldesa le habría dicho que la persona encargada de coordinar la campaña era José Miguel Castro. La remuneración fue acordada en US$3 millones.

Entre fines del 2012 e inicios del 2013, Susana Villarán, a través de José Miguel Castro, solicitó US$3 millones a Odebrecht, y la misma cantidad a OAS. Esta información está respaldada con las declaraciones del ex directivo de Odebrecht Jorge Barata, el cruce de llamadas entre Castro y los funcionarios de esta empresa Guilherme Borjes de Queiroz y Raúl Ribeiro Pereira, el testimonio de Valdemir Garreta y declaraciones de dos colaboradores eficaces.

Castro le habría indicado la forma de pago a Barata: US$2 millones a Garreta para el pago de la asesoría publicitaria y US$1 millón en cuentas y efectivo. Villarán se habría contactado con Barata para insistir en el pedido de Castro, así como para agradecerle por la entrega del dinero. Las planillas de Odebrecht registran pagos por US$711 mil a “Budián”, nombre clave con el que se referían a Castro.

En referencia a los pagos hechos por OAS, la fiscalía cuenta con el testimonio de un colaborador eficaz que dio detalles sobre una conversación entre los ex directivos de esta empresa Valfredo de Assis y Leonardo Fracassi, en la que el primero le señaló al segundo que Castro le pidió la entrega de recursos. Estos ingresos serían pagados por medio de contratos en Brasil entre Garreta y la empresa Ogilvy.

Además, otro colaborador señaló que a inicios del 2013 Valfredo de Asis fue citado a la Municipalidad de Lima, donde conversó con Villarán. Ella le habría dicho que el proceso de revocatoria era “muy duro y que un cambio en la gestión municipal iba a ser muy perjudicial para el desarrollo del proyecto”. A continuación, Castro le dijo que la campaña iba a costar US$8 millones que serían repartidos entre las empresas con concesiones en la municipalidad, por lo que le correspondería pagar US$3 millones a OAS.

Esta empresa cumplió con los pagos por dos vías. OAS realizó contratos ficticios con la empresa de colocación de avisos en medios Momentum Ogilvy, representada por Óscar Vidaurreta Yzaga, la cual contrató parte de la publicidad pagada en Perú. Además, usaron ‘doleiros’ que le entregaron el dinero a Luis Gómez Cornejo -por indicación de Castro- quien lo distribuía a Anel Townsend y Enrique Juscamaita.

2. Los amigos de Lima
En el allanamiento a la vivienda de Villarán, la fiscalía incautó el libro de la asamblea general de socios de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. De esta incautación, la fiscalía concluye que ella no solo estaba informada sobre el grupo, sino que lo habría mandado a crear, pues sus integrantes eran miembros de su gestión.

La asociación fue creada el 21 de noviembre del 2012, cuando el proceso de revocatoria ya estaba en marcha, y estuvo conformada por los ex funcionarios Marco del Mastro Vecchione, Cecilia Lévano de Rossi, Guillermo Loli Ramírez, Jorge Antonio Torres Padilla, Daniela Maguiña Ugarte y los militantes de Fuerza Social Brigido Marcos Oriundo Naupari y Natividad Marin Lozano.

Esta agrupación creó cuatro cuentas donde se depositarían un total de S/1 millón y US$228 mil, la mayoría en efectivo, proveniente de los fondos ilícitos de las constructoras brasileñas.

3. El uso de los recursos
Según la acusación fiscal, el dinero recolectado fue usado para pagar a la empresa FX Comunicacao, encargada del marketing político, y las emisiones publicitarias.

Los pagos a la empresa de Garreta se realizaron de la siguiente forma: Odebrecht aportó 5 cuotas de US$400 mil cada una entre mayo del 2014 y mayo del 2015; mientras OAS realizó 4 entregas de 500 mil reales aproximadamente, entre junio y agosto del 2013. En total, recibieron US$3 millones. Favre recibió medio millón de dólares de estos fondos.

La campaña por el “No” contrató publicidad con medios de comunicación y paneles publicitarios por un total de S/5’460,246.33. Sin embargo, a las cuentas recolectoras de fondos de campaña solo ingresó S/1,4 millones y US$228 mil, por lo que se desprende que el dinero no fue bancarizado ni en las cuentas de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana ni en las de María Julia Mendez Vega, tesorera de la campaña. La fiscalía tiene la hipótesis de que los aportes en efectivo fueron la vía para inyectar los fondos que Castro recibió de Barata.

Una de las empresas que tuvo un rol importante en la contratación de la publicidad fue Momentum Ogilvy, empresa de colocación de avisos en medios de comunicación de Óscar Vidaurreta Yzaga.

Además, la fiscalía da cuenta de contratos entre la Municipalidad de Lima y participantes de la campaña contra la revocatoria. La empresa Visionaria, representada por Óscar de la Flor Arbulú, participó de la campaña y brindó servicios a la gestión de Villarán por S/571 mil.

La acusación también recoge los contratos entre la Municipalidad de Lima y tres actores que participaron de la campaña por el “No”: Magaly Solier, Julio Andrade y Christian Thorsen, cada uno contratado por S/7 mil en el 2013.

4. Los beneficios para las empresas
La fiscalía sostiene que el Concejo de la Municipalidad de Lima aprobó la iniciativa privada “Proyecto Vías Nuevas de Lima”, sin que se aprecie una adecuada exposición del proyecto, el 18 de febrero del 2012. Dos empresas subsidiarias de Odebrecht formaron el consorcio que se adjudicó el proyecto.

El contrato se firmó el 9 de enero del 2013, presuntamente luego del pedido de dinero a Barata, y sin opinión previa del Ministerio de Economía, pese a que era obligatorio.

Sobre la firma de la adenda al contrato de Línea Amarilla, a cargo de OAS, la fiscalía señala que los acuerdos vulneraron las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y las regulaciones de las asociaciones público-privadas. Este documento se suscribió el 13 de febrero del 2013, después del presunto pedido de aportes.

“La incorporación del proyecto Río Verde y obras de integración urbana al contrato de concesión generó el cambio de la naturaleza de la concesión de autosostenible a cofinanciado, siendo necesario que, para la aprobación de la modificación del contrato se solicite la opinión previa del Ministerio de Economía”, señala el pedido presentado por el fiscal Puma. No se cumplió este último requisito.

5. La cuenta en Andorra
Odebrecht creó una cuenta en la Banca Privada de Andorra a nombre de Renton Holding, en la que el ex funcionario Gabriel Prado fue el beneficiario final. Su propósito era recibir aportes ilícitos de la Caja 2 de la constructora brasileña.

La fiscalía cuenta con información que corrobora la reunión entre Castro y Prado con Andrés Norberto Sanguinetti Barros, funcionario de esta entidad bancaria, en el hotel Novotel.

6. La campaña de reelección
Dos colaboradores eficaces han señalado que en la campaña de reelección de Villarán en el 2014 se usó la misma modalidad de recaudación de fondos ilícitos. Según uno de ellos, José Miguel Castro le solicitó a Adelmahiro Pinheiro, conocido como Leo Pinheiro y ex presidente de OAS, la suma de US$4 millones “por el tamaño del proyecto [Vía Parque Rímac]”. El empresario brasileño aceptó.

De parte de la constructora, Leonardo Fracasi se encargó de realizar contratos ficticios para que se pueda generar el dinero ilícito. De parte de la Municipalidad de Lima, Castro habría señalado a César Meiggs como el encargado de la receptación de fondos.

El informe final de la campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registró ingresos por un total de S/1,3 millones. En el proceso de verificación, la fiscalía constató que 39 personas señalaron no haber realizado aportes y que seis dijeron que no dieron recursos para la campaña de Villarán, sino para otras candidaturas de su agrupación. También se detectó que se subvaluó los gastos en medios de comunicación y paneles publicitarios.

A Villarán y Castro se les acusa de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos. Su situación se definirá en la audiencia del lunes.