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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Congreso TV)
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tiene pendiente por resolver cerca de diez denuncias constitucionales que presentó la Fiscalía de la Nación. La mayoría de estos casos ingresó recientemente.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tiene pendiente por resolver cerca de diez denuncias constitucionales que presentó la Fiscalía de la Nación. La mayoría de estos casos ingresó recientemente.
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Desde la subcomisión precisaron a El Comercio que, la anterior gestión dejó cerca de cien denuncias pendientes de tramitar, presentadas por personas naturales, altos funcionarios y el Ministerio Público.
Caso Pedro Chávarry
La subcomisión declaró procedente la denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pedro Chávarry, interpuesta por un grupo de congresistas de Acción Popular, por el deslacrado ilegal de las oficinas del Ministerio Público en 2019; y por su supuesta intervención en el caso de Keiko Fujimori.
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La denuncia constitucional es por los presuntos delitos contra la administración de justicia - encubrimiento real (artículo 405° del Código Penal) y encubrimiento personal agravado (artículo 404° del Código Penal), así como por infracción a varios artículos de la Constitución.
Días antes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales había decidido continuar con el trámite de la denuncia que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra Pedro Chávarry por la irrupción en oficinas del Ministerio Público que fueron lacradas a inicios del año pasado.
Sin embargo, solamente por el presunto delito de atentado contra la conservación e identidad de objetos, cuya pena máxima es de dos años. Se desestimó un pedido para revisar las decisiones del periodo anterior que lo favorecieron.
Cuando una denuncia constitucional es admitida a trámite o declarada procedente, comienza el proceso, que incluye que la Comisión Permanente confirme la decisión y luego se nombre a un congresista encargado de solicitar los descargos del denunciado y presentar un informe sobre el tema de fondo, que, de aprobarse, deberá llegar hasta el pleno del Parlamento. Esto está precisado en el artículo 89 del Reglamento Interno del Congreso.
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Artículo 89 del Reglamento Interno del Congreso establece las etapas de una acusación constitucional
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Artículo 89 del Reglamento Interno del Congreso establece las etapas de una acusación constitucional
Caso Tomás Gálvez y César Hinostroza
Zoraida Ávalos, actual fiscal de la Nación, interpuso una denuncia contra el suspendido fiscal supremo Tomás Gálvez y el exjuez supremo César Hinostroza, por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. El documento incluye a los exmiembros del CNM, Orlando Velásquez Benites y Julio Atilio Gutiérrez Pebe.
Los delitos que se les imputa “son organización criminal, tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y patrocinio ilegal”.
La semana pasada, por mayoría, el caso fue declarado procedente y admitido a trámite por la subcomisión a fin de continuar su proceso. Esto significa que deberá elaborarse un informe determinando si procede o no, una acusación constitucional.
Mientras que el lunes último, la subcomisión de acusaciones constitucionales también admitió a trámite la denuncia constitucional que interpuso la congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado) contra Tomás Gálvez, por “interferir” en las investigaciones de Lava Jato.
Gálvez contra Sánchez
Antes de ser suspendido, el fiscal supremo Tomás Gálvez, interpuso una denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pablo Sánchez, alegando que durante su gestión como titular del Ministerio Público habría retardado y omitido los procesos dentro del caso Lava Jato.
Según Gálvez, quien viene siendo investigado por el caso Cuellos Blancos del Puerto, Sánchez habría cometido ocho delitos en su función como fiscal supremo y titular del Ministerio Público.
Situación de los exconsejeros
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también declaró procedente la denuncia que, en el 2019, presentó el fiscal supremo Pablo Sánchez, a cargo de investigar el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, contra el exjuez César Hinostroza, y los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, Julio Gutiérrez Pebe, Iván Noguera y Orlando Velásquez.
La denuncia aprobada, implica presuntos delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo y cohecho activo específico.
Alarcón, el congresista en funciones
Lo que aún está pendiente de verse al interior de la subcomisión es el caso del congresista (Unión Por el Perú) Edgar Alarcón, quien tiene tres denuncias constitucionales interpuestas por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
La primera es por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, luego que el Ministerio Público detectara un presunto desbalance patrimonial de S/201,337.24, cuando se desempeñaba como Contralor General de la República (09 de junio del 2016 al 04 de julio del 2017).
La segunda denuncia interpuesta por la Fiscalía de la Nación, está vinculado a un presunto peculado doloso cometido también durante su desempeño como contralor.
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Edgar Alarcón presiden la comisión de fiscalización del Congreso de la República . (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
En este caso, se trataría de un monto de S/81,121.73 que se habría gastado en servicios “ficticios” de diversos proveedores; y que según la fiscalía, “no habrían prestado los servicios que se detallan en sus respectivos recibos pos honorarios, por lo que se concluye que serían servicio ficticios o simulados”.
La tercera denuncia en contra del actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República por cohecho pasivo propio, es por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Los Temerarios del Crimen” junto con otros excongresistas.
Según la Fiscalía de la Nación, Alarcón habría recibido S/30 mil, por presuntamente haber usado sus influencias para ayudar al ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, a fin de desbloquear las cuentas corrientes de dicho municipio, cuando no correspondía.
-Más denunciados-
Por el caso Los Temerarios del Crimen, también está pendiente de ser visto por la subcomisión, las denuncias constitucionales contra los exparlamentarios Javier Velásquez Quesquén (APRA) y Marvin Palma (Cambio 21), por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, por hechos cometido en el 2016, cuando estaban en funciones.
Según la denuncia de la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, ambos habrían intercedido a favor del ex alcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para promover una reunión con el excontralor Edgar Alarcón, a fin de que este levante el embargo de las cuentas de esa municipalidad.
Caso Héctor Becerril, a medias
El viernes último, la subcomisión declaró procedente la denuncia constitucional por los presuntos delitos de extorsión, cohecho, organización criminal y por patrocinio ilegal, contra el excongresista Héctor Becerril, quien llegó al Congreso de la mano de Fuerza Popular.
Los casos están vinculados a cuatro denuncias que presentaron exintegrantes del Parlamento. Sin embargo, en el debate no se analizó las recientes denuncias que interpuso la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que tienen relación con las acusaciones que fueron acumuladas la semana pasada.
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Excongresista Héctor Becerril (Foto: Paul Vallejos/ Archivo El Comercio)
Las denuncias presentada por la Fiscalía de la Nación están relacionadas al caso “Los Temerarios del Crimen” por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio. Esto, pro presuntamente haber gestionado apoyo para el alcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel; convirtiéndose en el brazo político de dicha red criminal.
La segunda denuncia, fue vinculada a un presunto tráfico de influencias a favor del exalcalde de la Municipalidad de Aucallama, Pedro Salguero, “invocando influencias” con su -entonces- cargo de congresista ante el Ministerio de Vivienda por presupuesto para una obra de agua potable.
Caso Daniel Salaverry
El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, fue denunciado constitucionalmente por la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, por presunto peculado doloso por apropiación y peculado doloso por favorecimiento a terceros. Alternativamente, también se le denunció por falsedad ideológica.
Los hechos están vinculados a la presunta apropiación del presupuesto destinado a gastos de representación en 2017 (los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre) y 2018 (enero, febrero y marzo) que no se realizaron. Los gastos podrían haber llegado a S/.15 mil para el excongresista y otros S/20 mil para sus entonces asesores.
Denuncia contra excongresista Jorge Castro
Zoraida Ávalos denunció constitucionalmente ante el Congreso al exparlamentario por presunta concusión y violación de correspondencia. El caso fue admitido a trámite ayer por la subcomisión de acusaciones constitucionales.
El primer delito está relacionado “con el presunto recorte irregular de haberes a empleados de su despacho”, mientras que el segundo es por “el supuesto ingreso indebido a una cuenta WhatsApp de una empleada”.
Caso Aguila
El grupo de la subcomisión también está a la espera de agendar la denuncia constitucional que hace más de un año, interpuso la Fiscalía de la Nación contra el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila, por presunto tráfico de influencias.
Alternativamente, Águila también fue denunciado por presunto patrocinio ilegal. El documento enviado este jueves, al Congreso de la República, sostiene que el exconsejero habría intervenido ante una fiscal de Junín para que esta favorezca a una tercera persona en un proceso de investigación que estaba en su despacho.
Desde la comisión indicaron que el tema no fue priorizado hasta el momento por tratarse de alguien que actualmente ya no está en funciones, pero aseguraron que pronto será visto en la comisión.
