Congreso destina más de S/12 millones para aumentos salariales del Servicio Parlamentario | INFORME

La referida norma se publicó en el diario El Peruano días antes del voto de investidura al Gabinete liderado por Gustavo Adrianzén.

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Esto ocurre pocos meses después de que las remuneraciones de todos los trabajadores de dicho poder del Estado (a excepción de los congresistas) se elevara en un 15%.

Se trata de un proceso de revalorización y recategorización de puestos para el personal del Servicio Parlamentario contratado a plazo indeterminado (Oficialía Mayor, Dirección General Parlamentaria y Dirección General Administrativa). Estos cargos son ocupados- hoy en día- por gente que tiene varios años trabajando en el Congreso.

El aumento representa un costo de S/ 12′113.321,71 y beneficiará solo a 683 servidores, entre auxiliares, técnicos y profesionales (entre ellos los asesores de las comisiones).

Este desembolso tiene su origen en el acuerdo de la Mesa Directiva 057-2023, de noviembre del 2023, en el que se da luz verde al convenio colectivo del Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon) para la actualización de las escalas remunerativas.

Luego de ello, el Poder Legislativo solicitó el dinero al Ejecutivo, como figura en el decreto del crédito suplementario. El Gobierno estimó el monto a desembolsar de acuerdo con la nueva escala remunerativa del Congreso, elevada en un 15% a inicios de año.

La suma aprobada por el Gobierno fue incorporada el 3 de abril al presupuesto del Parlamento mediante la resolución 20-2023-2024, firmada por su titular, Alejandro Soto. El 9 de ese mes, el Sitracon agradeció a la Mesa Directiva por la gestión.

Con este dinero, los auxiliares, que están en los niveles 1, 2 y 3 de la escala remunerativa, podrían llegar a ganar hasta S/4.076 [ver recuadro]. Para esta categoría los únicos requisitos son tener secundaria completa y dos años de experiencia laboral, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo del Congreso (RIT).

Por ejemplo, si un auxiliar que está en nivel 1 quiere ser promovido al nivel 2, solo debe acreditar que labora en el Legislativo desde hace dos años, y si quiere pertenecer al nivel 3, tres años.

En tanto, los técnicos (niveles 4, 5, 6 y 7) podrían llegar a ganar hasta S/ 8.476. Por otro lado, los profesionales que ocupan el nivel 8 podrían percibir hasta S/12.562,00 si son recategorizados al nivel 9.

Cabe señalar que, además de sus salarios, los trabajadores del Parlamento reciben un bono adicional de S/4.500 por alimentación y gastos operativos. Esta cifra no está sujeta a los descuentos de ley.

La convocatoria para la revalorización y recategorización de puestos se inició el pasado 10 de abril, de acuerdo con la Directiva 09-2024, firmada por el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno. Este documento, al que tuvo acceso a El Comercio, brinda los lineamientos para el incremento de salarios.

La referida directiva no contempla un concurso interno - como lo establece el Reglamento Interno de Trabajo del Congreso (RIT) - y entre los criterios a evaluar solo se menciona la cantidad mínima de años laborados en el Servicio Parlamentario para postular a cada uno de los niveles salariales.

De acuerdo con el documento firmado por Forno, los trabajadores que buscan acceder al aumento debían presentar sus solicitudes hasta el último 15 abril junto con un resumen de las funciones que desempeñan, evidencias de su carga laboral y una breve presentación de su trayectoria profesional. Sus jefes inmediatos son los responsables de dar el visto bueno a la solicitud en primera instancia.

Luego de completar varios pasos, el pedido del trabajador es analizado por una comisión conformada por funcionarios del área administrativa.

Si prospera en esa instancia, se envía al área de Recursos Humanos del Congreso y, tras completar otros pasos más, finalmente se pone en consideración de la Mesa Directiva, integrada por Alejandro Soto (APP), Arturo Alegría (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Rosselli Amuruz (Avanza País). El trámite concluye este lunes 29 de abril.

El mismo día que se publicaron los lineamientos, Forno firmó la resolución 100-2023-2024-OM-CR, que modifica la conformación de la comisión evaluadora, y dispuso que el grupo de trabajo sea presidido por el Director General Parlamentario, Jaime Abenzur, en lugar de la jefa de Recursos Humanos.

También integran el grupo de trabajo el director general de Administración, la jefa de RRHH, el jefe de la Oficina Legal y Constitucional, el jefe de la Oficina de Planeamiento y la jefa del Área de Desarrollo y Bienestar de Personal.

El 29 de diciembre, cuando ya se conocía sobre el proceso de aumentos, Forno dio por concluida la labor de Marion Figueroa Wan como jefa del Área de Desarrollo y Bienestar del Personal y en su reemplazo nombró a Ibeth Angulo Zavaleta. La flamante funcionaria ahora integra la comisión que evalúa las revalorizaciones salariales.

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El incremento de los salarios se da en paralelo a una iniciativa que promueve el cese voluntario, con incentivos, de 103 trabajadores del Servicio Parlamentario mayores de 60 años, que generará un gasto de S/ 23′477.211,58. Esta cifra proviene también del presupuesto otorgado por el Ejecutivo el 29 de marzo.

Con la salida de estos trabajadores, 103 plazas quedarán libres para ser ocupadas por nuevos servidores. Una fuente del Congreso, que no quiso ser mencionada, dijo a El Comercio que esto abriría las puertas a posibles intercambios de favores políticos y que los puestos, destinados a especialistas, podrían ser ocupados por personas vinculadas a legisladores o partidos políticos.

Es importante señalar que el Consejo Directivo, integrado por los representantes de distintas bancadas, designa al oficial mayor a propuesta de la Mesa Directiva, que es responsable de nombrar a los directores generales, jefes de oficina y de asesoramiento. Ello por recomendación del oficial mayor.

¿Qué respondió el presidente del Congreso?

Consultado por El Comercio, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, dijo que él “no dispone del dinero” y que solo da “cumplimiento a los acuerdos colectivos”. Luego nos pidió que enviemos nuestras consultas por escrito al portal de transparencia y que por esa vía responderían.

También buscamos contactarnos sin éxito con el oficial mayor, Giovanni Forno, y los directores generales de Administración y Servicio Parlamentario, Carlos Pais y Jaime Abenzur, respectivamente.

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En diálogo con El Comercio, el excontralor Fuad Khoury y los especialistas en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi y Martín Cabrera cuestionaron la decisión al considerarla inoportuna. Asimismo, subrayaron que es importante que se dé a conocer el sustento técnico de la revalorización de los puestos.

Para Khoury, el procedimiento “debería mejorarse porque cualquiera podría interpretar que es un procedimiento dirigido”. Agregó que la metodología usada por el Poder Legislativo “no comulga con las buenas prácticas de revalorización de los puestos”.

Subrayó que llama la atención que el jefe inmediato apruebe la solicitud del aumento porque en toda entidad si uno quiere cambiar de puesto con mayor monto debe “postular” a la plaza. También criticó que la solicitud se pueda presentar cada dos años porque el incremento del salario debería “obedecer a ciertos criterios objetivos como, por ejemplo, que el trabajador haya obtenido un grado académico superior o que haya demostrado alta productividad”.

“Desde mi punto de vista es una práctica interesante incentivar a las personas que trabajan bien. Es importante revalorizar los puestos, pero con estudios técnicos que lo sustenten”, remarcó.

Respecto al momento, indicó que la decisión “despierta suspicacias en el marco del Caso ‘Mochasueldos’ y la relación entre el Ejecutivo y el Congreso”.

Finalmente, el excontralor opinó que este Parlamento “trabaja mal, emite leyes tontas y tiene desaprobación altísima”. “¿Y encima se aumentan el sueldo?”, cuestionó.

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A su turno, Rospigliosi dijo: “Quiénes se verían directamente beneficiados, los trabajadores o los ‘mochasueldos’ encubiertos”. El especialista calificó de discriminación laboral la medida al señalar que otros “trabajadores del Estado no tienen estas gollerías”.

“La Ley del Presupuesto general de la República prohíbe bonos y aumentos salariales, pero el Congreso tiene corona [...] ¿Quién tiene ese beneficio de comprar la renuncia a los 60 años? [...] En cualquier otra institución les caería la Contraloría y el Ministerio Público por ese tipo de uso del presupuesto del Estado”, expresó.

Agregó que, además de su sueldo, los trabajadores del Congreso reciben un bono de alimentación, escolaridad tengan hijos o no, entre otros beneficios como un seguro privado de salud.

Rospigliosi aseveró que el Poder Legislativo hay muchos trabajadores que han entrado con esfuerzo, por sus propios méritos y que son brillantes. “Pero cómo distinguir la paja del trigo”, se preguntó.

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Por su parte, Cabrera señaló que, aunque hay una necesidad de reevaluar las escalas remunerativas, no es el momento oportuno porque hace poco el Ejecutivo emitió un decreto de urgencia estableciendo restricciones y condicionando el gasto público a determinados objetivos, al punto que, por ejemplo, le ha restado recursos a Contraloría”.

“Sin embargo, este Congreso- lastimado hace bastante rato con problemas de irregularidades y escándalos - nunca propondrá un momento adecuado para la adopción de medidas o cambios estructurales”, agregó.

Cabrera remarcó que, antes de una revalorización salarial se debe considerar, por ejemplo, si hay disponibilidad presupuestal. Luego establecer una adecuada estructuración, a través de un mapeo de perfiles de puestos, y procesos administrativos para determinar cuántos trabajadores realmente se necesitan en cada área, así como un informe técnico de la viabilidad.

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Un informe de este Diario publicado en enero reveló que, solamente dos años y cinco meses, el Parlamento ha entregado cuatro bonificaciones a sus trabajadores, la última incluyó a los congresistas. Estos pagos-realizados en las administraciones de María del Carmen Alva (Acción Popular), José Williams Zapata (Avanza País), y Alejandro Soto (APP)- ascienden en total a S/108′660,700.

Hasta ese entonces, la actual Mesa Directiva, bajo la conducción de Alejandro Soto, autorizó el pago de S/33′976,800 por este concepto.

Ese mismo mes, Soto Reyes anunció que por un acuerdo con los gremios sindicales de ese poder del Estado, no pagarán ningún bono a favor de los trabajadores parlamentarios este 2024.

Al respecto, el secretario general Sitracon, Tulio Vizcarra, respondió - en ese entonces, en diálogo con El Comercio - que el comunicado de Soto se refiere a que no habrá un nuevo bono, además del que ya se ha establecido en una negociación colectiva.

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El último domingo, “Punto Final” dio a conocer que la Mesa Directiva acordó el 19 de abril incrementar, a partir de la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024, que se inició en marzo, la asignación por función congresal. Así, pasarán de recibir S/7.617.20 para ahora cobrar S/11.000, es decir, el aumento será de S/3.383.

Se trata del monto que reciben los parlamentarios por desempeñar su labor de manera mensual.

El aumento se autorizó mediante un acuerdo de la Mesa Directiva, a solicitud de voceros de distintos grupos parlamentarios. Según señala el documento, al que tuvo acceso El Comercio.

Los legisladores percibían antes S/23.217, pero con el incremento por la función congresal ahora recibirán S/ 26.600 mensuales (su sueldo de S/ 15.600 más S/ 11.000). También les asignan S/ 2.800 para sus gastos por la semana de representación, que es cuando viajan a sus regiones.

Congresistas defienden aumento

Este lunes, Waldemar Cerrón, vicepresidente del Congreso, defendió el incremento en la asignación congresal, aunque dijo que se trataba de una propuesta de los vocero que “probablemente” sea ratificada por el pleno o la Mesa Directiva tome una decisión.

“Esto no es un tema que afecta tanto a la economía como se está mencionando, más bien permite que como congresistas nosotros brindemos un mejor servicio y de calidad a la población”

Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre

“Es un Congreso que está generando proyectos para mejorar la calidad de vida de muchos peruanos (...) estamos haciendo la chamba del Ejecutivo. El Ejecutivo no está haciendo nada para reivindicar decisiones que están fuera del foco de la clase trabajadora”

Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre

Los congresistas consultados por “Punto Final” evitaron cuestionar la decisión y no supieron justificar el incremento en la asignación. Incluso, Gladys Echaiz, parlamentaria de Renovación Popular, dijo que a veces usaba el dinero para hacer ayuda social. Mientras que Roberto Sánchez (Cambio Democrático) indicó que a veces hay que elaborar banners y gastar en movilidad. En tanto, Arturo Alegría (Fuerza Popular), que se usan para “comprar agua” y “tomar taxis” cuando viajan a sus regiones.

Además, reciben gratificación en julio y diciembre de S/ 15.600 soles, respectivamente. En el 2023, recibieron una tarjeta de aguinaldo de S/ 1700 por Navidad. Solo en ese mes, los congresistas recibieron un total de S/ 43.000.

En diálogo con El Comercio, Omar Awapara, secretario general de Transparencia, consideró que el “procedimiento es cuestionable” y que, en algún momento podría ser importante que la gente tenga un incentivo para acercarse a funciones de representación en el Congreso y la gestión pública, pero en el caso del actual Parlamento, que está “delegitimado”, este incremento aparece de forma sorpresiva como un acuerdo de la Mesa Directiva.

“En este caso es una forma más de ganarse la desaprobación de la ciudadanía. Quizás en otro contexto podría ser bien visto [...] Lo que queda claro es que es una medida que favorece a los congresistas, que parece que no tienen mayor sustento”, agregó.