Congreso sin inmunidad: La historia detrás de una polémica comisión que será desactivada

La actual Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria fue instalada el 22 de junio del 2020 y su plan de trabajo fue aprobado recién 13 de julio. Su presidente, Yván Quispe (Frente Amplio), dijo que era una oportunidad para la imagen del Congreso, “que ha venido en desmedro en los últimos años”. Sin embargo, no recibió ningún pedido del Poder Judicial.

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Reuniones y gastos

En diálogo con El Comercio, el congresista explicó que el plan de trabajo se basaba en principios de “celeridad y transparencia” para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

Pero, para proceder con su labor, necesitaban que la Corte Suprema envíe solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria de cualquier congresista.

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“No hemos recibido por parte de la Corte Suprema ningún pedido de levantamiento de inmunidad”, dijo Quispe. En visto de ello, realizó 15 sesiones para recibir 16 exposiciones de expertos. La última fue el lunes 8 de febrero de este año.

No se abordó ningún caso de levantamiento de inmunidad.

“Nosotros no podemos solicitar ningún caso. Tenemos que hacerlo en función a lo que la Corte Suprema nos envía, sino se puede entender que habría algún tipo de motivación política si hacemos algún pedido”, añadió Quispe.

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En total, seis personas trabajaban directamente con la comisión: tres de confianza y tres de servicio parlamentario. “El personal de servicio parlamentario lo hemos puesto a disposición del Congreso, y la parte administrativa la vamos a culminar en las próximas semanas. Depende de la Mesa Directiva qué pasa con los trabajadores del servicio parlamentario”, agregó el congresista.

En cuanto al personal de confianza, “culminado el proceso de entrega de la comisión, prácticamente fenecería su contrato”, detalló Quispe. Aunque no tienen una cuantificación de gastos, estos se componen de las remuneraciones a los trabajadores de la comisión. “Otro tipo de gasto no hemos realizado, más allá de que estemos trabajando en este momento un material bibliográfico sobre inmunidad parlamentaria y recopilando las exposiciones”, dijo.

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De acuerdo con el portal de Transparencia del Congreso, en enero 2021 el personal de confianza de esta comisión se compuso por: un técnico, un asesor y un auxiliar. La suma total de estas remuneraciones desde julio del 2020 hasta enero de este año asciende a S/ 103.525,6.

El futuro y desactivación

El 8 de febrero, Quispe dijo en la sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que el grupo debía pasar por un proceso de desactivación. Con la eliminación de la inmunidad parlamentaria, el pasado 4 de febrero, la comisión ya no tiene sentido de continuar.

Quispe dijo que no tenían “antecedentes específicos” en el Congreso sobre desactivación o eliminación de una comisión de carácter permanente; así como tampoco un “marco legal específico” que explique los pasos a seguir para la disolución de la comisión. Por ello, corresponde al Congreso elaborar una propuesta de “resolución legislativa” que adecúe el Reglamento del Parlamento.

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César Delgado Guembes, exoficial mayor del Congreso, afirmó que queda pendiente un pronunciamiento sobre los casos que se puedan presentar hasta julio de este año. Según él, los congresistas van a tener que decidir cuál es la teoría que los va a amparar: o la de los derechos adquiridos o cumplidos.

El exoficial mayor comentó que sí hay antecedentes de reducción de comisiones de carácter permanente. En cuanto al “marco legal” dijo que un congresista debería presentar un proyecto de reforma del Reglamento.

Posteriormente, esta iniciativa de ley debe ser derivada a la Comisión de Constitución y Reglamento, actualmente presidida por Luis Valdez (Alianza para el Progreso). “Estamos asumiendo que se va a eliminar la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Tendrá en ese proyecto de ley que existir una disposición complementaria transitoria donde se tenga que decir qué ocurre con esa comisión: si sigue funcionando hasta julio 2021 o se entenderá que desaparece”, agregó Delgado Guembes.

El constitucionalista César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional, dijo que la reforma que elimina la inmunidad parlamentaria tiene que aplicarse para los hechos que ocurren “de aquí en adelante”.

“La ley entra a regir para todos los casos que en este momento estén en trámite. Si el Congreso no ha levantado [la inmunidad], ya no le corresponde, sino a la Corte Suprema por el principio del artículo 103”, dijo Landa.

Al igual que Delgado Guembes, indicó que la desactivación de la Comisión pasa por modificar el Reglamento del Congreso.

Luis Roel, primer vicepresidente del Congreso, dijo a El Comercio que la reforma es una norma que tiene “eficacia directa e inmediata”. Por tanto, los procesos estancados que tenía algún congresista antes de serlo pueden retomar su rumbo. “Inmediatamente ya no hay inmunidad. Tendrían de forma automática levantada la inmunidad”, agregó.

La congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado), presentó un proyecto de ley para adecuar el Reglamento del Congreso a fin de que se reforme lo relacionado a la inmunidad parlamentaria. Ella propone la derogación del artículo 16 -inmunidades de arresto y proceso-, y modificar los artículos 20 y 25.

El martes 16, en la Comisión de Constitución se sustentaron tres proyectos de Resolución Legislativa que proponen esas modificaciones (7046/2020-CR, 7081/2020-CR y 7104/2020-CR). La segunda iniciativa fue sustentada por la congresista María Retamozo Lezama (Frepap).

“Los congresistas son pasibles de ser procesados penalmente por la comisión de delitos comunes imputados desde que asumen funciones hasta que son cesados en el cargo. En este caso, la competencia es de la Corte Suprema de Justicia. En caso el delito imputado se haya cometido con anterioridad a la asunción del cargo, entonces es competente el juez ordinario”, dijo.

Además, contempla incluir como disposición final transitoria que “los procedimientos de pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria que se encuentren en trámite en el Congreso se archivan declarando la sustracción de la materia”.

Luis Valdez mencionó también la derogación del artículo 16 y modificación de los artículos 20 y 25 del Reglamento. Sobre los procedimientos en trámite en el Congreso a la fecha de entrada en vigor de la reforma se dan por concluidos por extinción de la prerrogativa que les dio origen.

“En consecuencia, dichos expedientes de pedidos de levantamiento de inmunidad se archivan y el Poder Judicial reasume plena competencia para proseguir con la investigación y el procesamiento, de acuerdo con sus funciones constitucionales”, agregó Valdez.

En consecuencia, este es el predictamen presentado.

El pendiente Acuña

La inhabilitación del congresista Humberto Acuña (Alianza para el Progreso) aún no se define en el Congreso. El jueves 14 de enero, se informó en el Consejo Directivo del Parlamento que habían tomado conocimiento sobre la resolución emitida, a mediados de diciembre, por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por el delito de cohecho pasivo genérico.

En setiembre de este año, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ratificó la condena de tres años de pena suspendida contra Acuña Peralta, así como su inhabilitación por tres años para ejercer cargo público.

En la sesión del 14 de enero, en el Consejo Directivo se dijo que iban a solicitar se informe al Congreso sobre la mencionada resolución. Sin embargo, hasta la fecha el Poder Judicial ni el Congreso han respondido a El Comercio si se ha notificado sobre este documento.

Respecto al expediente Acuña, el congresista Yván Quispe comentó a El Comercio que ellos pensaron que el caso iba a llegar, pero tampoco hubo una solicitud formal de parte de la Corte Suprema.

“El caso del congresista Humberto Acuña, tiene una sentencia en segunda instancia y de acuerdo con la ley está impedido de ejercer un cargo público. Esto ni siquiera tendría que ser abordado por la comisión, sino el Consejo Directivo para el desafuero. No llegó a la comisión”, exclamó.

Por otro lado, a inicios de febrero, el Poder Judicial dispuso que solicite el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista Acuña, investigado por presuntos delitos cometidos en el caso Olmos, diferente al de cohecho pasivo genérico. Un día después entró en vigencia la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria

El abogado Luciano López explicó a este Diario que, a su consideración, para el caso de la condena por cohecho pasivo genérico, incluso antes de la reforma, Acuña Peralta no tenía inmunidad porque ya había sido condenado. “Lo que está en discusión [en el Congreso] es su mandato de inhabilitación”, añadió.

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