Edgar Alarcón sigue al frente de la Comisión de Fiscalización. (Foto: EFE)
Edgar Alarcón sigue al frente de la Comisión de Fiscalización. (Foto: EFE)
/ Peruvian Congress HANDOUT
Redacción EC

La Comisión Permanente del Congreso aprobó hoy la denuncia constitucional contra el parlamentario de Unión por el Perú (UPP) por presunto enriquecimiento ilícito, por actos que habría cometido cuando fue funcionario de la Contraloría General de la República.

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El informe elaborado por la congresista Felícita Tocto (Descentralización Democrática) fue aprobado finalmente por 18 votos a favor, 2 votos en contra (Martha Chávez y Carlos Mesía de Fuerza Popular) y 7 abstenciones.

Los legisladores que votaron en abstención fueron Franco Salinas, Ricardo Burga (Acción Popular), Omar Chehade, Fernando Meléndez, Tania Rodas (Alianza Para el Progreso), María Gallardo y Carlos Almerí (Podemos Perú).

Esta denuncia fue presentada ante el Congreso de la República por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en la que se considera que hay un desbalance patrimonial en las cuentas del excontralor general y actual legislador de Unión por el Perú.

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El desbalance sería por el importe de S/201.337,24, correspondiente a los periodos del 9 de junio del 2016 al 4 de julio del 2017, cuando ejerció los cargos de gerente central de Operaciones, gerente de Auditoría Especializada y vicecontralor.

Felícita Tocto sustentó su informe a favor de que se denuncie por antejuicio político a Alarcón al considerar que las pericias fiscales demostraron estos hechos y una fuerte sospecha de un aumento de capital superior a los ingresos que habría percibido.

Nos demuestra la falta de transparencia y formalidad de algunas irregularidades administrativas como no declarar ante Sunat y la Contraloría el monto de 201,337 soles [...] Habría incrementando injustificada e ilegalmente su patrimonio, cuando fue requerido para que justifique no pudo subsanar”, señaló la congresista.

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En su defensa, Edgar Alarcón aseguró que la fiscalía no consideró en sus peritajes el saldo inicial por lo que “carecen de sustento” las acusaciones por enriquecimiento ilícito en su contra.

“Esto simplemente tiene una estrategia: desarticular el trabajo que hizo Alarcón en la Contraloría y a nivel del trabajo que viene efectuando en la Comisión de Fiscalización”, señaló ante la Comisión Permanente.

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