Congresistas ya no tendrán seguridad del Estado: ¿qué buscaría la medida anunciada por el Mininter?

El ministro del Interior, Carlos Morán, anunció este sábado que los nuevos congresistas no contarán con personal de seguridad del Estado. Los cerca de 400 efectivos asignados para esta labor de resguardo serán reasignados a otra funciones -principalmente de seguridad ciudadana- antes de que se instale el Parlamento del período 2020-2021.

Aunque el ministro Morán dijo que “regularizarán” la seguridad de todos los funcionarios del Estado, empezando por la del presidente Martín Vizcarra, se mantendrán las medidas de seguridad integrales para el mandatario, representantes de los poderes del Estado, funcionarios de alto nivel del Gobierno, presidente y vicepresidentes del Congreso.

La decisión del Ejecutivo será oficializada a través de un decreto supremo que será publicado en los próximos días.

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-Aludidos-

El virtual congresista de Acción Popular Luis Roel opinó a título personal que esta es una medida bienvenida si es que cuenta con sustento técnico y contribuye a la seguridad ciudadana. “No haría cuestión de Estado por algo así. No solicitaría personal policial para mi seguridad. La situación es grave, todo lo que sea por colaborar para un tema tan importante es bienvenido”, señaló a El Comercio.

José Vega, virtual legislador de Unión Por el Perú (UPP), consideró que “ningún ministro, congresista o alto funcionario” debería tener resguardo policial. “Esa es nuestra bandera, los policías deben estar en las calles. Yo estoy de acuerdo. Si están usando esto como un acto populista o de disuasión, eso ya es otro tema. Para nosotros esto era necesario”, manifestó.

Por su lado, Diethel Columbus, virtual parlamentario de Fuerza Popular, emitió una posición similar a la de Vega respecto a que otros altos funcionarios tampoco deberían contar con seguridad de Estado. “Esperaría que así como se ha dicho que 400 policías van a solucionar el problema de la inseguridad, dejando sin resguardo a la representación popular que está en el Parlamento, lo mismo hagan para los ministros, viceministros, directores generales de organismos públicos”, declaró a este Diario.

Además, dijo dudar si la eventual reasignación generará algún impacto en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Me huele a populismo, no sé cómo 400 policías van a solucionar el problema de la inseguridad. Que van a aportar, no lo voy a negar. Al ministro Morán le preocupa la inseguridad, sin embargo, desde setiembre del año pasado no le da la gana de pronunciarse sobre la Ley de Protección Policial que va a ayudar a que la policía pueda hacer su trabajo sin temor de que se le persiga judicialmente.”, comentó.

Desde Alianza para el Progreso (APP), el vocero de la virtual bancada Luis Valdez manifestó que esta decisión es “saludable”, pero que esperan que se haga “extensiva” a todos los funcionarios del Estado “como ministros, alcaldes, gobernadores; con algunas excepciones como la del presidente de la República, pues los ministros tienen más de seis policías para su seguridad”.

Resaltó que si bien es una decisión pertinente ante el actual contexto de inseguridad ciudadana, se requieren medidas más concretas para atender a la población. “No basta solamente un mensaje, sino un plan de lucha contra la inseguridad. Preferimos que sea la población la que tenga esa seguridad”, comentó a este Diario.

A su turno, Rennán Espinoza, virtual parlamentario de Somos Perú, señaló que su bancada saluda la medida del Mininter. “Así sean pocos policías los que resguardan a los congresistas, pueden ser de mayor utilidad en otras tareas en beneficio de los ciudadanos”, aseveró a través de un comunicado.

-¿Medida se justifica?-

Para Ricardo Valdez, exviceministro de Seguridad Pública del Mininter, la decisión de reasignar agentes policiales es válida, en concepto, a causa de que la seguridad es una figura que se evalúa permanentemente. Sin embargo, a su consideración, el momento en que se toma esta decisión denotaría que el ministro Morán “está queriendo resolver una septicemia con curitas”.

Valdez indicó que el retirar la seguridad del Estado a los nuevos congresistas no tendría un respaldo técnico porque el impacto más certero de la lucha contra la inseguridad ciudadana se basa en redistribuir el recurso humano actual, que se aproxima a 140 mil agentes policiales.

“No es una respuesta técnica. En este momento tiene [a su disposición] a las personas, hay una fuerza de 140 mil efectivos que se pueden distribuir inteligentemente donde hay más concentración del delito”, explicó Valdez a este Diario. “Le está quitando la seguridad a los congresistas que son siempre figuras notables y que pueden ser objeto de algún acto violento. Si eso ocurre, el ministro va a tener que responder por su decisión”, acotó.

Nataly Ponce, también exviceministra de Seguridad Pública del Mininter, coincidió en que esta es una medida que “responde a la coyuntura”. Manifestó que lo que se debería impulsar son medidas de fondo, que garanticen más presencia policial, pero también una preparación de calidad.

“No se necesita extraer unidades específicas, necesitamos generar atención policial operativa en lugar de labores administrativas. Esto requiere un cambio de visión. Ahora, no todo el personal administrativo está capacitado para actividades operativas. Ahí también hallamos dificultades, muchos no tienen la preparación e incluso la condición física para cumplir estas labores. Esto va a requerir el impulso de una política pública progresiva, profunda y técnica para racionalizar el porcentaje de personal que cumple labores administrativas por el que cumple labores operativas”, contrastó Ponce.

Wilson Hernández, investigador de GRADE, estimó que la decisión anunciada por Carlos Morán es “estratégica” porque sin el nuevo Congreso instalado es más sencillo disponer de los policías a reasignar.

“Si hay un calce o no con lo político, bueno, hay un calce evidente. Vayamos más allá. ¿Estos 400 policías pueden hacer un antes y un después? Si vemos a los 33 millones de peruanos, 400 no cambian mucho; pero si nos enfocamos en cuatro o cinco comisarías sí podría haber un cambio visible a corto plazo”, explicó.

A su entender, la Policía Nacional requiere de un plan más claro en cuanto a los recursos de los que puede disponer cada año por parte de las escuelas.

“Digamos que esta medida es ‘mejor que nada’. Los ministros del Interior son funcionarios de corto plazo, deben ‘cubrir huecos’, por lo que no suelen pensar hacia la proyección. Hay muy poco incentivo para reformas institucionales y para programar una oferta de más y mejores policías. Además, no es sacar por sacar, hay que mejorar la calidad de las escuelas. Esa es una reforma pendiente en la policía”, cuestionó Hernández.

En referencia a las implicancias políticas de la decisión, el analista Luis Nunes dijo no tener dudas en que esta medida contará con la aprobación de la opinión pública.

“Imagino que lo que pasará es que ellos [los nuevos congresistas] tendrán que pagar de su sueldo a algunas personas que les den protección. Me parece bien. En otros países tampoco se utiliza ese sistema de seguridad como aquí, para cargar maletines, abrir la puerta del auto”, criticó.

En sintonía con lo expresado, añadió que se le debería dar “el beneficio de la duda” al panorama planteado por Carlos Morán, teniendo en cuenta que los nuevos parlamentarios “podrían no necesitar la seguridad del Estado”. “Acá tenemos una crisis de seguridad ciudadana y la policía tiene que estar en la calle”, emplazó.