Estrategias, negociaciones y votos del Congreso en su búsqueda para inhabilitar a la JNJ

El pleno del Congreso sesionará el próximo jueves 7 para debatir el informe final que propone inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En los últimos cinco días previos a la discusión, el bloque de derecha busca adhesiones en cuatro bancadas con el fin de conseguir los 66 votos necesarios para inhabilitar al menos a dos de los miembros de la JNJ.

El discurso que se maneja en la interna legislativa apunta a la necesidad de destituir a dos miembros con el fin de “balancear las posturas” en el ente de justicia encargado de nombrar y sancionar a fiscales y jueces. Los dos miembros en la mira son Inés Tello y Aldo Vásquez (actual vicepresidente). “Se ha hablado de equilibrar la balanza porque la mayoría [en la JNJ] es caviar. Según lo que se ha explicado, los que entrarían estarán en una línea más de derecha. Si son tres, mucho mejor”, explicó una fuente del bloque.

La JNJ cuenta con siete miembros, pero ha sufrido varios enroques en los últimos días. Marco Falconí juró tras un fallo del Tribunal Constitucional que lo repuso después de que en el 2020 se anulara su elección. La reposición de Falconí hizo perder el puesto al miembro Guillermo Thornberry, pero este podría reingresar en la plaza que dejó Henry Ávila, quien renunció a su cargo por las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal Patricia Benavides.

Falconí es ahora el único que no está contemplado en la acusación constitucional del Congreso. Eso deja a seis de los siete miembros pasibles de ser inhabilitados, pero existe un pequeño detalle: solo tres de los seis suplentes que quedan para la JNJ cumplen con el requisito de tener hasta 75 años para asumir el cargo. Este requisito es precisamente el punto de debate.

En esa línea, para el bloque de derecha, resulta más fácil convencer al resto de bancadas para inhabilitar a solo dos o tres miembros. En RPP Noticias, el secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, dejó abierta la posibilidad de que puedan cambiar de opinión respecto de lo votado en la Comisión Permanente para inhabilitar a todos los miembros de la JNJ.

Valdez indicó que la Constitución es clara respecto al caso del límite de edad de Inés Tello, pero que eso no puede llevarlos a un “nivel de revancha” contra el resto.

Las bancadas Fuerza Popular, APP, Avanza País y Renovación Popular tienen asegurado el apoyo de Perú Libre, y en la Comisión Permanente lograron sumar adhesiones de Somos Perú, Acción Popular y una parte de Podemos.

Para el pleno, esperan convencer al Bloque Magisterial –que se abstuvo en la Permanente– y algunos no agrupados (que ahora suman 21 tras la desactivación de Unidad y Diálogo) y poder alcanzar 66 votos.

Este Diario buscó la opinión de cinco constitucionalistas y la mayoría coincidió en que existe infracción por parte de los miembros de la JNJ por la resolución que permitió a Inés Tello mantenerse en el cargo pese a haber pasado el límite de 75 años.

La mayoría de los constitucionalistas consultados también coincidieron en que no existen motivos para una inhabilitación total. Por ejemplo, Aníbal Quiroga indicó que solo debería darse esta sanción para Tello.

“La Constitución ordena que todas las sanciones, incluso las políticas, tienen que ser proporcionales y razonables. No me parece que haber firmado esa resolución de autointerpretación justifique una inhabilitación. Correspondería una amonestación. Tello sí [ameritaría una inhabilitación], porque ya está fuera de la junta [por el límite de edad]”, explicó a este Diario.

Para Natale Amprimo, Aldo Vásquez también cometió infracción por ser “el gran orquestador y promotor” de la resolución con la cual interpretaron que Tello podía mantenerse en el cargo, pese al límite de edad.

Por su parte, los abogados Ana Neyra y Heber Campos no advierten infracción en los miembros, ni siquiera en Tello.

"El Congreso está redundando porque esto ya está en manos del Poder Judicial por una acción de amparo y en manos del TC a través de una contienda competencial donde también se está viendo lo mismo. Parecería sensato esperar el pronunciamiento del TC que es la última palabra en materia constitucional"

Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista