Congreso: ¿Los exparlamentarios tendrán que devolver bono de S/ 5.200?

Ocho meses después de que terminaran sus funciones parlamentarias, los exintegrantes del Congreso disuelto recibieron S/ 5.200 de esa entidad. Uno de ellos, el exlegislador Richard Arce, dio cuenta del hecho mediante sus redes sociales. Esto motivó a que la actual Mesa Directiva del Congreso dejara sin efecto el acuerdo que autorizó el pago, pero no aclaró si el dinero será devuelto.

La Contraloría ya acreditó a una comisión de auditores ante el Congreso para recopilar información sobre el caso. Las conclusiones a las que llegue permitirán conocer si el pago –aprobado el último día de la gestión de Pedro Olaechea - fue ilegal, dijo el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi.

Explicó que la Contraloría tendría que presentar un informe en 10 o 15 días y de sus conclusiones se sabrá si los exparlamentarios deben devolver el dinero.

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“De oficio, el contralor general debe investigar la legalidad del pago […] Los exparlamentarios ya habían sido liquidados. Este pago es a destiempo […] desde el punto de vista estrictamente legal, la Contraloría debe hacer un informe en el cual diga si el monto fue legal o no. Si fue ilegal, deben devolverlo”, dijo.

Pero en opinión del constitucionalista Luciano López, hay un impedimento legal para exigir la devolución del dinero: el acuerdo de la actual Mesa Directiva no aplica de manera retroactiva, incluso si la Contraloría emitiera un informe desfavorable para la gestión de Olaechea.

“Los acuerdos de mesa tienen naturaleza normativa, conforme lo señala el artículo 33 del Reglamento del Congreso. En atención a esa naturaleza, las normas no pueden regir retroactivamente. La Constitución lo prohíbe”, dijo.

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“Si la Contraloría determina que el pago fue ilegal, el Congreso tendrá que demandar a cada exparlamentario para que realice la devolución, pero por norma no se puede hacer. Las normas no son retroactivas, salvo en materia penal y a favor del reo", agregó.

Responsabilidades

El caso se pudo evitar si la actual Mesa Directiva, bajo la presidencia de Manuel Merino de Lama (Acción Popular), habría “cumplido con su tarea”, consideró Alejandro Rospigliosi.

En esa línea, señaló que fue un grave error de la Mesa Directiva entrante no revisar todos los acuerdos que dejó la Mesa Directiva saliente. “Es la primera tarea que debió hacer. Es su responsabilidad revisar qué bombas de tiempo se dejaban”.

Para el ex oficial mayor del Congreso José Cevasco, el caso empezó como una crisis provocada porque la actual Mesa Directiva no comunicó sobre el pago, y ello se sumó al descrédito que pesa sobre el Congreso disuelto.

Agregó que, en su opinión, el pago tiene sustento legal, pues los congresistas laboran bajo el régimen laboral privado, como señala la Ley 30647. Sobre este último punto coincidió Luciano López, para quien “el tema de fondo es si eso debe ser así o no. Debiera regularse de modo claro y en la propia Constitución”.

El excongresista Marvin Palma, quien integró la Mesa Directiva presidida por Pedro Olaechea, dijo a El Comercio que el acuerdo que permitió el pago fue firmado al amparo de un informe del área legal del Congreso, y que no hubo irregularidades. Pero será la Contraloría la que lo determine.

Este martes, el congresista Luis Valdez, primer vicepresidente del Congreso, dijo que pedirá a los voceros de las bancadas que fueron parte del Parlamento disuelto, devuelvan el bono. Consideró que el dinero fue entregado “de manera irregular”.

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