Solo 12 de 130 congresistas han cumplido con presentar sus declaraciones juradas ante Contraloría

El pasado 11 de junio, el pleno del Congreso 2020-2021 aprobó una norma que dispone que los parlamentarios tienen la obligación de presentar ante la Contraloría su declaración jurada de intereses. Ha pasado más de un mes, y solo 12 de los 130 legisladores han cumplido con presentar sus legajos, según información proporcionada por el máximo ente de control.

MIRA: Contraloría: ¿Qué información deberán incluir los congresistas en su declaración jurada de intereses?

Lo más llamativo es que solo faltan nueve días para que se cumpla el plazo que tienen los parlamentarios para presentar la referida información, que abarca desde su participación en empresas del sector privado, como el detalle de los trabajos actuales de su entorno más cercano.

Este Diario realizó un pedido de acceso a la información a la Contraloría General de la República sobre el cumplimiento de los congresistas y el personal obligado a entregar su declaración jurada de intereses. La documentación presentada revela que, hasta el 14 de julio, solo 12 de los 130 parlamentarios habían cumplido con transparentar su legajo.

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Los asesores legislativos que han presentado sus declaraciones juradas de intereses apenas llegan a 43. Mientras que los jefes de oficina solo suman cinco, además de un director y del secretario técnico de la Oficialía Mayor.

La información presentada hasta la fecha no aporta mayor información sobre posibles conflictos de interés. El congresista Grimaldo Vásquez (Somos Perú, Amazonas) declara tener representación en la Corporación HGV E.I.R.L que se dedica a la arquitectura e ingeniería, y fue inscrita a fines del 2019, durante la campaña electoral. Su hermano, Segundo Vásquez Tan, es alcalde distrital de Nueva Cajamarca.

Rolando Campos (Acción Popular, Lambayeque) consigna tener el 25% de acciones en la Empresa de Transporte y Turismo Bruning Express. Mientras que Alexander Lozano (Unión por el Perú, Madre De Dios) informa que sus padres laboran en la agencia privada de empleo “El Chino”.

A inicio de febrero, América Noticias informó que dicha agencia realizaba anuncios de pedidos de señoritas para atención en pubs en la zona de La Pampa, lugar conocido por ser punto de explotación sexual y trata de personas. Lozano dijo que se encuentra desvinculado de la empresa de su padre, donde llegó a desempeñarse como asistente administrativo.

De otro lado, el legislador Napoléon Puño (Alianza para el Progreso, Tumbes) indica que su hermano Víctor Puño labora como ingeniero en el Gobierno Regional de Tumbes, y su otro hermano Wilfredo Puño en el Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes. Por su parte, Rubén Pantoja (Unión por el Perú, Cusco) refiere que su esposa Juana López Callata es abogada del Poder Judicial.

Resistencia legislativa

Recién el 11 de junio, el pleno del Congreso 2020-2021 aprobó una serie de especificaciones a la norma que establece los criterios para la presentación de las declaraciones juradas de intereses (DJI), con lo que queda establecido la obligación de entregar dicha información ante la Contraloría General de la República y le brinda atribuciones para la fiscalización de las mismas. Esto se produjo luego de una larga resistencia para transparentar sus legajos.

La norma en cuestión fue aprobada en mayo, sin un estudio previo conforme dicta el reglamento del Congreso. En un trámite exprés de apenas un día, la propuesta del legislador Ricardo Burga (Acción Popular) fue exonerada del trámite regular en comisiones y aprobada en el pleno.

Con esta norma, la representación nacional se autoexcluyó de los alcances del Decreto de Urgencia 020-2019, el cual establecía la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas de intereses ante una plataforma habilitada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Pese a las advertencias de la poca claridad en la redacción de la propuesta, el pleno aprobó la resolución legislativa donde se estipulaba que los congresistas presentaban, desde la fecha, sus declaraciones juradas de intereses ante el Consejo Directivo del Parlamento y esta instancia las remitía a la contraloría. En la redacción quedaba claro la obligatoriedad alcanzaba a los funcionarios del servicio parlamentario, pero no a los parlamentarios.

Un mes después, se aprobó un nuevo texto donde se estipula que los legisladores deberán presentar su declaración jurada de intereses a través del sistema electrónico de la Contraloría General de la República.

En un mes de vigencia que tenía la resolución legislativa aprobada de mayo, solo 26 legisladores (Guillermo Aliaga de Somos Perú y la bancada de Acción Popular) habían cumplido con presentar su declaración jurada de intereses, aunque solo Aliaga transparentó la información de manera pública través de su portal web.

Antes de mayo, bajo el amparo del Decreto de Urgencia 020-2019, solo nueve de los 130 legisladores habían cumplido con presentar su declaración jurada de intereses ante el portal web habilitado por la PCM. Entre ellos figuraban varios legisladores del Partido Morado (Alberto de Belaunde, Gino Costa) y del Frente Amplio (Rocío Silva Santisteban).

Sin embargo, ni los legisladores que habían transparentado sus declaraciones ante el portal de la PCM ni los que la anunciaron públicamente han regularizado la presentación de su legajo ante la Contraloría. Entre estos omisos figura Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes), la máxima autoridad legislativa.

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