A través de once leyes, el Congreso aprobó una serie de reformas al sistema de administración de justicia que han implicado —al menos— unas 60 modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y demás normas, como la Ley contra el Crimen Organizado. Prácticamente todas, sin mayor observación por parte de la presidenta de la República, Dina Boluarte, pese a las críticas, incluso, de los mismos operadores de justicia por su impacto y repercusión.
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Tras la denominada ‘Ley Soto’ o ‘Ley Impunidad’, promulgada en mayo del 2023 sin ser objetada por el Ejecutivo, el Parlamento apuró más modificaciones, esencialmente desde la Comisión de Justicia que preside Perú Libre; aunque con el evidente aval y respaldo mayoritario del resto de bancadas. Ese, ciertamente, puede ser el inicio de todo un paquete de reformas judiciales, promulgadas sin mayor filtro ni control.
A esta se sumaron otras como la modificación al mecanismo de la colaboración eficaz —la única de todas observada por Boluarte, aunque solo en parte—; la eliminación de la responsabilidad penal a los partidos; las dos modificaciones a la figura de crimen organizado —que sigue dejando fuera más de 50 tipos penales, varios de ellos de corrupción—, etcétera.
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Específicamente, con este paquete legislativo se han promovido seis modificaciones al Código Penal, 45 al Código Procesal Penal y otras nueve a otros mecanismos legales como la Ley 30077 (contra el Crimen Organizado) y las leyes de carrera fiscal y judicial, de acuerdo con un análisis realizado por El Comercio [ver gráfica].
Efectos nocivos
Gran parte de estas modificaciones han terminado favoreciendo a investigados y procesados. Y los ejemplos no tardaron en brotar. Además de las figuras políticas que apelaron a estas para sus investigaciones, también se terminó beneficiando a implicados en redes criminales, como ocurrió con la Ley 32108.
Una de las últimas de estas normas es la Ley 32181, que elimina per se la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia, la cual no ameritó un debate a fondo en el Congreso y no fue observada por Boluarte, entrando en vigencia el último 12 de diciembre.
A lo largo de los últimos días, se liberó a 10 presuntos integrantes de la organización criminal ‘Las Hienas Verdes’, sindicada de delitos como extorsión y homicidio; y así como se dejó en libertad a los implicados en la red criminal que habría cometido fraude y perjudicado más de 20.000 socios de la cooperativa Aeluccop.
Sin embargo, no es solo ello. En el Callao, el último 20 de diciembre, una fiscalía penal solo pudo entrar a allanar las viviendas de los cinco presuntos integrantes de la banda criminal denominada ‘Los QR del Puerto’, que habrían robado un contenedor con mercancía de un almacén. No se pudo pedir la detención. En una de las viviendas, uno de los implicados tenía un arma con silenciador –sin licencia–, siendo el único detenido del caso al estar en flagrancia.
Además, El Comercio confirmó –a través de distintas fuentes– que producto de la norma ya se han frenado unos cuatro megaoperativos contra organizaciones criminales vinculadas a la extorsión, la trata de personas, el tráfico de terrenos y el tráfico de drogas en distintos puntos del país.
La Policía Nacional, tras un trabajo de inteligencia, ya tenía ubicados a todos los objetivos; sin embargo, la ley del Congreso eliminó de plano del espectro legal la figura de la detención preliminar. El Parlamento tuvo que retroceder y corrigió ese extremo, pero tras quince días, Boluarte sigue sin promulgar la modificación.
Puntos de vista
Samuel Rotta, exdirector ejecutivo de Proética, consideró que “hay una suerte de confluencia de intereses entre el Congreso - Ejecutivo en debilitar al sistema de justicia”. Esto, a su juicio, básicamente porque hay varios políticos inmersos en investigaciones fiscales y procesos judiciales, lo que al final también terminó afectando otras pesquisas.
“Es una estrategia de debilitamiento de las herramientas con las que cuentan quienes están haciendo esas investigaciones en contra de estas autoridades políticas en el Congreso, sus jefes o en el Ejecutivo. Eso, además, tiene una consecuencia probablemente no contemplada y es que ha terminado afectando muchísimas otras investigaciones y ya los propios jueces y los fiscales han salido a señalar la magnitud de la de la afectación”, remarcó.
En su opinión, esta “estrategia” de debilitamiento del sistema de justicia “ante los primeros pasos sin respuesta” —como ocurrió con la denominada ‘Ley Soto’— “ha ido avanzando cada vez con más seguridad”. Rotta apuntó que, si bien antes de las reformas el sistema no era perfecto, “esos problemas deberían haber activado discusiones técnicas a distintos niveles para poder responder y dar soluciones técnicas, eficientes y que, en efecto, fortalezcan el sistema”. Aquí ocurrió lo contrario.
Por su parte, el exviceministro de Justicia, Gilmar Andía, remarcó que modificaciones al Código Penal y demás normas se han tenido en todos los gobiernos y en todas las legislaturas. Sin embargo, apuntó que las modificaciones actuales se distinguen por una intención clara: se trata de “un paquete de normas en un mismo sentido, a fin de disminuir la capacidad operativa y la capacidad jurídica del Ministerio Público y del Poder Judicial, y el debilitamiento de los tipos penales, las normas procesales”.
“Todas estas normas para mí obedecen a un plan operativo de debilitamiento del sistema de justicia. Y hay actores. Uno es, por ejemplo, Perú Libre, que pone la norma sobre la mesa, sin ningún tipo de vergüenza de hacerlo. Y luego viene ya los acuerdos políticos con el apoyo del fujimorismo, Renovación, Podemos, Alianza por el Progreso. Y la cadena se cierra con el apoyo a través de la no observación técnica de parte del Poder Ejecutivo”, aseveró Andía.
