De las 72 páginas que tuvo el mensaje a la Nación que ofreció la presidenta Dina Boluarte el último viernes ante el Congreso, cinco estuvieron dedicadas a la seguridad ciudadana. Precisamente, la abogada ese mismo día solicitó al Parlamento que le delegue facultades por 120 días para legislar sobre esa materia y otras.
Boluarte explicó que el objetivo del Ejecutivo “es producir un total de 50 normas”. De estas, 33 para reducir la amenaza de la delincuencia, seis para enfrentar las emergencias que deriven de el fenómeno de El Niño global, 10 respecto al desarrollo de infraestructura y uno sobre meritocracia en el Estado.
Dentro del paquete en seguridad, la jefa de Estado detalló dos iniciativas para “frenar la acción delictiva cometida por extranjeros” en el Perú. La primera es incluir en el Código Penal expulsión en casos de flagrancia” y la otra es aplicar como pena la misma figura aquellos que reciban condenas suspendidas o condicionales.
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Según el presidente del Congreso, Alejandro Soto, corresponde darle prioridad a las propuestas del Ejecutivo, por lo que procedió a entregarle los proyectos a la Oficialía Mayor eñ mismo 28 de julio “para darle el trámite correspondiente”. “Tiene que haber celeridad”, declaró al dominical Punto Final.
Solamente los congresistas Diego Bazán (Avanza País) y José Jeri (Somos Perú) se han pronunciado a favor de que el Parlamento delegue las facultades al gobierno. Los representantes de otras bancadas han pedido un tiempo razonable para evaluar la propuesta al Ejecutivo, que tiene 100 páginas.
Bazán, quien fue presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, dijo que no basta con que la administración de Boluarte saque más leyes, sino que debe haber actos concretos, como aumentar la capacidad de las escuelas de la Policía Nacional, equipar a esta institución y reformar los penales.
“El tema de la [falta de] seguridad no solo con leyes, sino con iniciativas […] Los policías no quieren disparar porque no tienen balas, no quieren usar sus armas porque no cuenta con una defensa jurídica [de parte del Estado], no tienen chalecos antibalas, no está bien dotados para enfrentar a la criminalidad”, refirió en RPP Noticias.
En comunicación con El Comercio, Jeri indicó que Somos Perú tiene “toda la predisposición” de respaldar la solicitud hecha por Boluarte.
“Desde el 22 de mayo, en una reunión con el primer ministro [Alberto Otárola], le hicimos presente que el gobierno debería solicitar dichas facultade. El último viernes hicieron eco a ello. Por lo tanto, tenemos toda la predisposición. Pero hay que conocer con detalle los alcances del pedido”, manifestó.
Recordó que su bancada ha presentado una serie de proyectos de ley sobre la seguridad, entre ellos la restitución de la facultad de investigación a la Policía Nacional y que los gobiernos locales puedan invertir recursos para frenar a la delincuencia. Agregó que, si el Ejecutivo se compromete a hacer suyos estas iniciativas, “nuestro respaldo será más que contundente”.
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“No podemos caer en el populismo”
El portavoz alterno de Fuerza Popular, Arturo Alegría, dijo que el fujimorismo nunca se ha cerrado a entregar facultades “cuando es necesario”, sobre todo para enfrentar la inseguridad. Sin embargo, remarcó que prefieren analizar a detalle el documento presentado, porque la presidenta Boluarte planteó medidas “gaseosas” durante su mensaje a la Nación.
“En el Congreso también hemos visto temas sobre la expulsión [de extranjero que cometan delitos], pero no solo se trata de expulsarlos, sino a dónde, a qué país. Hay muchas cosas que suenan sencillas, pero cuando lo aterrizas, ahí encuentras los problemas. Respecto a la flagrancia, estoy de acuerdo, pero debe haber un proceso exprés, debe estar el Ministerio Público, el Poder Judicial, no podemos caer en el populismo”, subrayó a este Diario.
A su turno, el parlamentario José Cueto (Renovación Popular) dijo que se debe evaluar “muy bien” el pedido de facultades. Añadió que no está de acuerdo con la creación de la policía de orden y seguridad, que también anunció Boluarte Zegarra.
Por su parte, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, sostuvo, a título personal, que se debe rechazar la solicitud del Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana.
“No hay confianza en este gobierno, nosotros estamos demandando la renuncia de la señora, no voy a respaldar que impulse una administración como si aquí no hubiera pasado nada”, complementó, en diálogo con El Comercio, en referencia a las 49 muertes en enfrentamientos durante las protestas entre diciembre y febrero.
Cruz calificó de “improvisación” la iniciativa del gobierno de crear una la policía de orden y seguridad.
“De dónde ha sacado eso, tenemos que ver si en otros países hay esa experiencia. A priori parece ser un reciclado de personas que no sabemos si tiene la vocación y la formación. La mejor manera es que pasen por una escuela de formación, qué van a hacer estos agentes, parece mitad sereno, mitad policía, no me parece”, cuestionó.
Boluarte también presentó el 28 de julio un proyecto para crear una nueva rama de la PNP. Desde el Ministerio del Interior explicaron que esta policía de orden y seguridad estaría conformada por licenciados de las Fuerzas Armadas y ciudadanos que aprobaron el examen para la escuela de la Policía Nacional, pero que no ingresaron por falta de cupos.
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La portavoz alterna de Cambio Democrático-JPP, Ruth Luque, consideró que algunas de las propuestas de Boluarte Zegarra en su último discurso “parecen tener tono xenofóbico”. “Pueden resultar populistas con quienes quieren que se expulse a los extranjeros y depositar sobre ellos la responsabilidad de la inseguridad. Es importante ver [en el pedido de facultades] que no haya derechos que se vulneren”, expresó.
En comunicación con El Comercio, la congresista dijo que espera una reforma integral a la Policía Nacional y no que se le coloquen “parchas”, como calificó a la policía de orden y seguridad que el Ejecutivo pretende formar.
Luque indicó que revisará en detalle cada una de las propuestas del gobierno central.
“Sobre el fenómeno de El Niño, es imprescindible preguntar con qué recursos se harán [las obras de prevención], y cómo se va a garantizar que esta acción se sostenga, más allá de repartir dinero. ¿Cuáles son los candados que se han colocado para evitar la corrupción? Ya nos ha pasado con el Covid-19, hay tenemos miles de vacunas vencidas”, acotó.
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El Ejecutivo buscará, con la solicitud de facultades, modificar el artículo 303-A del Código Penal para sancionar a aquellos que promuevan, favorezcan, financien o faciliten el tránsito irregular en el país de otra persona, con el fin de obtener directa o indirectamente, cualquier beneficio para sí, o para terceros, en aquellas zonas que no son frontera.
También proponen modificar el Código Procesal Penal con el objetivo de establecer que las requisitorias cursadas a la autoridad policial no caduquen hasta la efectiva detención de los agresores, en los casos de violencia familiar.
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