Edgar Alarcón: claves de la denuncia constitucional por presunto enriquecimiento ilícito

El Pleno del Congreso tiene en agenda debatir este viernes la denuncia constitucional contra el legislador Edgar Alarcón (UPP) por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado. Este caso fue presentado el 9 de julio del 2020 por la Fiscalía de la Nación.

Sin embargo, las semanas y los meses fueron pasando en medio de diversos recursos del legislador para dilatar la investigación, el último de las cuales fue pedir más tiempo argumentando, primero, la renuncia de su abogado un día antes de la sesión plenaria que iba a debatir su caso y, luego, apelando al nombramiento de su nueva defensa, Rosa Bartra.

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La denuncia fue aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego por la Comisión Permanente hasta llegar, después de poco más de nueve meses, a manos del Pleno del Congreso de la República, que hoy podría definir si aprueba o no la acusación, que permitirá avanzar en su labor al Ministerio Público.

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El congresista Edgar Alarcón Tejada -quien en todo momento rechazó las imputaciones en su contra- fue denunciado en su condición de alto funcionario por hechos cometidos durante su gestión en la Contraloría General de la República (2016-2017) y por tanto, se le aplica el artículo 99 de de la Constitución con la finalidad de que se le retire el mando de inmunidad y se posibilite el inicie del procedimiento de una acusación constitucional.

La denuncia de la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos se presentó luego de dos años de investigación tras las denuncias periodísticas respecto a la venta de más de 90 vehículos por parte del excontralor.

Con la documentación recabada en dichas investigaciones preliminares se realizaron dos informes periciales financieros en el 2019, dando como resultado un presunto desbalance patrimonial (saldos negativos), producto de mayores gastos (egresos), por el monto de S/201,337.24 correspondientes a hechos dentro del período del 9 de junio del 2016 hasta el 4 de julio del 2017.

El monto anterior fue calculado por la Fiscalía de la Nación en base a los ingresos y egresos del actual congresista y su familia. Para los egresos se tomaron en cuenta la venta de autos, compra de inmuebles, gastos de tarjetas bancarias, pagos educacionales y viajes que hicieron un total de S/889,163.61.

De otro lado, los ingresos fueron calculados con base a documentación debidamente acreditada en torno a sus haberes como excontralor general, la venta de un inmueble en Camaná, y la venta de vehículos. Todo ello hizo una suma de S/687,826.37.

Un punto a resaltar es que, según el análisis pericial, parte de los ingresos a las cuentas de Alarcón Tejada serían depósitos “presuntamente de origen desconocido, por la suma de S/275,644.90, que habrían sido realizados en efectivo, en montos distintos y en diferentes zonas, de los cuales se desconoce la identidad de los depositantes”.

Todo ello, para el Ministerio Público, haría presumir la existencia de un desbalance patrimonial en los años 2016 y 2017, lo cual no se justificaría con sus ingresos legítimos obtenidos durante dicho periodo, atribuyéndose ello al abuso del cargo como contralor general de la República.

“Estableciéndose en consecuencia, de la comparación de los ingresos y egresos (gastos) anotados del denunciado Edgar Alarcón Tejada y su cónyuge, un presunto desbalance patrimonial por la suma de S/201,337.24 correspondiente al periodo de investigación (del 09 de junio 2016 al 4 de julio del 2017)”, se indica en la denuncia.

La Fiscalía de la Nación remarcó que existe una investigación en las Fiscalías Anticorrupción contra Alarcón Tejada en su condición de exfuncionario de la Contraloría entre los años 2007 al 2016, donde se detectó un presunto desbalance patrimonial por S/1′278,169.83.

Según el Código Penal, cuando el delito de enriquecimiento ilícito es cometido por un alto funcionario sometido a la prerrogativa del antejuicio y acusación constitucional -que es lo que busca la Fiscalía- será reprimido con una pena no menor de 10 años ni mayor de 15 años.

“Por tanto, habiéndose individualizado al presunto autor y no habiendo prescrito la acción penal, corresponde formular la respectiva denuncia constitucional contra Edgar Alarcón, en su condición de excontralor, como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito agravado (…) en agravio del Estado peruano, para iniciar el procedimiento constitucional de antejuicio político, tendiente a la emisión de la resolución autoritativa por parte del Congreso de la República, para disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria correspondiente”, solicitó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

El último 13 de abril, la congresista Felícita Tocto (Descentralización Democrática), ponente designada al caso por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sustentó ante el Pleno la acusación constitucional contra Edgar Alarcón. No obstante el proceso se suspendió a pedido del excontralor por no contar con un abogado.

Según Tocto, los elementos presentados por la Fiscalía de la Nación y la investigación realizada en el Congreso, permitían concluir que Alarcón habría abusado de su función y lejos de custodiar el patrimonio del Estado habría utilizado su alto cargo para incrementar su patrimonio.

“Es decir, lo que nos corresponde evaluar es aún a nivel indiciario, y, ante ello, podemos concluir que existen elementos suficientes para que se formalice denuncia contra el investigado”, dijo en ese momento.

¿Qué significa que el Congreso apruebe la denuncia constitucional?

En diálogo con El Comercio, el abogado penalista Rafael Chanjan, sostuvo que, de aprobarse la denuncia en el Pleno, ya se habilita a los órganos de justicia poder procesarlo y determinar si se le impone alguna sanción penal por los hechos que se le acusan.

“Si el Pleno aprueba la denuncia constitucional, lo que se tiene que hacer es enviar esta denuncia constitucional a la Corte Suprema para que instancia Suprema inicie el procesamiento penal por el delito que habría cometido en su función como Contralor, en este caso es de enriquecimiento ilícito. A partir de eso, ya la justicia ordinaria Suprema podrá procesar y determinar si efectivamente se le impone alguna sanción penal a Edgar Alarcón por estos hechos, ya podrá autorizarse un juicio también posteriormente contra él”, mencionó.

Explicó que Edgar Alarcón tiene una prerrogativa por haber sido contralor de la República: el antejuicio, por lo tanto, este privilegio imposibilita que los órganos de justicia puedan procesarlo penalmente para eventualmente sancionarlo.

“Como ha sido un delito que presuntamente se cometió en su alta función de Contralor, eso significa que tiene que haber un procedimiento previo de autorización, es decir, el Congreso tiene que hacer de ente acusador, que formule los cargos, especifique el delito que se habría cometido, y a partir de ahí recién es que se pueda iniciar el proceso penal contra él, ya responsabilidad de él”, detalló.

Denuncia por presunto peculado

Edgar Alarcón también tiene pendiente otra denuncia constitucional que presentó el Ministerio Público, pero por presunto delito de peculado doloso. Este caso por supuesta apropiación ilícita se inició en diciembre del 2018 tras un informe del órgano de control de la Contraloría General de la República, sumándose a ello otra denuncia de la Procuraduría Pública de la CGR en enero del 2019.

El pasado 5 de abril la Fiscalía de la Nación reiteró la denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones constitucionales. Y, aunque Alarcón no participó de la sesión, lo hizo su abogado Roberto Sánchez, quien presentó sus argumentos rebatiendo y rechazando la denuncia contra su patrocinado.

Según las pesquisas, en su condición de contralor, Alarcón Tejada habría realizado diversos pagos por servicios no prestados a la institución con cargo a la caja chica y mediante la emisión de comprobantes de pagos.

Un primer pago está referido a treinta y cinco recibos por honorarios electrónicos, emitidos entre febrero a junio del 2017, cuyos servicios fueron “ficticios o simulados”, llevando a pagar en detrimento del erario público un total de S/32,417.39.

Según la investigación de la Fiscalía de la Nación, el pago fue realizado a ocho proveedores que -en algunos casos- mantenían un grado de amistad con los funcionarios contratantes.

Además, señala que no se encontraron los documentos o informes por los cuáles se les pagó y otros reconocieron no haber prestado los servicios por los cuales se les pago a través de sus recibos por honorarios.

Un segundo grupo está referido a quince recibos por honorarios pagados con dinero de la cuenta de recursos directamente recaudados de la Controlaría General por el monto de S/48,704.34.

“En ese sentido, se atribuye al denunciado Edgar Alarcón Tejada, en su condición de Contralor General de la República, haber suscrito (visado), como área usuaria, diversos recibos por honorarios emitidos por terceras personas, con lo cual dio la conformidad en la realización de diversos servicios ficticios o simulados, pese a que los mismos no habrían sudo brindados en favor de la entidad y no contaban con afectación presupuestal, ocasionando un perjuicio patrimonial por el importe de S/48,704.34”, se indica en la denuncia.

Según la imputación fiscal, en este caso corresponde adecuar el delito de peculado doloso por apropiación ilícita pues, teniendo en cuanta que esto se vincula al funcionario público que se apropia o utiliza, para sí o terceros, caudales que están bajo su custodio o administración.

Alarcón tiene una tercera denuncia constitucional en su contra. Esto porque en su condición de contralor, habría haber aceptado o recibido, el 9 de agosto del 2016, unos S/30.000 de parte de David Cornejo Chinguel, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

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