Edgar Alarcón afronta tres denuncias constitucionales, una de las cuales se verá este jueves 4 de febrero. (Foto: GEC)
Edgar Alarcón afronta tres denuncias constitucionales, una de las cuales se verá este jueves 4 de febrero. (Foto: GEC)
/ ATOQ RAMON
Redacción EC
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República votará este jueves 4 de febrero el informe final de la denuncia contra (Unión por el Perú) por presunto enriquecimiento ilícito.

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Según la agenda de la XI sesión virtual extraordinaria, dicho grupo de trabajo sesionará desde las 8:00 a.m. de ese día, teniendo como único punto la Denuncia Constitucional 371 presentada contra el excontralor.

Se trata de un documento elaborado por la congresista Felicita Tocto (Descentralización Democrática), quien fue designada ponente en una de las tres denuncias que Alarcón Tejada enfrenta en dicho grupo de trabajo.

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Citación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Foto: Congreso)
Citación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Foto: Congreso)
Citación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Foto: Congreso)
Citación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Foto: Congreso)


por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ante la Subcomisión por presentar un presunto desbalance patrimonial producto de mayores gastos, por el importe de S/201.337,24, correspondiente a los periodos del 9 de junio del 2016 al 4 de julio del 2017, cuando ejerció los cargos de gerente central de Operaciones, gerente de Auditoría Especializada y vicecontralor.

Asimismo, la fiscalía informó que se determinó la existencia de diversos ingresos bancarizados por la suma de S/275.644,90, cuyos orígenes y depositarios “se desconocen”.

Cabe indicar que Edgar Alarcón afronta otras dos denuncias constitucionales en la Subcomisión por el presunto delito de peculado doloso y por su presunta vinculación a la organización criminal .

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En el primer delito, la fiscal de la Nación presentó esta denuncia constitucional debido a que Alarcón habría beneficiado a terceras personas, quienes habrían simulado ser proveedores de la Contraloría, y emitieron diversos recibos por honorarios para buscar sustentar servicios “ficticios” o “simulados”.

En este último caso, Ávalos le atribuyó que en su cargo de contralor de la República, habría usado sus influencias para beneficiar al exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo David Cornejo Chinguel con el levantamiento de la suspensión temporal de las cuentas corrientes de dicho municipio.

A cambio, el funcionario habría recibido S/30 mil por dicho apoyo. En este caso también están involucrados los excongresistas Javier Velásquez Quesquén (Partido Aprista) y Marvin Palma (Fuerza Popular).

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