Elecciones 2021: propuestas para fortalecer los planes de gobierno

El Proyecto Perú Debate 2021 presentó el último lunes recomendaciones sobre 20 políticas públicas y acciones concretas que un grupo de investigadores han preparado como sugerencias para que el siguiente gobierno, de acuerdo a lo que determinen las Elecciones 2021, las implemente en el corto y mediano plazo.

Los documentos se organizan en cuatro ejes temáticos: reforma del Estado y gestión pública; políticas sociales; desarrollo productivo y empleo; y desarrollo y ambiente. Cada eje incluye un diagnóstico sectorial de la situación actual, los retos prioritarios a enfrentar en los siguientes años y propuestas de políticas públicas a implementar.

“Hemos tratado de aterrizar 6 objetivos prioritarios con metas cuantitativas para los siguientes cinco años”, indicó el economista Carlos Ganoza, uno de los autores de las propuestas. “En todos estos indicadores nos encontramos por debajo de lo que nos corresponde dado nuestro nivel de PBI per cápita”, agregó.

Las instituciones que participaron en la elaboración de estas propuestas son el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), la Asociación Civil Transparencia, IDEA Internacional, la Escuela de Gobierno de la PUCP, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

A continuación presentamos algunas de las principales recomendaciones:

Reforma del Estado y Gestión Pública

En el eje de reforma del Estado y gestión pública, han identificado que el principal objetivo debería ser construir un Estado competente y capaz, con una macroeconomía estable y predecible y un sector privado innovador y competitivo. Para ello, proponen fortalecer el centro de gobierno, con énfasis en la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, y crear un Viceministerio de Coordinación y Objetivos del Gobierno en la PCM. “El centro de gobierno conformado por el binomio PCM-MEF es débil para definir sus objetivos prioritarios, monitorearlos y hacerles seguimiento”, comentó Ganoza.

Este viceministerio permitiría al gobierno definir sus objetivos y monitorear el desarrollo de los mismos, al liderar la coordinación intersectorial y promover una rendición de cuentas transparente a la ciudadanía. Parte de estas funciones las asume hoy la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial.

De igual manera, presentaron propuestas para avanzar en la reforma judicial, lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana; así como mejoras en el proceso de descentralización. Para ello, buscan asegurar la idoneidad de jueces y fiscales, integrar las comisarías a la comunidad ciudadana, y redefinir los ingresos de gobiernos regionales, con el objetivo de garantizar la estabilidad política en el largo plazo.

Con respecto al manejo económico, las propuestas buscan reducir el déficit fiscal y avanzar en el aumento de gasto social y la inversión en infraestructura para cerrar brechas de desigualdad. Para retornar a la sostenibilidad fiscal proponen reducir gastos no prioritarios, revisar y sustituir los diversos regímenes de exoneraciones tributarias; así como combatir la elusión y evasión tributaria, tanto interna como internacional, al adecuarnos a los estándares de la OCDE y a la digitalización del sistema tributario.

Políticas sociales

El segundo eje se enfoca en políticas de salud, lucha contra la pobreza, protección infantil y educación. “Estos documentos tienen en común una preocupación por lograr que los servicios sociales estén más cerca a las necesidades de los ciudadanos”, comenta Norma Correa, autora de una de estas propuestas.

En salud se identificó la necesidad de ordenar las funciones del sector y fortalecer al Ministerio de Salud como el ente rector, diferenciado de otras instituciones que gestionan la prestación del servicio en distintos niveles de complejidad. De igual manera, proponen fortalecer el sistema de información para mejorar la toma de decisiones, con la historia clínica electrónica y una unidad de inteligencia sanitaria, así como un incremento en financiamiento al sector y la creación de un fondo para cubrir enfermedades de alto costo.

La lucha contra la pobreza implica un compromiso sostenible del más alto nivel del Ejecutivo, aseguran los documentos. Junto a las medidas de reactivación económica deben implementarse acciones para la reactivación social que prioricen los sectores más golpeados por la pandemia. De igual manera, con mejores sistemas de información de hogares, los programas sociales existentes podrán optimizarse y asegurar mayor efectividad y calidad, así como introducir políticas de empleo para cumplir sus objetivos.

Vinculado a lo anterior, las propuestas incluyen la universalización e institucionalización del cuidado diurno infantil, pensado como un servicio público. Expandir y mejorar los servicios educativos, así como los de Cuna Más y Qali Warma, y la formación de personal especializado, mediante alianzas con ONG, empresas y universidades, y una acción intersectorial constante.

Por último, las recomendaciones sobre política educativa buscan enfrentar las brechas de cobertura, aprendizaje, y condiciones de calidad, con un enfoque de educación equitativa e inclusiva. Se dirigen a cumplir con la deuda educativa frente a sectores vulnerables por razones de género, discapacidad, lengua materna, nivel socioeconómico o ubicación geográfica.

Para esto proponen mayor financiamiento en infraestructura, así como capacitaciones al personal docente para que cuenten con las herramientas necesarias. “Si bien miramos el volumen (de acceso a la educación), decimos que hemos ido bien. Pero cuando vemos estos grupos más desfavorecidos, vemos que hay unas brechas y desigualdades que crecen”, señaló la investigadora Sandra Carrillo.

Desarrollo Productivo y Empleo

En este tercer eje se busca promover los sectores productivos del país. Por un lado, se propone una minería sostenible, en su ámbito social, ambiental y económico. Para ello, identifican la necesidad de un cambio en el marco normativo, creando una política nacional de minería que plantee coordinación intersectorial, un nuevo modelo de exploración y mejoras en el mecanismo de distribución del canon y regalías en los Gobiernos Regionales.

En el sector agrario, los autores priorizan la creación de plataformas locales de servicios para la competitividad e integración al mercado exterior, donde la pequeña agricultura familiar pueda asociarse, capacitarse y volverse competitiva para la exportación. Al dotar de capacidades en gestión, productividad y tecnología, los productores atomizados podrán sumarse al sector agroexportador con facilidad.

Este eje también considera la reducción de brechas sociales y ambientales desde la empresa privada, a través de la figura jurídica de la Sociedad BIC. Empresas de negocio que generan utilidades, mientras cumplen con su propósito social y ambiental, operando en un plan estratégico intersectorial, a través de alianzas con ONG, fundaciones y el Estado.

Por último, para mejorar los indicadores nacionales de empleo e informalidad laboral, algunas de las principales medidas incluyen una simplificación administrativa que proteja derechos laborales y una fiscalización laboral orientada al acompañamiento de la formalización. De igual forma, una declaración jurada de rentas, electrónica y anual, de todas las personas naturales y jurídicas del país, para favorecer la fiscalización.

Estas medidas, acompañadas de una protección social universal con seguro de salud, pensiones y desempleo, y mayor flexibilidad a la contratación, promoverán la formalización laboral en el país.

Desarrollo y Ambiente

Para el cuarto y último eje, las propuestas se centran en la seguridad alimentaria, el cambio climático, el transporte urbano y la gestión de residuos sólidos.

En primer lugar, proponen fortalecer la asistencia técnica de pequeños agricultores familiares y la calidad de servicios básicos en centros poblados rurales. Para esto buscan la creación de un sungabinete de desarrollo rural, liderado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego e integrado por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Para combatir el cambio climático, plantean dejar progresivamente un modelo que prioriza la extracción de recursos primarios y modificar la matriz energética nacional. Algunas medidas concretas incluyen el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente, la defensa a los defensores de derechos ambientales e implementar las recomendaciones de la OCDE y CEPAL en materia ambiental, lo cual necesita un fuerte consenso político de largo plazo.

En cuanto a movilidad urbana en Lima y Callao, los autores han establecido como prioridad un sistema único de recaudo entre distintos modos de transporte, un programa de bicicletas públicas integrado, zonas de baja velocidad para la seguridad peatonal e implementar las líneas 3 y 4 del Metro de Lima. De igual forma, plantean capacitar a inspectores urbanos y ampliar el sistema de información sobre rutas seguras y de densidad de tránsito.

Por último, para mejorar la gestión de residuos sólidos, los autores plantean crear una superintendencia nacional de residuos sólidos, así como autoridades provinciales que reduzcan la autonomía distrital en el manejo de residuos. A través de la diversificación de fuentes de financiamiento mediante alianzas con privados, así como la formalización de recicladores, se busca cerrar las brechas y promover una economía circular.

Debate nacional

Estas propuestas se presentarán y discutirán a profundidad entre el 2 y 5 de febrero, a través de seminarios virtuales organizados por Perú Debate 2021. El objetivo es poner a disposición de los partidos políticos una serie de propuestas que puedan ser adoptadas en sus planes de gobierno, en búsqueda de una mejor gobernabilidad en el siguiente periodo político.

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