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El viernes de la semana pasada el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, firmó, por decir lo menos, una polémica resolución. El magistrado consideró que no existen razones para denunciar penalmente al fujimorista Julio Gagó por el Caso Copy Depot.
Ayer se hizo pública esta disposición. Desde entonces, los comentarios y críticas no han cesado. Hay quienes sostienen que el fiscal no le dio, entre otras cosas, importancia a los audios que revelarían que Gagó usó esta empresa para licitar con el Estado.
¿Tuvo o no razones Ramos para mandar al archivo la investigación preliminar contra el congresista? El abogado del fujimorista, José Luis Castillo, indicó esta mañana que el fiscal, básicamente, consideró dos elementos de prueba para archivar este caso.
Lea la resolución de Ramos Heredia
El primero, según Alva, es que ninguno de los trabajadores de Jaamsa, empresa de Gagó, y Copy Depot, afirmaron que su patrocinado intervino en un proceso de contratación con el Estado. El segundo: el allanamiento a la empresa Copy Depot.
"En esa diligencia se recopiló cerca de 100 mil documentos. La fiscalía los evalúo con sus peritos y se determinó que la única relación que tiene Jaamsa, del congresista Gagó, con Copy Depot es una relación netamente comercial", dijo a Canal N.
Para el procurador anticorrupción, Christian Salas, sí ameritaba interponer una denuncia penal al parlamentario. Recordó que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), inhabilitó por 25 meses a Copy Depot en procesos de licitación.
"Efectivamente este indicio ya obra en la investigación, el mismo tribunal del OSCE lo sancionó por presentar información falsa al momento de participar en varios procesos", afirmó el abogado del Estado en declaraciones dadas a la TV Perú.
Agregó que existe documentación que acredita irregularidades en la administración de la referida empresa como en Jaamsa, y que además se cuenta con audios que un perito señaló que "no contienen diálogos o información adulterada".
Gagó está actualmente suspendido de su cargo luego de que el pleno del Congreso lo sancionara por 120 días, en junio, a raíz de un informe de la Comisión de Ética. En él, se sostiene que el fujimorista buscó eludir la Ley de Contrataciones del Estado.
