El presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Héctor Ventura (Fuerza Popular), consideró que el rol que tuvo su grupo de trabajo “fue fundamental para derrotar” el “castillo de mentiras” del gobierno anterior. También se pronunció a favor de polémica norma que limita la colaboración eficaz.
— La bancada de Fuerza Popular tuvo una votación dividida sobre la norma que limita la colaboración eficaz. ¿Qué fue lo que sucedió?
Desde mi punto de vista, lo que ha sucedido es que algunos congresistas que no son abogados no entendían la razón importante de esta norma, porque esta ley en realidad lo que está haciendo es darle seguridad, celeridad al proceso de investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces los colaboradores eficaces lanzan sus dichos, sus versiones, pero no hay un plazo razonable para que puedan adjuntar medios probatorios, ha habido momentos en que solo por un dicho han detenido a personas. Y mientras el colaborador no adjunte sus pruebas, se podía estar mucho tiempo en prisión.
Y en segundo lugar, ahora el fiscal tendrá la oportunidad de iniciar un proceso de investigación frente aquel colaborador que ha mentido en sus dichos. Es decir, que si en un tiempo razonable no se presenta una prueba o si sus declaraciones no son reales, el fiscal tendrá que iniciar acciones legales en contra de ese aspirante a colaborador, quien habría mentido por una intención de verse favorecido de esta figura política.
"Desde mi punto de vista, lo que ha sucedido es que algunos congresistas que no son abogados no entendían la razón importante de esta norma, porque esta ley en realidad lo que está haciendo es darle seguridad, celeridad al proceso de investigación"
— Por lo que expresa, usted está a favor de esa ley, pero en el pleno marcó en contra…
Yo estoy a favor de la ley, lo que sucede es que ha habido un error técnico al momento de digitar, yo he presentado un escrito a la Mesa Directiva para que mi voto se considere a favor y no en contra. Ha sido un error de sistema, uno técnico, esa ley está bien aprobada.
— La norma establece un plazo de ocho meses para concretar un acuerdo de colaboración eficaz. Y solo se puede prorrogar el plazo por cuatro meses más y ocho, si es por crimen organizado. ¿Este tiempo es suficiente? ¿Es realista?
Mire, como abogado litigante le digo que es el tiempo necesario para que el aspirante a colaborador eficaz pueda tener todas las pruebas a las que está haciendo referencia, insisto, a veces los colaboradores eficaces para no quedarse detenidos comienzan a lanzar dichos y hechos que no son ciertos. Y a raíz de ellos ponen en desgracia a otras personas. Ocho meses es un plazo razonable para que el colaborador adjunte medios probatorios. De esta manera se le da un debido proceso a la investigación preliminar. Otro punto importante de esta ley es que el fiscal va a tener la ayuda de la policía especializada en crimen organizado.
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— En el actual Congreso hay un buen número de parlamentarios que afrontan diversas investigaciones. ¿Esta polémica reforma no apunta a debilitar al Ministerio Público?
No, para nada, aquí se está tomando en cuenta el interés nacional de un debido procedimiento en la investigación preliminar, aquí no se trata de proteger a esos congresistas que están actuando al margen de la ley. Recuerde que cuando en la Comisión de Ética se ha blindado a estos congresistas, mi bancada, Fuerza Popular ha votado a favor de que se les sancione. Ya ustedes saben quiénes son esos congresistas que protegen [a los autores de] actos de corrupción.
— De otro lado, ¿cuál es el balance que usted realiza sobre sus acciones en la Comisión de Fiscalización?
Hemos sido efectivos, al 100%, porque de todas las mociones que ha ordenado el Congreso para actos de investigación desde la Comisión de Fiscalización hemos cumplido en todas. Inclusive, los informes de la comisión le permiten hoy al Ministerio Público realizar actos de investigación preliminar, cosa que antes no se hacía. Hoy nosotros hemos dado objetividad.
La Comisión de Fiscalización ha sido fundamental para derrotar a este castillo de mentiras de Pedro Castillo, quien estaba enquistado en actos de corrupción. La sesión del 7 de diciembre de 2022, cuando se conoció el testimonio de Salatiel Marrufo, ha sido determinante para que Pedro Castillo se vea acorralado por los actos de corrupción que habría cometido con exministros y empresarios, como Hugo Espino y Sada Goray. Castillo se vio acorralado y cometió la torpeza de pretender cerrar el Congreso inconstitucionalmente. La Comisión de Fiscalización ha servido para sacar adelante al país, que estaba pues lleno de actos ilegales encabezados por el expresidente Castillo.
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— ¿Piensa tentar una segunda reelección al frente de este grupo de trabajo?
Bueno, personalmente yo me siento preparado para cumplir retos importantes, pero la decisión de volver a postular o designarme como presidente de la Comisión de Fiscalización depende de Fuerza Popular, no de mi persona.
— ¿En qué quedó la solicitud de facultades para investigar la corrupción en el sector Vivienda, a raíz de los pagos hechos por la empresaria Sada Goray?
[…] Esta solicitud de facultades investigadoras ya ha sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Fiscalización y ahora compete a todos los congresistas en el pleno del Congreso seguir luchando en contra de estos actos de corrupción y que pueda ser aprobada en el siguiente pleno.
— La Comisión de Fiscalización ha recibido el testimonio de Salatiel Marrufo y también de ex funcionarios de la SNB. ¿Existen nuevos elementos que pueda compartir?
Por supuesto que sí, recordemos que la primera vez que Salatiel Marrufo mencionó que se había reunido con Mauricio Fernandini, en esta última declaración, él mencionó que no ha sido solo una reunión, sino varias con funcionarios del sector público. Entonces, en las próximas sesiones se tiene que seguir con estas indagaciones para preguntarle a Marrufo quiénes han sido esos funcionarios que se han reunido [con Goray] en el departamento de Fernandini. Asimismo, se ha podido recopilar la declaración de Cyntia Rudas, ella ha sido directora o superintendente de la SBN justamente cuando Marka Group logra traspasar, colocarse en esta institución.
Y Rudas ha manifestado que no solo se reunió con Goray, sino que de manera sorpresiva se ha encontrado en un café en Miraflores con otra de las que había formado parte de esta organización criminal como Pilar Tijero. Ella es una de las personas que habría estado coludidas para ingresar a realizar actos administrativos irregulares en la SBN. Han servido de mucho estas nuevas indagaciones. Pero cuando ya el pleno apruebe el pedido que hemos hecho se va a continuar con la investigación, y vamos a poder solicitar levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones. Inclusive, aquellos que no quieran acudir a la comisión se les podrá convocar de grado o fuerza.
“Ocho meses es un plazo razonable que el colaborador adjunte medios probatorios”, dijo Ventura. (Foto: César Campos | Archivo GEC)
— Marrufo ha reconocido que recibió S/4 millones de parte de Goray. Y refirió que parte de ese dinero terminó en manos del expresidente Pedro Castillo, por intermedio de Geiner Alvarado. ¿Tienen planificado tomar la declaración del encarcelado exministro?
Por supuesto que sí y no solamente es Alvarado, también hay otros personajes. Por ejemplo, Goray, Fernandini y Mesones. Este último trabajó en este gobierno. Es decir, si nosotros mencionamos en todo momento que vamos a luchar contra los actos de corrupción, cómo puede ser posible que se tenía trabajando [en el Estado] al ex esposo de Goray, quien se coludió con Alvarado para concretar actos irregulares a favor de Marka Group. Hay muchos personajes que van a tener que pasar por la Comisión de Fiscalización. Esperemos que el Congreso en la próxima legislatura nos pueda dar esas facultades.
— ¿Qué tan importante es la declaración de Alvarado?
Es que no solo es importante la declaración de Geiner Alvarado para que ratifique el testimonio de Marrufo, sino también para que declare qué otros ministros de Estado y funcionarios han estado coludidos para favorecer. No solo hablamos del Fondo MiVivienda, sino de instituciones como Sencico, Sunarp y SBN, entre otras. Todas estas entidades del Estado han servido para favorecer los diferentes proyectos de adjudicación de tierras que tenía Marka Group en el norte y centro del país.
— Goray, por medio de sobornos, sometió a diferentes instituciones del sector Vivienda. ¿Qué tipo de reflexión le genera este caso?
Lo que toca es realizar un control exhaustivo de las personas que están ingresando a ocupar cargos importantes [en el Estado], porque Goray penetró a las altas esferas del gobierno, llegó a ministros para realizar estos actos contrarios a la ley. Si vamos a designar a ministros y funcionarios, estos deben cumplir primero con un perfil técnico, deben tener la suficiente capacidad, conocimiento del cargo y valores. Muchas veces han designado a ministros que no cumplían con los requisitos, que no tenían la experiencia. Y entraban al gobierno para servirse. Hay que recordar cuando a Juan Silva le preguntaron por qué fue elegido como ministro de Transportes y Comunicaciones, y este respondió porque tenía brevete.
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— Hace unos días, usted anunció que se había iniciado investigación sobre los pagos que hizo EsSalud a Aionia Technology Corporation por S/41 millones. ¿Las pesquisas incluyen al primer ministro, Alberto Otárola?
Sí, lo que nosotros hemos realizado ya son actos de indagación. Nuevamente, nos hemos adelantado a lo que podía venir. Hemos solicitado a EsSalud recopilar datos de información necesaria para que una vez que nosotros vayamos estudiando esto, se cite al presidente ejecutivo de EsSalud y si cabe la posibilidad se debe llamar al primer ministro. Todo servidor debe acudir al Congreso cuando se trate de un asunto de interés público. Y es de interés público saber qué sucedió con esos S/41 millones.
— De los nueve congresistas denunciados por recortar el sueldo de sus trabajadores, tres han sido blindadas en la Comisión de Ética. ¿No cree que el Parlamento agrava la crisis política con estas polémicas medidas?
No pues, acá hay que ser objetivo, el Congreso no ha blindado a los congresistas “mocha sueldos”, es un sector de congresistas en la Comisión de Ética, de Acción Popular, Perú Libre y otros, que se han estado protegiendo entre ellos. Fuerza Popular ha votado en contra de que se les protegiera, aquí no hay que generalizar. No es el Congreso, sino un grupo de parlamentarios que lamentablemente sigue defendiendo estos actos de corrupción.
— Un sector refiere que luego de haber renovado el TC y elegido al defensor del Pueblo, el Congreso va detrás de los órganos electorales. ¿Usted está a favor de que se pueda acusar constitucionalmente a los jefes del JNE, ONPE y Reniec?
Mire, como bancada nosotros no hemos tomado ninguna decisión. En su momento, Keiko Fujimori ha reconocido la decisión emitida por el JNE, a pesar de que denunciamos actos irregulares. Eso no queda que si existieran actos irregulares dentro de estos actos, inmediatamente se deben realizar investigaciones preliminares.
A título personal, yo creo que frente a noticias de índole penal, yo creo que se debe iniciar investigaciones. Si mañana tenemos conocimiento de que en el JNE u ONPE se han dado actos contra la ley, perfectamente se debe iniciar investigación en todas las instancias y sancionar de acuerdo a ley. En la comisión que presido jamás hemos tenido intocables.
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— El Congreso ejerció una fuerte fiscalización al gobierno de Castillo, pero no se percibe lo mismo con la administración Boluarte…
La ley es para todos, desde la Comisión de Fiscalización, nosotros hemos iniciado investigación sobre el pago hecho por EsSalud, recuerde que la comisión tiene la obligación de continuar con la pesquisa. Por ello, es que se ha aprobado una solicitud de moción de investigación. El próximo pleno tiene la obligación de darnos las facultades. Tenemos que esperar a la nueva legislatura. Desde mi trabajo que no quede duda que vamos a realizar un control [a este gobierno]. Tenga la seguridad de que será así.
