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La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley que busca que el Ejecutivo denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y, en consecuencia, abandone la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La iniciativa -impulsada por el congresista Jorge Montoya- cuenta con el respaldo de otros miembros de su bancada como Milagros Jáuregui, José Cueto, Jorge Zeballos, Miguel Ciccia y Noelia Herrera.
El proyecto busca que, con su aprobación, el presidente de la República se pronuncie en un plazo de 30 días y exponga ante el Congreso si denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos o si es que la respalda.
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Jorge Montoya busca obligar al Ejecutivo a tomar posición sobre la CADH.
Montoya cita el artículo 57 de la Constitución, donde se precisa que es competencia exclusiva de la Presidencia de la República el firmar tratados internacionales como la CADH. A pesar de esto, señala que el Poder Legislativo podría obligar al presidente a denunciar la convención porque el jefe de Estado se encuentra obligado a hacer cumplir las leyes.
“Si bien es verdad que la denuncia del tratado es una competencia exclusiva y excluyente del Presidente de la República, ello no es un obstáculo para que el Congreso de la República, mediante ley aprobada por el pleno, dicte una ley expresa con mandato obligatorio para el Presidente de denunciar la CADH”, señala el texto.
Incluso advierte que si se aprueba la ley por insistencia tras haber sido observada por el Gobierno, y aún así la presidencia no denuncia la convención, podría ser denunciado constitucionalmente.
El portavoz de Renovación Popular resalta que denunciar a la CADH permitiría abandonar los fueros de la Corte IDH ya que el Perú tiene un sistema de justicia consolidado.
Específicamente, señala que dejar la convención americana permitiría al país legislar sobre la pena de muerte como “mecanismo disuasivo para combatir la delincuencia y al crimen organizado”.
Con esto, indica expresamente que se buscaría implantar la pena de muerte para delitos como sicariato, violación de menores, terrorismo y feminicidios.
