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El martes, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, amenazó con presentar una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. La justificación son los audios de Karem Roca, exasesora del presidente Martín Vizcarra.
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“Lo que sí me llama la atención, luego de haber escuchado los audios adicionales a los que yo presenté el jueves en el pleno, es el audio en el que se dice que hubo una coordinación entre el señor Martín Vizcarra, Mirian Morales y la fiscal de la Nación. Y en realidad coinciden las fechas”, señaló Alarcón.
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¿De qué fechas habla el excontralor? De la presentación de las denuncias constitucionales en su contra por parte de la Fiscalía de la Nación. “Hubo el Consejo de Estado, creo que el 9 de julio. Según Karem Roca, le dijeron a la fiscal de la Nación ‘es incómodo para nosotros Edgar Alarcón’, ‘es incómodo para nosotros el señor Chehade’. Y a los cinco días, el 14 de julio, llegan al Congreso las denuncias constitucionales contra Edgar Alarcón. Coinciden las fechas, el correlato está clarísimo”, añadió.
La fiscal de la Nación ha presentado tres denuncias constitucionales contra Alarcón por investigaciones en proceso, pero la correlación de hechos no coincide con lo que señaló el legislador.
Este Diario informó que las denuncias por enriquecimiento ilícito y peculado fueron presentados el 9 de julio por la mañana, antes de la reunión del Consejo de Estado. El 14 de julio se presentó la tercera demanda, por cohecho pasivo propio.
Alarcón también dijo que estaba evaluando la documentación para presentar “una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación”. Pero hay un inconveniente para sus fines: Alarcón integra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Según el artículo 89 del reglamento del Congreso, “los congresistas que integran la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales están impedidos de presentar denuncias constitucionales”.
En los últimos días, Alarcón ha estado bastante interesado en el avance de sus denuncias.
Acercamiento a la subcomisión
Luego de que las denuncias contra Alarcón ingresaron al Congreso, se deben remitir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Según el reglamento del Parlamento, estas tenían que ser calificadas en 10 días hábiles antes de pasar a debatir el fondo del asunto. Pero la pandemia y las sesiones no realizadas han retrasado estos procesos.
En el plan de trabajo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales había acordado darle prioridad al trámite de los casos que provengan de la Fiscalía de la Nación contra autoridades con mandato vigente. Los casos de Alarcón encajan en este perfil y, además, son emblemáticos.
El 3 de setiembre, Alarcón envió un oficio al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Luis Roel (Acción Popular), para acreditar a su abogado: el acciopopulista Marco Gustavo Acurio Valdivia. Aunque la elección del defensor produce sospechas, Roel señala que Acurio no se ha comunicado con él para pedir un trato diferenciado. “Aunque sea un militante de Acción Popular o un congresista en funciones, todos son tratados por igual”, dice Roel.
Una semana después, el 8 de setiembre, Acurio se acercó a la oficina de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales junto a dos personas del despacho de Alarcón, según fuentes de este Diario. Ellos señalaron que querían tener acceso a la lectura del expediente de las acusaciones contra el legislador de UPP.
Pero eso no se podía realizar, pues no se puede dar a conocer estos documentos hasta que termine la etapa de calificación en la que se declara la procedencia de la denuncia. El procedimiento, señalado en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, dice que si el informe es admitido, primero la Comisión Permanente establecerá un plazo para hacer las investigaciones, y recién después se notifica al denunciado. Las denuncias contra Alarcón aún no llegan a esta fase.
El 9 de setiembre, Alarcón envió otro oficio en tono de queja porque no se le había notificado sobre las denuncias que se hayan interpuesto en su contra. Allí reclama por la conducta de los trabajadores del despacho, pese a que estos les informaron sobre los procedimientos formales a seguir.
Al día siguiente de la presentación de esta carta, el 10 de setiembre, Alarcón presentó los audios de Vizcarra ante el pleno del Congreso.
El proceso de Alarcón tiene una complicación: es miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero el reglamento no lo obliga a inhibirse para votar la calificación de un caso en el que está involucrado, explica Roel. “Sería bueno que él mismo se inhiba y no espere que alguien lo solicite”, añade el legislador.
El Comercio intentó sin éxito comunicarse con Edgar Alarcón.
Más datos:
Alarcón no es el único que ha hecho este tipo de pedidos. Los excongresistas Daniel Salaverry y Javier Velásquez Quesquén también han presentado pedidos de este tipo, pese a que sus expedientes aún no han sido calificados.
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