En la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la congresista María Cordero Jon Tay este jueves 9, por recorte de sueldo a un trabajador, se detallan las manifestaciones de un colaborador eficaz y de testigos que confirman que la legisladora utilizó a un asesor como su chofer personal.
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El colaborador eficaz indica que Cordero y Braden Paredes Calla, sindicado como intermediario en el sistema de recorte de sueldo, se reunieron y tuvieron conversaciones, desde enero del 2022, para designar a un asesor en la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango Tumbes.
De acuerdo con esa versión, Paredes Calla le planteó en una de las reuniones el nombre de Rafael Cabrejos Vela. La legisladora le hizo saber que pretendía recortarle el sueldo y que, en la práctica, sería su chofer personal.
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“Cuando Paredes Calla entrega el CV de Rafael Cabrejos Vela a la congresista [...], ella le manifiesta que el trato es que, siendo el sueldo de asesor de aproximadamente S/. 10,500.00 soles, que le proponga al señor Cabrejos Vela entregarle a ella el 50% de su sueldo (a través de Braden Paredes), atendiendo a que no tenía experiencia siendo asesor y básicamente su labor consistirá en movilizarla (chofer) y realizar algunas labores de asistente”, señaló el colaborador eficaz, según el documento del Ministerio Público.
En tanto, Diego Francisco Málaga Bonilla, auxiliar del despacho congresal de María del Pilar Cordero Jon Tay; Yanira Sandra Paredes Coronel, técnico del despacho de la legisladora; Jorge Guillermo Buller Vizcarra, asesor I de la Comisión Especial Multipartidaria Puyango Tumbes; y César Iglesias Ferrer, asesor I de la Comisión Especial Multipartidaria Puyango Tumbes coincidieron en que Rafael Cabrejos se encargaba de trasladar a la parlamentaria a sus actividades personales.
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El pasado 13 de agosto, este Diario reveló que la congresista María Cordero empleó como su chofer personal a un asesor parlamentario, según delató su cómplice, Braden Paredes Calla, exfuncionario congresal, ante una comisión disciplinaria del Parlamento.
Se trata del mismo asesor a quien le recortaba el 50% del sueldo, como denunció el programa “Punto final” en abril pasado.
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