La Mesa Directiva del Congreso- presidida por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso)- aprobó en su sesión del 11 de diciembre último un acuerdo, a través del cual autorizaron a la Dirección General de Administración (DGA) de la institución la compra de 35 tarjetas electrónicas de consumo.
Estas tarjetas serán repartidas “a título de liberalidad durante diversos eventos”, como el Día del Trabajo, Día de la Madre, Día del Padre “y otras actividades sociales de la Mesa Directiva”, remarca el documento, al que tuvo acceso El Comercio.
Además, los congresistas Soto, Arturo Alegría (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Roselli Amuruz (Avanza País) dispusieron que la DGA “organice la distribución, realice la supervisión y control de los requerimientos y entrega de las tarjetas electrónicas de consumo”, con cargo a darles cuenta.
El desembolso que haría el Parlamento por las 35 tarjetas sería de S/59,500 si cada una de estas equivale a S/1.700, como las que repartieron por Navidad.
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Otro punto del acuerdo ordena que se otorgue el aguinaldo navideño de este año al personal de la División de Seguridad del Congreso de la Policía Nacional (DIVSECON PNP) que haya ingresado a prestar apoyo a la institución con anterioridad al 2 de setiembre.
Aguinaldos y bonos
A mediados de diciembre, se conoció que la Mesa Directiva aprobó la entrega de tarjetas electrónicas correspondientes al “aguinaldo navideño de fin de año”, cada una por S/1.700. Este beneficio comprendió a todos el personal del Servicio Parlamentario, “independientemente de su régimen laboral”, y a los congresistas.
De acuerdo a un análisis realizado por El Comercio, el monto que se desembolsó por ese aguinaldo fue de más S/6′500.000.
La mayoría de congresistas (algunos devolvieron ese dinero) recibió en total un beneficio económico de más de S/43.000 solo en diciembre de parte del Estado, tomando en cuenta su sueldo, su gratificación y aguinaldo, así como el bono por semana de representación y por desempeño laboral.
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La tarjeta de consumo se suma al “bono extraordinario” que en noviembre ya habían girado a favor de los trabajadores activos del Congreso y en donde se incluyó, como parte de los beneficiarios, a los legisladores. Este bono ascendió a 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a casi S/10.000.
Este Diario, en ese momento, reveló en un informe que el Parlamento desembolsó más de S/33′200.000, y que el mismo abarcó también a los cinco parlamentarios andinos, por los cuales se pagó S/49.500 en bonificaciones.
“Dilapidando” recursos públicos
El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, consideró que la compra de nuevas tarjetas de consumo representa “una clara dilapidación de recursos públicos” por parte del Congreso. Agregó que diferente es dar una tarjeta de consumo por Navidad a los trabajadores y otra es “jugar a ser Papá Noel” y adquirir más “para realizar sorteos”.
“Es muy raro este acuerdo y debería investigarse, hay una oficina de control interno de la contraloría en el Parlamento. ¿Para eso se utilizan los recursos públicos en una coyuntura de recesión?”, manifestó en comunicación con El Comercio.
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Rospigliosi remarcó que a pesar del reparto de “bono de manera ilegal”, el Congreso no ha ejecutado el 100% de su presupuesto. “O les sobra la plata o son ineptos en el gasto”, complementó.
De acuerdo al portal de Transparencia del Parlamento, este poder del Estado ha ejecutado el 91,8% de su presupuesto de este año. A la fecha, le queda un saldo de S/76′687,564.
El ex oficial mayor del Congreso José Cevasco refirió que el Congreso debe “sopesar” sus decisiones de cara a la realidad del país.
“Legalmente, no hay problema [con la compra de estas tarjetas], pero la forma en que la opinión pública recibe este tipo de medidas no es la mejor para la imagen del Parlamento”, expresó a este Diario.
El Comercio intentó comunicarse con Alegría y Cerrón, segundo y tercer vicepresidente del Congreso, respectivamente, pero no respondieron a nuestras llamadas.
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