Congreso blinda a trabajadores de Alejandro Soto que atacaron a rivales | INFORME

No solo el presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), se libró en la Comisión de Ética Parlamentaria de enfrentar una investigación por los ataques que se realizaron desde su oficina a otros legisladores en las redes sociales, sino que los trabajadores que montaron este “troll center” también fueron blindados.

El Departamento de Recursos Humanos del Parlamento detalló a El Comercio que “no obra expediente que disponga abrir proceso administrativo disciplinario” en contra de Sandra Rodríguez Vargas, Julio Castillo Calizaya, Eduardo Quezada Yepes, Phenélope Contreras Cabezas y Edgar Gamarra Masco [ver documento]. Este último ya no labora en el referido poder del Estado.

De acuerdo a “Cuarto Poder”, ellos- bajo la dirección de Rodríguez Vargas, principal asesora de Soto- coordinaron y desarrollaron acciones destinadas a mejorar la imagen política del apepista en redes sociales, lo cual incluía atacar a sus opositores mediante cuentas falsas, así como eliminar los comentarios de sus detractores. Todo esto habría sido en horario laboral.

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En una serie de chats se evidencia que los trabajadores del ex conductor de “Ronda Política” agraviaron a los congresistas Luis Aragón (Acción Popular), Guido Bellido (Perú Bicentenario), y Katy Ugarte (Unidad y Diálogo) por medio de cuentas “troll” en X (antes Twitter). Todos ellos son representantes de Cusco, la misma región de la que proviene el actual titular del Poder Legislativo.

Por ejemplo, el 23 de noviembre Quezada Yepes ordenó “hacer notar” la ausencia de Aragón en una sesión de la Comisión de Transportes y Comunicación. También ironizó sobre Bellido al llamarlo “zorrito run run” y solicitó remarcar que Ugarte “jaló siete veces su examen de docencia”.

A su turno, Rodríguez le reclamó a Phenélope Contreras por los falsos usuarios para atacar a los legisladores mencionados: “Penélope, las cuentas por favor”. “Ok, doctora”, fue la respuesta.

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También cuestionario a Ruth Luque (Cambio Democrático-JP) por haberse retirado de una sesión de la Comisión de Ética, donde se votó y archivó una denuncia del ex gobernador regional del Cusco contra Soto. Este último había azuzado a violencia en su contra en el programa que tenía en CTC.

“Esos lápices se pasaron después q nuestra bancada le salvó la vida a ese sombrero luminoso. El doctor me dice que anotemos las placas y que su firma no va en el proyecto de ley de la Luque”, refirió Rodríguez en la conversación.

El Congreso- tras una solicitud realizada al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública- señaló que a través de la Resolución N°829-2023-DHR/DGA/CR se resolvió que no existía mérito para iniciar proceso administrativo disciplinario contra los cinco trabajadores de Soto mencionados líneas arriba.

Ascenso confirmado

El Parlamento, de otro lado, también confirmó que Rodríguez Vargas y Castillo Calizaya no solamente se salvaron de un proceso administrativo disciplinario, sino que también fueron ascendidos por Soto. El apepista los llevó a la Presidencia del Congreso como sus asesores, lo que implicó un aumento en sus remuneraciones.

Por ejemplo, Vargas pasó de ganar S/10,975, como consejera del cusqueño en su oficina, a S/13,415 como su asesora en la Mesa Directiva.

Castillo Calizaya sucedió lo mismo, luego de pasar de la bancada de APP a la máxima instancia del Parlamento.

Este último era parte del chat de Soto. El 30 de junio de 2021, advirtió que un tipo en la oficina de la congresista Edith Julón (APP) le contó que ella estaba a punto de presentar un proyecto de ley similar a uno que tenía listo el cusqueño. Con esa información, el ex conductor de TV podía adelantar su iniciativa.

Fuentes cercanas al Parlamento indicaron que el Departamento de Recursos Humanos de la institución contaba con los elementos para no solo abrir proceso disciplinario a los trabajadores de Soto, sino también para sancionarlos. Agregaron que es muy probable que haya existido “impunidad por extensión”, en referencia a que el presidente del Congreso fue protegido en la Comisión de Ética y sus colaboradores en el plano administrativo.

Las mismas fuentes remarcaron que Carlos País Vera, jefe del Departamento de RR.HH. del Congreso, es muy cercano a la familia Acuña. En el 2019, fue jefe de la oficina de Administración del proyecto Chavimochic, cuando APP tenía el gobierno regional de La Libertad.

“Estos trabajadores han usado recursos y tiempo del Estado para hacer una guerrita política en redes sociales”, acotaron.

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Al respecto, el congresista Luis Aragón (Acción Popular) recordó que a fines de agosto le solicitó- junto a Luque y Bellido- a Soto retirar del Congreso a los trabajadores implicados en el “troll center”. No obstante, lamentó que a tres meses y medio de su pedido no haya habido si quiera una sanción administrativa disciplinaria contra ellos.

“Esto no es posible, aquí se está violando no solo el reglamento del Congreso, sino también los términos de un contrato de trabajo, tiene que haber medidas sancionadoras. Voy a conversar con los congresistas Luque y Bellido y ver qué decisión tomamos”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Aragón refirió que debe haber mayor “transparencia y justicia” de la administración Soto y que estos asesores no pueden faltarles el respeto a otros congresistas y quedar impunes.

Este Diario intentó comunicarse con la congresista Luque, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

El punto de vista

Por su parte, el abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, consideró que la investigación que afronta el presidente del Congreso en el Ministerio Público por presunta concusión por este caso debe ser ampliada a peculado de uso. “Ellos han usado las oficinas del Parlamento, su infraestructura y a sus trabajadores para funciones alternas, para proselitismo personal”, añadió en diálogo con este Diario.

Rospigliosi indicó que Soto pasará a la historia “como uno de los titulares del Parlamento con peor reputación”.

“Como no tenía apoyo, lo ha comprado con viajes, con mayor personal, y eso lo demuestra el blindaje interno a sus trabajadores y para él. El nuevo fiscal de la Nación tiene tareas que hacer, empezar a investigar a Los Niños blindados por su antecesora”, remarcó.

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El abogado Martín Cabrera, experto en derecho parlamentario, afirmó que por “lo menos” debió haberse iniciado un proceso disciplinario en contra de los trabajadores de Soto. Esto para definir con claridad si utilizaron las computadoras del Congreso para crear cuentas falsas y atacar desde ahí a otros legisladores, así si estas acciones se dieron en horario laboral.

En comunicación con El Comercio, Cabrera indicó que respecto a los calificativos que los colaboradores del congresista cusqueño utilizaron para referirse a otros parlamentarios, se tuvo que determinar hasta dónde iba los límites de la libertad de expresión de estos.

Más información

De las tres indagaciones que enfrentó Soto en la Comisión de Ética, solo una pasó a investigación preliminar. No obstante, esta última causa pasó al archivo, tras un nuevo blindaje a favor del apepista. Este proceso contra el cusqueño fue por haber votado a favor de la llamada “ley impunidad”, que le permitió evitar ir a juicio oral por presunta estafa en la Ciudad Imperial.

El 22 de setiembre último, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) conformó una comisión investigadora sobre los presuntos plagios en las tesis de maestría y doctorado del titular del Parlamento.

A mediados de noviembre, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides decidió ampliar el plazo de la pesquisa contra Soto por el presunto delito de concusión por 60 días más. Esto debido a que aún existe información que el Parlamento no le ha hecho llegar.

Contreras Cabezas hasta la fecha continúa laborando como “técnica” en la oficina congresal del integrante de Alianza para el Progreso con un sueldo de S/6.245. Esto a pesar de estar comprendida en la pesquisa en calidad de cómplice.