Benavides, JNJ y Chirinos: ¿Cuál es la agenda pendiente de la Subcomisión de Acusaciones del Congreso?

Tras el cierre de la legislatura a mediados de diciembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso —que preside la legisladora Lady Camones (Alianza para el Progreso)— recien sesiona este martes 16 de enero. Tiene en su agenda una serie de denuncias claves que abarcan a los altos funcionarios del Estado, incluso a la propia presidenta de la República, Dina Boluarte, las que deberán ser procesadas a lo largo de este año que empieza.

Especialistas consultados por El Comercio explicaron que la subcomisión puede sesionar con normalidad durante el receso parlamentario y continuar revisando las denuncias que tiene en su acervo y, de ser el caso, elevarlas a la Comisión Permanente, que también puede continuar con sus actividades. Sin embargo, en caso de tener una denuncia procedente, aún tendría que esperarse a la convocatoria de un pleno, la máxima instancia.

El exoficial mayor del Congreso José Cevasco advirtió que “la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene los plazos que establece el reglamento del Congreso, que en ningún momento se interrumpen”.

“Cualquier comisión en el periodo de receso puede reactivarse y retomar el programa que tienen, el plan de trabajo y convocar a sesiones extraordinarias para, de considerar lo necesario, avanzar en algún tema”, resaltó Martin Cabrera, abogado consultor en gestión pública y asuntos parlamentarios.

Cabrera acotó que “todo está en función a que los miembros así lo determinen” pues si bien “el presidente es el que convoca, esto que puede parecer una sutileza o algo menor, no lo es. Si no logra quórum para validar la convocatoria, no tiene sesión”.

La presidenta de la subcomisión, Lady Camones (Alianza para el Progreso), no aceptó una entrevista con este Diario. Sin embargo, sí adelantó que este martes convocará a una sesión a las 8:00 a.m.

El 28 de noviembre, la presidenta de la subcomisión, Lady Camones, dio cuenta de la denuncia que presentó la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas en las protestas sociales de diciembre de 2022 e inicios de 2023 en contra de su gobierno.

Benavides anunció la presentación de esta denuncia en un video televisado, horas después de conocerse el caso Valkiria, en el que fue señalada como presunta cabecilla de una organización criminal enquistada al interior del Ministerio Público.

“Continuaremos con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables de las trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre del 2022 y marzo de este año, así como todos los casos emblemáticos de los que se hace cargo el Ministerio Público”, dijo Benavides.

En la denuncia, también fueron incluidos presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, en su condición de exministro de Defensa; y a los exministros del Interior, César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández. Y se da por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves.

Tras haberse dado cuenta de las denuncias, aún está pendiente de que la subcomisión emita un informe de calificación y procese la denuncia.

También se encuentran en el tintero las dos denuncias que presentaron la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y el legislador Elías Varas (Perú Bicentenario), respectivamente, en contra de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Ambas abordan los presuntos actos ilícitos en los que habría estado inmersa y que se destaparon con la Operación Valkiria V, en donde se detuvo a su mano derecha, su exasesor Jaime Villanueva.

Luque denunció a Benavides por presuntamente haber vulnerado los artículos 39, 43, 139, 158 y 159 de la Constitución Política, así como por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

En tanto, el congresista Varas la acusó de infringir el artículo 39 de la Carta Magna, “al haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento real y obstrucción a la justicia”.

A nivel de la subcomisión, también se han dado cuenta de ambas denuncias y están pendientes de ser calificadas.

3. Patricia Chirinos y los chats de WhatsApp

También a fines de noviembre, la congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) presentó una denuncia constitucional en contra de la parlamentaria Patricia Chirinos (Avanza País), luego de haber sido mencionada en los chats de WhatsApp de Jaime Villanueva, el principal asesor de Benavides.

La denuncia señala que Chirinos habría vulnerado el artículo 39 de la Constitución y habría incurrido en el presunto delito de tráfico de influencias, “por el rol que habría cumplido como supuesta operadora política” de la red criminal que habría encabezado Benavides y que habría negociado votos. Igualmente, la denuncia está pendiente de calificación.

En la última sesión de la subcomisión del 2023, se llevó a cabo la audiencia de la denuncia que presentó el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) en contra de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por presuntamente infringir la Constitución.

En la sesión se presentaron tanto Montoya, los abogados de los funcionarios denunciados, así como también testigos del caso como el expresidente del Poder Judicial José Luis Lecaros y el exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez, exintegrantes de la comisión especial que eligió a los integrantes de la JNJ.

En este caso, quedó pendiente que el congresista delegado Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario) emita un informe, el cual una vez presentado deberá ser evaluado por la subcomisión y elevado a la Comisión Permanente.

Esta denuncia corre en paralelo a la moción para su remoción “inmediata” que promueve el mismo grupo parlamentario ante el pleno del Congreso, la cual también quedó pendiente de su resolución.

Otras de las denuncias que se tienen pendientes son las que se formularon en contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), tras disponer la excarcelación del condenado exmandatario Alberto Fujimori, luego de haber restituido el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

El legislador Jaime Quito (No Agrupado) denunció a los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco, Luis Gutiérrez Ticse y Helder Domínguez Haro por infracciones a tres artículos de la Constitución y por presunto prevaricato y rehusamiento de funciones, “contraviniendo” lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y al considerar de “ilegal” el indulto a favor de Fujimori.

Por su parte, Ruth Luque (Cambio Democrático – JP) también presentó otra segunda denuncia en contra de los magistrados Francisco Morales, Luis Gutiérrez Ticse y Luz Pacheco por presuntamente haber infringido tres artículos de la Constitución “y por los presuntos delitos de instigación al prevaricato y prevaricato”.