Con 89 votos a favor y una abstención, el Pleno del Congreso rechazó el informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre el gobierno regional de Áncash, que no encontraba responsabilidad penal en el presidente regional, César Álvarez, y en sus funcionarios por una serie de casos de corrupción.
En cambio, se dispuso que los actuados sean enviados a la comisión parlamentaria que investiga la existencia de una red de crimen organizado en Áncash.
De igual manera se aprobó enviar a la Fiscalía de la Nación el informe de la Comisión de Fiscalización sobre casos de corrupción del gobierno regional de Cajamarca, cuyo presidente es Gregorio Santos.
Durante el debate, los congresistas Manuel Dammert y Rosa Mavila, de Acción Popular-Frente Amplio (AP-FA), defendieron a esta autoridad regional. “Hay sectores que quieren cuestionar el proceso de descentralización”, dijo Dammert.
Los informes, en realidad, son uno solo. Aunque fueron aprobados en junio del año pasado, fueron incluidos la semana pasada en la agenda del Pleno, luego de que la fiscalía denuncia penalmente a Gregorio Santos por corrupción, y el Poder Judicial ordenara la detención de César Álvarez.