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El congresista de Concertación Parlamentaria Javier Velásquez Quesquén rechazó hoy las imputaciones del ex titular de la megacomisión, Sergio Tejada, durante la sustentación del informe final del caso 'narcoindultos'.
Según el aprista, no se le puede imputar a Alan García el favorecimiento a mafias delictivas como señala dicho informe, pues la modificación de penas venía del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo .
"Es falso que dolosamente se hayan modificado las penas en el gobierno de García. En el gobierno de Toledo se dio la reducción de la pena privatida de libertad. Al amparo de esta norma fue que el gobierno aprista actuó. No fue ningún régimen de justicia paralela, sino que respondía a una política de despenalización", explicó a la hora de negar que García haya infringido la Constitución Política.
Según señaló, el segundo gobierno aprista no dio gracias presidenciales a cabecillas de organizaciones criminales, pues según la sentencia penal, éstos no eran catalogados como tales, habiendo recibido sentencias por un tiempo menor de 25 años.
"Este informe induce a errores. Esta gracia no se le puede dar a cabecillas, y este concepto es determinado por el Poder Judicial, cuya discrecionalidad no es absoluta. En ninguna parte de las sentencias judiciales de los casos esgrimidos por la comisión de investigación se les imputa como cabecillas de organizaciones delictivas. ¡Lo imputado por la comisión de Tejada es falso!", exclamó.
En otro momento de su intervención, Velásquez Quesquén mencionó que el gobierno de Ollanta Humala también ha otorgados gracias presidenciales a integrantes de redes delictivas de narcotráfico. "(...) y nosotros vamos a demostrarlo con pruebas fehacientes, como el aporte financiero de dinero ilegal", señaló.
El legislador denunció que en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) figura que Carlos Morales, investigado por lavado de activos, aportó S/.200 mil al Partido Nacionalista.
ACUSACIÓN POLÍTICA
Velásquez Quesquén insistió que las acusaciones contra García tienen carácter político.
"(...) la megacomisión ha sido montada para inhabilitar electoralmente a un adversario político. No han esgrimido argumentos jurídicos sino reportes periodísticos sobre el gobierno de García Pérez. ¿Quién dice que los criterios de conciencia son incompatibles con razones objetivas, como se esgrime en las conclusiones?", afirmó.
