Toque de queda: orden de inamovilidad nocturna es constitucional, afirman especialistas

La decisión del Ejecutivo de decretar orden de inamovilidad de 8 de la noche a 5 de la mañana por el coronavirus (COVID-19) se encuentra dentro de los parámetros constitucionales, según tres abogados especialistas en esa materia consultados por El Comercio. Señalaron que la medida se encuentra dentro del marco del Estado de Emergencia dictado el domingo pasado.

“Están suspendidas las garantías constitucionales sobre la libertad personal, la libertad de tránsito, la inviolabilidad del territorio. En esa situación de emergencia, el Ejecutivo puede dictar una serie de medidas como es la inamovilidad o toque de queda para garantizar el cumplimiento de los fines que contempla la cuarentena”, explicó Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional.

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“Con cargo a revisar el texto, lo que ha dicho el presidente es una norma complementaria al Estado de Emergencia dictado el día domingo. Debe darse la justificación desde el punto de vista sanitario y cómo se está dando el acatamiento de medida por parte de la población para restringir aún más la libertad de tránsito”, indica Elena Alvites, docente de derecho constitucional en la PUCP.

En conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra anunció que a partir de hoy se aplicará la “inmovilización social obligatoria desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana para todas las personas sin excepción”.

“Ya nadie podrá circular en ese horario. Tomamos esta decisión porque el perfil de los nuevos infectados son jóvenes que estuvieron en eventos sociales nocturnos en vez de respetar la cuarentena. Todos debemos respetarnos. Cuidémonos a nosotros mismos, a nuestras familias, al prójimo”, exclamó el mandatario.

Urviola y Alvites señalaron que la medida se justifica en tanto la situación amenaza gravemente la vida de los peruanos.

Según ambos especialistas, los profesionales exceptuados en el decreto supremo del domingo –personal de salud, abastecimiento de alimentos, medios de comunicación, etc– deberían transitar con un salvoconducto, que podría ser indicado en el decreto que se emita para oficializar esta medida.

Raúl Ferrero, abogado constitucionalista, indica que si bien se debería gestionar un salvoconducto, este trámite no debe ser burocrático, pues nos encontramos ante una emergencia.

Para él, las medidas son rigurosas pero necesarias porque lo que se quiere es combatir el coronavirus. Ferrero explica que lo que prima es la protección de la salud pública, derecho constitucional reconocido en la Constitución, por encima de la libertad de tránsito.

Detenciones serán legales

Indicaron, además, que la detención de personas que violen la restricción de tránsito en el horario establecido será constitucional. “Las disposiciones emitidas por la emergencia para la cuarentena han establecido penalidades para aquellos que pongan en riesgo la salud pública”, explica Urviola.

Alvites señaló que la aplicación de las detenciones debe guardar un criterio de razonabilidad para proteger a las personas que tienen que movilizarse por emergencias, como accidentes domésticos o protección de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Las personas que sean detenidas serán puestas a disposición de la fiscalía, la cual evaluará si corresponde acusar por la comisión de un delito. “Acá lo único que se está afectando es el derecho de circulación, nada más. Si una persona tiene que movilizarse por un tema de salud, no hay ninguna restricción (…) Tiene que haber flexibilidad porque no por establecer mayor rigurosidad se va a dejar de atender la salud de cada persona”, señala Ferrero.

Los especialistas resaltan que los derechos fundamentales no se afectan con las medidas tomadas por el gobierno, salvo aquellas sobre libertad de movimiento.

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