¿Por qué delitos se evalúa la prisión preventiva de Susana Villarán?

El Poder Judicial analiza el pedido de la fiscalía para que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, afronte bajo prisión preventiva la investigación preparatoria que se sigue en su contra por la recepción de presuntos aportes ilegales de Odebrecht y OAS que alcanzaron los US$10 millones.

Para ello, el fiscal Carlos Puma Quispe ha determinado que, de lo avanzado en la investigación, existen elementos de convicción que demostrarían tres presuntos delitos cometidos por Villarán de la Puente, durante su gestión municipal.

-Los dos brazos de la organización-

Según el documento fiscal al que accedió El Comercio, a Susana Villarán se le imputa el delito de asociación ilícita por presuntamente haber dirigido una organización delictiva que tenía dos brazos.

“Uno de ellos al interior de la Municipalidad de Lima [a través de funcionarios y ex funcionarios] y el otro [brazo] vinculado a la izquierda peruana, ello en el período 2012-2015”, indica el fiscal Puma en su requerimiento.

La mención a ex funcionarios hace referencia al ex gerente municipal José Miguel Castro y al ex funcionario municipal Gabriel Prado.

El segundo brazo hace alusión a los partidos de izquierda Fuerza Social y Diálogo Vecinal.

“Del mismo modo, Villarán de la Puente, junto a su gerente Castro Gutiérrez, habrían dispuesto de personal y ex personal de la Municipalidad de Lima y personas vinculadas a las agrupaciones políticas de izquierda Fuerza Social y Dialogo Vecinal para efectivizar sus actividades ilícitas tendientes a camuflar el dinero maculado de las empresas Odebrecht y OAS”, se sostiene en el documento.

El objetivo, indica la fiscalía, era continuar en el poder al mando de la Municipalidad de Lima; para tales efectos, Villarán de la Puente habría -a través de su organización ilícita- cometido actos de corrupción de funcionarios y lavado de activos.

-Cohecho pasivo propio-

La fiscalía también le imputa el delito de cohecho pasivo propio pues en su calidad de alcaldesa de Lima, por intermedio de su gerente José Miguel Castro, solicitó a los empresarios de Odebrecht y OAS “dinero para financiar su campaña política por la No Revocatoria y con ello poder quedarse en el poder”.

Es por ello que a Castro Gutiérrez también se le imputa el delito de cohecho pasivo y lavado de activos, pues habría sido él quien negoció que Odebrecht entregue US$3 millones y OAS pague US$7 millones.

A cambio de ello, sostiene el fiscal, Villarán incumplió sus obligaciones funcionales de defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad por presuntamente haber perjudicado a los proyectos Vías Nuevas de Lima (en relación a Odebrecht) y Línea Amarilla (en relación a OAS).

-Lavado en campañas-

El tercer delito imputado contra Susana Villarán es el de lavado de activos, por haber dirigido el presunto dinero ilícito -proveniente de la Caja 2 de Odebrecht y de la Controladoría de OAS- que habría logrado a través de presuntos actos de corrupción al pago de servicios de marketing para sus campañas políticas por el 'No' a la revocatoria y la reelección municipal.

Dicho dinero se habría concretado en entregas en efectivo, las mismas que fueron ingresadas falsamente a las campañas a través de terceros y que fue irregularmente declarada ante el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el propósito de evitar la identificación del origen ilícito de los fondos recibidos.

“Por lo tanto, podemos concluir que Susana Villarán tenía el dominio del hecho, al haber realizado acciones tendientes a que el dinero producto del acto de corrupción sea ingresado al circuito económico legal mediante el pago de su campaña política de reelección”, concluye el fiscal Puma.