¿Cuánto demora el Congreso en aprobar los proyectos del Ejecutivo?

La Comisión de Constitución aprobó un cronograma que extiende hasta el mes de julio el debate de los 12 proyectos sobre la reforma política que el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso. Pero, si tomamos en cuenta la evolución del promedio de tiempo que ese grupo parlamentario se toma para analizar las iniciativas del gobierno, el debate quizá pueda extenderse hasta fines de este año.

En agosto del 2018, a raíz de las críticas por la demora en el análisis de los proyectos de reforma que iban al referéndum, este Diario sistematizó el tiempo que le tomaba al Congreso emitir las autógrafas de ley. El resultado fue que el Parlamento, en promedio, demoraba 92 días en aprobar un proyecto del Ejecutivo (no se contaron las leyes sobre los viajes presidenciales, el ingreso de tropas militares ni la designación de altos funcionarios).

Nueve meses después, una actualización de dicha sistematización revela que el Congreso ahora demora 23 días más en promedio. Es decir, 115 días en total. Algunas iniciativas del Ejecutivo cuentan con un respaldo constitucional (artículo 105) para ser priorizadas en el Legislativo, pero esto se sigue incumpliendo.

En el desagregado de los proyectos del gobierno enviados con carácter urgente [ver infografía], el Congreso ahora demora 27 días más que hasta agosto pasado (104 días). Lo mismo sucede con los proyectos que no tienen carácter de urgencia (136 días).

—Prioridad forzada—
Hay dos razones por las que ha aumentado el tiempo que el Congreso se toma para tramitar los proyectos del Ejecutivo: algunas iniciativas aprobadas son de la era de Pedro Pablo Kuczynski y el paquete de reforma del sistema de justicia de Martín Vizcarra se discutió a paso lento.

Un caso que grafica el primer punto es la ley que creó la Autoridad de Transporte Urbano. Esta iniciativa fue presentada por PPK en su mensaje presidencial del 28 de julio del 2017 y recién fue aprobada en diciembre del 2018, más de 500 días después.

Sobre el segundo motivo, de los ocho proyectos presentados en el paquete de reforma de justicia en agosto del 2018, seis recién fueron aprobados este año y otro fue rechazado este mes. El único que se aprobó en el 2018 fue el que creó la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El primer paquete de reforma política, también presentado en agosto del 2018, fue aprobado antes de que se cerrara el año debido a la premura del referéndum de diciembre. El presidente Vizcarra presentó una cuestión de confianza para acelerar los plazos y comprometer al Congreso a llegar en el tiempo justo. Pero solo lo hizo por el proyecto de la Junta Nacional de Justicia y los otros tres que fueron al referéndum. El resto, que incluía las iniciativas del sistema de justicia, quedó a criterio de Rosa Bartra (congresista por La Libertad de Fuerza Popular), titular de la Comisión de Constitución.

Alejandro Rospigliosi, especialista en temas parlamentarios, señaló como factor clave de las demoras la falta de apoyo y poca coordinación que el gobierno tiene en el Congreso. “Existe una orfandad del Ejecutivo, que no tiene una bancada que gestione sus proyectos con carácter de urgencia. Los indicadores que ustedes muestran son el reflejo de no tener una bancada sólida que haga gestión parlamentaria”, dijo.

De los más de 200 proyectos de ley que el Ejecutivo ha presentado desde agosto del 2016 (sin contar los viajes presidenciales, el ingreso de tropas o las designaciones de funcionarios), el Congreso mantiene una carga de pendientes que asciende al 48%, mayor que los aprobados (47%).

Rospigliosi recordó que, en anteriores períodos, el gobierno siempre trabajó de la mano con la bancada oficialista aun no teniendo la mayoría. “Para el balance de poderes, los presidentes siempre han buscado alianzas parlamentarias para tener una mayoría en aras de la gobernabilidad. O bien presidías las comisiones importantes o tenías integrantes que levantaran la mano o enviaran oficios exigiendo priorización de las iniciativas del gobierno”, aseveró.

A modo de ejemplo, el especialista parlamentario señaló que en la última sesión de la Comisión de Constitución, en la que se debatió el proyecto del Ejecutivo sobre la inmunidad parlamentaria, solo participaron dos miembros de Peruanos por el Kambio. “Se trata de dos factores: tener una bancada que gestione y haga eco de los proyectos del ejecutivo, y que se mantenga una mayoría en aras de la gobernabilidad”, dijo.

—Los riesgos de la premura—
Para Alejandra Aramayo (legisladora por Arequipa de Fuerza Popular), se puede realizar una propuesta de reforma en plazos cortos y con buen nivel de eficiencia. Sin embargo, advirtió que a veces el apuro, producto de la presión política, también puede traer resultados adversos.

Sobre esto último, Aramayo puso como ejemplo la JNJ, cuyo primer filtro ha sido cuestionado. “Hoy nos damos cuenta de que más importante es la probidad que un conocimiento que los acerque a ser iluminados”, refirió.

Aramayo cuestionó a quienes señalan una falta de voluntad de Bartra para tramitar los proyectos del Ejecutivo. Sin embargo, planteó que se cambie el enfoque del plan de trabajo del grupo. “De los 12 proyectos, cinco tienen consenso porque existen iniciativas similares de congresistas, incluido uno mío sobre ampliar el mandato de autoridades subnacionales. Entonces, no empecemos con los polémicos para mandarlos al archivo. Se debe hacer un plan de trabajo que destaque el consenso”, comentó.

Adelantó que presentará un proyecto sobre la inmunidad para que la de arresto se efectúe en un plazo no mayor de 48 horas luego de tener una condena en segunda instancia. “No hay que tener temor en poder ceder algunas concesiones que no signifique romper los espacios de la defensa del Congreso”, manifestó.