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En sesión reservada, la Comisión de Defensa del Congreso aprobó el informe final que imputa responsabilidades a dos altos mandos policiales y a tres funcionarios del Ministerio del Interior por las supuestas ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes, tanto en Lima como en el interior del país, entre los años 2012 y 2015.
El informe final, elaborado por el equipo técnico de la titular de la comisión, Luciana León, recomienda abrir investigación penal y administrativa al general PNP Vicente Marcelo Álvarez Moreno (en retiro) y al comandante PNP Raúl Enrique Prado Ravines.
El informe de la comisión atribuye a ambos los delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales. A Prado Ravines se le suma el delito de supresión de documentos.
También se acusa a Henry Ávila Herrera, Juan Falconí Gálvez y Liliana Celinda Muguerza Guadalupe de dilatar las indagaciones sobre las ejecuciones, en su condición de miembros de la Sala de Primera Instancia del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior.
—Brigada Lobo—
Según señala el informe, “existirían incongruencias entre lo que publicaron en sus planes de operaciones con lo que en realidad habría ocurrido en cada operación”.
También se indica que existen indicios de una relación entre la agrupación irregular de la PNP con el grupo conocido como Brigada Lobo que operaba en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y que habría sido dirigido en el gobierno pasado por el viceministro Iván Vega.
“Se tiene como referencia el Oficio N° 1007-2013-Dircote-PNP, mediante el cual Álvarez buscó constituir un equipo policial, a fin de realizar trabajos contra el narcoterrorismo en el Vraem (integrado, entre otros, por Prado Ravines).
Sin embargo, ninguno de ellos trabajó en la zona”, dice el informe. También se pide indagar cuatro operaciones en las que los agentes justificaron gastos solo con declaraciones juradas, pues uno de los móviles para las ejecuciones “sería de índole económico”.
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