Félix Moreno: este jueves dictan sentencia por Caso Fundo Oquendo

El Primer Juzgado Penal Unipersonal del Callao, a cargo del juez Gino Delzo Livias, dictará este jueves sentencia en el juicio oral seguido contra el ex gobernador regional del Callao Félix Moreno y otros siete imputados por el denominado Caso Fundo Oquendo.

El juicio oral se inició en mayo del 2018 por el presunto delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por la venta subvaluada de un terreno del Estado de 70 mil metros cuadrados, ubicado en el fundo Oquendo.

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Esa situación irregular se produjo en mayo del 2011, cuando Félix Moreno ya era gobernador regional del Callao, y generó, según la fiscalía, un perjuicio al Estado de S/10 millones. Por ello, el Ministerio Público solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de cárcel para todos los implicados.

Moreno sostuvo el pasado martes, en su alegato final, ser inocente: "Se me acusa de haber autorizado la venta del terreno, pero yo solo he hecho lo que dice el reglamento. Esto se ha satanizado, se me ha hecho aparecer como el jefe de una banda. ¿Cuál ha sido mi crimen? Firmar, pero esa es mi función. Hay traficantes de terrenos que me han denunciado y me están desgraciando la vida", dijo.

Los coprocesados de Moreno son Miguel Ángel Asencios Vega, Marco Antonio Palomino Peña, Eber Ramírez Sánchez, José Julián García Santillán, José Luis Casado Pinedo, Oscar Peña Macher y Oscar Peña Aparicio.

El 19 de mayo de 2011 se subastó un terreno en el Fundo Oquendo de 70 mil metros cuadrados, el cual tenía como fin la construcción de un Centro de Acopio y Mercado Mayorista, a un precio subvaluado. Según la fiscalía se ocasionó un perjuicio económico al Estado de S/10'361.558.

La empresa que se adjudicó el terreno fue la Inmobiliaria Estefanía SAC, de Óscar Peña Aparicio y Óscar Peña Macher, quienes tiempo después firmaron la minuta de compra-venta con el Gobierno Regional. En la subasta se detectaron irregularidades que provocaron las indagaciones de la fiscalía.

En este caso, la procuraduría ha solicitado el pago de una reparación civil solidaria de S/30 millones.