Fiscal presenta 25 evidencias contra Edwin Oviedo

Edwin Oviedo se encontraba a cuatro cuadras de su domicilio en San Borja, cuando fue intervenido por un contingente de la policía, liderado por la fiscal contra el crimen organizado del Callao Rocío Sánchez. Eran las 7:45 de la mañana y estaba rumbo a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), entidad que preside. “Queda usted detenido”, le comunicó la representante del Ministerio Público.

Oviedo no opuso resistencia y regresó a su domicilio en la calle Holbein 194. La policía inició el allanamiento con fines de búsqueda e incautación. Documentos, una laptop y sus celulares fueron lacrados mientras la fiscal informaba a Oviedo sobre su condición legal en el comedor de su inmueble.

Según la fiscal Sánchez, al formar parte de la organización criminal, Oviedo usó su cargo en la FPF para lograr “la expansión de la red de corrupción y mantener hegemonía e impunidad”.

Fueron nueve horas las que duró la operación –denominada Oso– en casa de Oviedo. El empresario deberá permanecer bajo detención preliminar por diez días a fin de afrontar la investigación por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo específico, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

Como parte de la operación se allanaron también otros inmuebles y las oficinas administrativas de la sede de la FPF ubicadas en la Videna (San Luis). La fiscal Sandra Castro, integrante del equipo contra la criminalidad organizada del Callao, encabezó esta diligencia.

Las investigaciones a Oviedo se iniciaron en octubre pasado, tras descubrirse la existencia de esta presunta organización.

El colegiado A de la Sala de Apelaciones Anticorrupción fue el que ordenó la detención del dirigente deportivo y de cuatro personas. El Tercer Juzgado Anticorrupción había negado el pedido de la fiscalía el pasado 29 de noviembre.

Según las diligencias preliminares realizadas por Sánchez y Castro, existen fuertes indicios para suponer peligro de fuga y de obstaculización de las investigaciones por parte de Oviedo.

Dentro de la presunta organización Los Cuellos Blancos del Puerto, las fiscales ubican al dirigente deportivo en la tercera red o red externa. Esta la formarían abogados y empresarios cuya labor era buscar la manera de solventar económicamente a la primera red (altos funcionarios) y a la segunda red (personal administrativo y jurisdiccional de la Corte de Justicia del Callao, antes presidida por Walter Ríos). Todo ello a cambio de presuntos favores.

—Pagos y favores—
Las fiscales presentaron más de 25 elementos de convicción que acreditarían la vinculación de Oviedo con los principales cabecillas de la presunta red criminal, entre ellos el ex juez supremo César Hinostroza.

Las fiscales sostienen que Oviedo recurrió a Hinostroza a fin de librarse de la investigación que se le sigue por presunto homicidio en el caso de los Wachiturros de Tumán. La primera intervención de Hinostroza a su favor habría sido en la casación 326-2016 expedida por la Sala Penal Permanente, integrada por el ex juez. La otra fue el asesoramiento legal para elaborar un recurso de amparo presentado en el mismo proceso judicial de Tumán (Lambayeque).

A cambio de ello, de acuerdo con la fiscalía, Oviedo no solo habría ofrecido entradas para el Mundial de Fútbol Rusia 2018 como parte de un pago sino también entregas de dinero que en total sumaron US$18 mil.

La fiscalía dividió estos pagos en 24 entradas valorizadas en US$13 mil, un préstamo de S/5 mil y pagos de S/3.300 mensuales.
También se presentaron las declaraciones de dos colaboradores eficaces (Nro 108-2018-2 y Nro. 409-2018), quienes aseguran que participaron en los actos de coordinación entre Oviedo y el ex magistrado.

Las llamadas telefónicas interceptadas fueron anexadas como elementos de convicción.

La fiscalía también le imputa a Oviedo haber usado sus influencias con congresistas de Fuerza Popular, “a quienes habría facilitado entradas a cambio de protección política”.

En el aeropuerto de Chiclayo fue detenido el abogado de Oviedo, Carlos Isla, y en Lima, el juez Roly Capcha. En tanto, el empresario Javier Prieto se entregó a las autoridades.

—Siguientes pasos—
El coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, informó que después de la detención preliminar, la fiscal solicitará la prisión preventiva por 36 meses.

Entre las diligencias por realizar figuran el levantamiento de las comunicaciones, el deslacrado de lo incautado y el interrogatorio a Oviedo.