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La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, analiza si procede o no una denuncia constitucional contra el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, a quien se detectó “indicios relevantes” para atribuirle los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo y otros, por su supuesta pertenencia a Los Cuellos Blancos del Puerto.
Esto, luego que el fiscal supremo Pablo Sánchez, presentó el informe de su investigación contra Gálvez Villegas; en el que también se incluye al exjuez supremo César Hinostroza y a los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez.
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Al ostentar un cargo de alto funcionario, como es el es caso del fiscal supremo Tomás Gálvez, y haberlo desempeñado anteriormente, como Hinostroza, Velásquez y Gutiérrez, es la Fiscalía de la Nación quien debe tomar la decisión de solicitar que se levante su inmunidad para que sean procesados judicialmente.
Debe proceder
Especialistas en derecho penal, como el exfiscal Víctor Cubas Villanueva y el abogado, Andy Carrión, consideraron que hay elementos para que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, proceda con la denuncia constitucional ante el Congreso.
“Como el informe está haciendo referencia de que hay indicios razonables de la comisión de diferentes delitos, la mayor probabilidad es que la Fiscalía de la Nación presente la denuncia contra los implicados, en este un fiscal supremo y otros altos funcionarios. Debería proceder”, sostuvo Cubas Villanueva.
Con ello, explicó, quedaría en manos de la Congreso analizar la denuncia constitucional, pues deberá ser revisada por la Comisión Permanente del Parlamento, que puede archivar el caso o también decidir acusar constitucionalmente para que sea el Pleno del Parlamento, el que defina la situación.
“Si el pleno del Congreso autoriza el procesamiento, esa resolución regresa al Ministerio Público y se formaliza la investigación preparatoria, ya con la intervención del juez”, dijo.
Cubas también señaló que está dentro de las probabilidades, que si el Congreso autoriza el procesamiento contra Tomás Gálvez, “pueda decidir inhabilitarlo para el ejercicio de sus funciones, con lo que el fiscal dejaría de desempeñar el cargo, como ocurrió con el caso de (César) Hinostroza”.
El abogado Andy Carrión, consideró que la denuncia constitucional puede proceder, ya que existen diversos elementos contra Gálvez Villegas, por presuntos delitos de corrupción. No obstante, mostró reparos en cuento al delito de organización criminal.
“Primero tiene que hacer el análisis de cada uno de los delitos. Había un problema en cuando a la organización criminal, pero creo que hay elementos para los demás delitos. Esto, porque serían delitos que habría cometido ocasionalmente, pero no está claro la existencia de una estructura jerarquizada”, anotó.
Carrión sostuvo que se podría considerar como válido la teoría de una “organización criminal con puntos nodales”, es decir con una estructura horizontal y no una vertical.
“Tiene un poco de razón, pero la jurisprudencia y la propia ley lo entiende como una estructura con una cabeza. La Corte Suprema tiene jurisprudencia sobre ello, y es clara al decir que tiene un líder y compartimentos claros con funciones establecidas", sostuvo.
Carrión remarcó que es posible que, el informe del fiscal supremo Pablo Sánchez o la denuncia constitucional que pudiese presentar la Fiscalía de la Nación, sea derivada ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“En la junta pueden tomar en cuenta el informe cuando les toque evaluar de manera concisa el caso del fiscal Tomás Gávlvez, puede pedir que le remitan copias de dicho informe; si para entonces aun no se ha pronunciado la Fiscalía de la Nación, pero para la Junta no es determinante la investigación penal. Esto,, porque la Junta también evalúa otros aspectos como conducta ética; por ejemplo, el no representar éticamente el rol de magistrados”, agregó.