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Fiscalía acusa de lavado de activos a Alejandro Toledo y Eliane Karp

El ex mandatario dijo a El Comercio que no se pronunciará sobre el tema. Su defensa legal afirma que aún no han sido notificados sobre la decisión fiscal

Alejandro Toledo

Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp se encuentran prófugos de la justicia en Estados Unidos. (Foto: Alonso Chero/ Archivo El Comercio)

El coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, solicitó ayer 16 años y 8 meses de cárcel para el ex presidente Alejandro Toledo Manrique y su esposa, Eliane Karp, por el presunto delito de lavado de activos agravado, en la modalidad de conversión y transferencia, por el Caso Ecoteva.

La acusación se formalizó ayer ante la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres e incluye el pedido para proceder con el requerimiento de extradición activa de Toledo y su esposa, quienes se encuentran en Estados Unidos.

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El documento, al que accedió El Comercio, contempla “condiciones agravantes” contra Toledo y Karp, basándose en el artículo 4,3 del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.

Es decir, la fiscalía consideró que “el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados [lavados]” supera las 500 unidades impositivas tributarias (S/2,1 millones).

La acusación fiscal alcanza además a Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp (10 años de cárcel); David Esquenazi Becerra (13 años y 4 meses de cárcel), ex apoderado legal de Fernenbug; así como a Avraham ‘Avi’ Dan On (16 años y 8 meses de cárcel), ex jefe de seguridad de Toledo; y a su hijo Shai Dan On (13 años y 4 meses de cárcel). Se ha solicitado también que cada uno de ellos pague una reparación civil de S/6’370.000.

La investigación y el proceso judicial en primera instancia duraron seis años desde que el hecho fue denunciado. El caso ha sido tratado como la consecución de la investigación que se sigue a Toledo y otros por el Caso Odebrecht.

Por estos mismos hechos es investigado el empresario peruano-israelí Josef Maiman Rapaport. Sin embargo, este se ha sometido a un proceso de colaboración eficaz, por lo que no está incluido en la acusación.

Según esta, las declaraciones de Maiman han sido corroboradas con la documentación bancaria que entregó, documentos del Caso Castillo de Arena, referido a Camargo Correa, y la declaración del ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata.

—Apreciación fiscal—
En su acusación, la fiscalía detalló 28 conclusiones que determinarían la responsabilidad penal de Toledo.

Entre ellas, la fiscalía indica que “se determinó” que Toledo favoreció a la empresa Odebrecht con la emisión de decretos legislativos para que pudiera obtener la licitación de la ejecución de la carretera Interoceánica (tramos 2 y 3) y que a cambio recibió US$20 millones en coimas.

De ese dinero, en total US$17’527.000 se enviaron a través de Confiado International Corp-Panamá –cuya cuenta fue abierta por Josef Maiman en el LGT Bank de Suiza– a las empresas ‘offshores’ Ecoteva Consulting Group, Milan Ecotech y Ecostate Consulting Group, con sede en Costa Rica.

De Ecoteva se enviaron al Perú US$9’052.650, con los que se compraron, a través de Eva Fernenbug, quien tiene ciudadanía belga, dos inmuebles en Surco, un depósito y tres estacionamientos. Además, se pagaron las hipotecas de las viviendas de Camacho (La Molina) y Punta Sal (Tumbes). “Se ha acreditado que el encausado Alejandro Toledo, conjuntamente con su coimputada Eliane Karp (cónyuges en el régimen de gananciales) son los beneficiarios reales”, indica la fiscalía.

El Comercio se comunicó vía telefónica con el ex presidente Toledo. Sin embargo, dijo que no daría declaraciones y que sus abogados se estaban encargando del tema.

Roberto Su, abogado del ex mandatario, dijo a este Diario que aún no habían sido notificados.

“Nosotros esperamos que se nos notifique, el primer trabajo es de la sala que tiene que evaluar”, indicó.

Informó que hace dos semanas presentó una recusación contra los integrantes de la Cuarta Sala Superior –que analizará la acusación– por dudas sobre su imparcialidad. Por ello, agregó, primero debe resolverse ese incidente.

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